El director regional de Afip, Carlos Vaudagna, sostuvo que luego de los operativos de este miércoles, que desbarataron una asociación ilícita en Rosario, el ente recaudador intentará recuperar los más de 2.500 millones de pesos evadidos con las maniobras de facturas truchas. El funcionario dijo que hay empresas que compraron comprobantes apócrifos a las que les cabe la ley penal tributaria y otras que serán intimadas a abonar los impuestos correspondientes más los intereses y multas respectivos.

En una conferencia de prensa realizada por la tarde, luego de los allanamientos simultáneos realizados más temprano, Vaudagna informó que la banda que vendía facturas truchas involucra a al menos 72 personas, de las cuales cinco –serían los cabecillas– quedaron detenidas. Añadió que el juez definirá si son necesarios nuevos procedimientos en la causa.

Detalló que las facturas apócrifas fueron adquiridas por más de 6.500 empresas de diferentes rubros de todo el país, con fines evasivos.

“Vamos a trabajar de aquí en más para recaudar los impuestos que dejaron de pagar estas empresas”, dijo el titular de Afip Rosario y añadió que las firmas son más de 6.500 en todo el país y “más de 2.200 en zona de Rosario”.

“Teníamos determinado que a más de 110 les corresponde la ley penal tributaria porque superan la condición objetiva de punibilidad pero luego de los allanamientos, el número podría ser mayor”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de recuperar los 2.500 millones de pesos que se evadieron, el funcionario respondió que se reclamará a las empresas que “tributen lo que corresponden con los intereses y las multas respectivos”.

Los operativos

Fuerzas federales y agentes de la Afip realizaron este miércoles operativos en Rosario, por una asociación ilícita que vendía facturas truchas y habría movido hasta 2.500 millones de pesos de forma irregular. La causa involucra a más de 70 sospechosos; hubo cinco detenidos y se dictaron 20 prohibiciones para salir del país.

Fueron 35 los domicilios allanados en la ciudad. Algunos de ellos en pleno microcentro, como los situados en Córdoba al 600, 9 de Julio al 900 y Mendoza al 500. Todos por defraudación al Estado nacional.

La banda desbaratada estaba constituida por varias personas entre las que hay escribanos, contadores, especialistas informáticos, administrativos y vendedores. Todos son rosarinos y están acusados del delito de asociación ilícita, con operaciones en todo el país.

Además, se constató que las personas que figuran como directores y socios de las firmas en cuestión son insolventes y en algunos casos identificaron a los organizadores de la maniobra.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N° 3, a cargo del doctor Carlos Vera Barros, que llevaba adelante “una investigación de varios meses”, según se informó.

Se cree que los cinco detenidos eran los cabecillas de la banda. Y hay otras 20 personas que tienen restringida la salida del país. Además, se libraron inhibiciones generales de bienes a todas ellas.

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