Continúa la polémica en torno a la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial, con una noticia que sorprendió al entorno del gobierno nacional: el titular de la Cámara de Casación Penal, Alfredo Bisordi, pidió una licencia de 30 días por enfermedad, según informaron fuentes judiciales.

Bisordi es uno de los cuatro camaristas de ese fuero denunciado ante el Consejo de la Magistratura por supuesta demora en el trámite de causas contra ex militares procesados por delitos de lesa humanidad.

Esta semana, el ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández, lo instó a alejarse del cargo, argumentando una supuesta simpatía por parte del magistrado hacia los funcionarios de la última dictadura militar.

Si bien desde el ámbito judicial se interpretaron como un avance del poder político sobre la Justicia las declaraciones públicas del presidente Néstor Kirchner, en las cuales adjudicó la responsabilidad por el atraso de las causas relacionadas con la represión al juez Bisordi, es por todos conocida la falta de apoyo del magistrado a la persona del ex fiscal Julio César Strasera, durante el juicio a la Junta Militar, a comienzos del gobierno democrático de Raúl Alfonsín.