Daniel Erbetta, abogado defensor de tres de los dirigentes de Central sobre cuyos bienes dictó la inhibición el juez Jorge Juárez, adelantó que impugnará ante la Cámara de Apelaciones la decisión del magistrado, que para él responde a la “mediatización” de la causa más que al sustento jurídico con el que cuenta.
En ese sentido, recordó que sus defenidos –los dirigentes suspendidos Gonzalo Estévez, Juan Dalbes y Mauricio Salvo– “ni siquiera han sido citados a declarar” y que el hecho que se investiga nunca llegó a consumarse, por lo cual apenas podría adquirir el grado de “tentativa” y no se concretó el perjuicio económico que podría justificar la inhibición.
Para Erbetta, la decisión de Juárez es directamente “insólita” y en ese sentido marcó las diferencias con otro caso resonante que se tramita en los Tribunales locales, el de Ossola, en el que se investiga un desfalco de “90 millones de pesos”.
Es que, sostiene el abogado, en el caso en el que son acusados sus defenidos “la hipótesis que se puede investigar” es la de un acuerdo firmado por estos directivos con un acreedor reconocido por el club “que nunca tuvo comienzo en ejecución”.
En concreto, se trata de un convenio con el abogado Wilfredo Scarpello –también afectado por la inhibición de bienes– que de acuerdo a las sospechas que maneja la Justicia habría tenido como intención “inflar” la deuda del club con él.
Pero Erbetta explicó que la firma de ese convenio, en caso de que finalmente se dictamine que fue irregular –algo que aún hay que comprobar– “no implicó perjuicio económico concreto” simplemente porque ese acuerdo “no se ejecutó: el pagaré no se cobró, los derechos televisivos tampoco.”
“Si la hipótesis es de una tentativa, no hay perjuicio, no entiendo qué es lo que quiere cautelar el juez. Hay que darle derecho a la gente no sólo de ser escuchada sino además de ofrecer bienes de embargo antes de la inhibición”, insistió.
Y volvió a criticar la mediatización del caso: “Voy a tratar de estudiar periodismo para defender mejor a mis defendidos, porque nos enteramos de las resoluciones a través de la prensa”. En ese sentido, reclamó “prudencia” al Poder Judicial y deslizó la posibilidad de iniciar una acción contra el Estado para obtener un resarcimiento para sus defnidos si se comprueba que la imputación no tiene sustento.
En ese sentido, recordó que sus defenidos –los dirigentes suspendidos Gonzalo Estévez, Juan Dalbes y Mauricio Salvo– “ni siquiera han sido citados a declarar” y que el hecho que se investiga nunca llegó a consumarse, por lo cual apenas podría adquirir el grado de “tentativa” y no se concretó el perjuicio económico que podría justificar la inhibición.
Para Erbetta, la decisión de Juárez es directamente “insólita” y en ese sentido marcó las diferencias con otro caso resonante que se tramita en los Tribunales locales, el de Ossola, en el que se investiga un desfalco de “90 millones de pesos”.
Es que, sostiene el abogado, en el caso en el que son acusados sus defenidos “la hipótesis que se puede investigar” es la de un acuerdo firmado por estos directivos con un acreedor reconocido por el club “que nunca tuvo comienzo en ejecución”.
En concreto, se trata de un convenio con el abogado Wilfredo Scarpello –también afectado por la inhibición de bienes– que de acuerdo a las sospechas que maneja la Justicia habría tenido como intención “inflar” la deuda del club con él.
Pero Erbetta explicó que la firma de ese convenio, en caso de que finalmente se dictamine que fue irregular –algo que aún hay que comprobar– “no implicó perjuicio económico concreto” simplemente porque ese acuerdo “no se ejecutó: el pagaré no se cobró, los derechos televisivos tampoco.”
“Si la hipótesis es de una tentativa, no hay perjuicio, no entiendo qué es lo que quiere cautelar el juez. Hay que darle derecho a la gente no sólo de ser escuchada sino además de ofrecer bienes de embargo antes de la inhibición”, insistió.
Y volvió a criticar la mediatización del caso: “Voy a tratar de estudiar periodismo para defender mejor a mis defendidos, porque nos enteramos de las resoluciones a través de la prensa”. En ese sentido, reclamó “prudencia” al Poder Judicial y deslizó la posibilidad de iniciar una acción contra el Estado para obtener un resarcimiento para sus defnidos si se comprueba que la imputación no tiene sustento.
