El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) resolvió no aceptar los 3,3 millones de pesos procedentes de la distribución de utilidades de la firma Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. El proyecto avalado solicita a las autoridades la revisión de los contratos mineros y la aplicación de las sanciones correspondientes, al tiempo que manifiesta su apoyo a las comunidades afectadas por la minería en sus reclamos reivindicatorios.
La institución universitaria conformará equipos técnicos interdisciplinarios que sistematicen la información existente sobre la minería a cielo abierto y analicen su marco jurídico para elaborar propuestas de modificación. También se prevé realizar foros, cursos y seminarios para concientizar sobre la problemática.
La UNC formalizó el rechazo a través de su Consejo Superior, que tras dos horas de exposición de sus miembros y en una sala colmada de representantes de diferentes organizaciones ambientalistas, y aprobó por unanimidad el proyecto en general. De esta forma, declinó recibir los 3,3 millones de pesos que le corresponden a partir del esquema de distribución de utilidades de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
La resolución surge luego de seis meses de análisis y estudio. Durante ese período el Consejo Superior recibió a representantes de las asambleas de las comunidades afectadas y evaluó los siete informes técnicos que confeccionó el Instituto Superior de Estudios Ambientales del UNC sobre los efectos de la Minera Alumbrera. Durante la sesión, los consiliarios coincidieron en subrayar el proceso de construcción de consenso que derivó en la propuesta aprobada, como así también la honestidad intelectual de los participantes y el ejercicio de respeto por las diferencias y los puntos de vista disímiles que se fueron presentando en torno a la temática.
A partir del proyecto aprobado, la UNC solicitará a las autoridades pertinentes la inmediata revisión de los contratos mineros y la aplicación de las sanciones correspondientes ante el incumplimiento de los compromisos establecidos y la legislación vigente.
Conjuntamente con el rechazo, el proyecto prevé la conformación de equipos técnicos interdisciplinarios que deberán sistematizar la documentación sobre la minería a cielo abierto en Argentina, y en particular sobre la Minera Alumbrera, a fin de recuperar ese conocimiento para la elaboración de un estudio y la generación de propuestas de carácter científico sobre la temática.
En la misma línea, propone la constitución de un equipo legal y técnico con especialistas de la UNC que deberán proponer los aspectos centrales que debería contener el marco jurídico minero y el control sobre el impacto de la actividad en el medio ambiente y en las poblaciones. La idea es que a partir de ese trabajo se puedan impulsar acciones ante los poderes legislativos nacionales, provinciales y municipales para elevar las propuestas de modificación de las leyes vigentes.
En materia de promoción, la Casa de Trejo encomendó a la Prosecretaría de Comunicación Institucional la difusión de las iniciativas que lleven adelante las unidades académicas sobre la minería a cielo abierto y su impacto económico, social, cultural y ambiental. El objetivo es impulsar el debate y promover el conocimiento sobre la problemática. En esta línea, las secretarías de Extensión y Ciencia y Tecnología deberán organizar instancias de análisis, discusión y estudio, como foros, cursos y seminarios.
Por otra parte, el proyecto también prevé convocar a miembros de otras universidades nacionales, organismos estatales e instituciones con el objetivo de realizar gestiones conjuntas ante las dependencias del Estado para revisar la situación de la minería en Argentina.
Durante el debate, en el recinto quedó claro que todos los consiliarios reconocían y repudiaban el impacto negativo de esta actividad económica, una postura que fue ratificada en la aprobación unánime del proyecto en general. En sus considerandos, el texto sostiene que se ha verificado empíricamente –así lo indica la amplia mayoría de los informes que recogió el cuerpo–, que la “actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica la utilización de procedimientos químicos para la extracción de metales, daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades”.
Fuente: Universidad Nacional de Córdoba
La institución universitaria conformará equipos técnicos interdisciplinarios que sistematicen la información existente sobre la minería a cielo abierto y analicen su marco jurídico para elaborar propuestas de modificación. También se prevé realizar foros, cursos y seminarios para concientizar sobre la problemática.
La UNC formalizó el rechazo a través de su Consejo Superior, que tras dos horas de exposición de sus miembros y en una sala colmada de representantes de diferentes organizaciones ambientalistas, y aprobó por unanimidad el proyecto en general. De esta forma, declinó recibir los 3,3 millones de pesos que le corresponden a partir del esquema de distribución de utilidades de la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
La resolución surge luego de seis meses de análisis y estudio. Durante ese período el Consejo Superior recibió a representantes de las asambleas de las comunidades afectadas y evaluó los siete informes técnicos que confeccionó el Instituto Superior de Estudios Ambientales del UNC sobre los efectos de la Minera Alumbrera. Durante la sesión, los consiliarios coincidieron en subrayar el proceso de construcción de consenso que derivó en la propuesta aprobada, como así también la honestidad intelectual de los participantes y el ejercicio de respeto por las diferencias y los puntos de vista disímiles que se fueron presentando en torno a la temática.
A partir del proyecto aprobado, la UNC solicitará a las autoridades pertinentes la inmediata revisión de los contratos mineros y la aplicación de las sanciones correspondientes ante el incumplimiento de los compromisos establecidos y la legislación vigente.
Conjuntamente con el rechazo, el proyecto prevé la conformación de equipos técnicos interdisciplinarios que deberán sistematizar la documentación sobre la minería a cielo abierto en Argentina, y en particular sobre la Minera Alumbrera, a fin de recuperar ese conocimiento para la elaboración de un estudio y la generación de propuestas de carácter científico sobre la temática.
En la misma línea, propone la constitución de un equipo legal y técnico con especialistas de la UNC que deberán proponer los aspectos centrales que debería contener el marco jurídico minero y el control sobre el impacto de la actividad en el medio ambiente y en las poblaciones. La idea es que a partir de ese trabajo se puedan impulsar acciones ante los poderes legislativos nacionales, provinciales y municipales para elevar las propuestas de modificación de las leyes vigentes.
En materia de promoción, la Casa de Trejo encomendó a la Prosecretaría de Comunicación Institucional la difusión de las iniciativas que lleven adelante las unidades académicas sobre la minería a cielo abierto y su impacto económico, social, cultural y ambiental. El objetivo es impulsar el debate y promover el conocimiento sobre la problemática. En esta línea, las secretarías de Extensión y Ciencia y Tecnología deberán organizar instancias de análisis, discusión y estudio, como foros, cursos y seminarios.
Por otra parte, el proyecto también prevé convocar a miembros de otras universidades nacionales, organismos estatales e instituciones con el objetivo de realizar gestiones conjuntas ante las dependencias del Estado para revisar la situación de la minería en Argentina.
Durante el debate, en el recinto quedó claro que todos los consiliarios reconocían y repudiaban el impacto negativo de esta actividad económica, una postura que fue ratificada en la aprobación unánime del proyecto en general. En sus considerandos, el texto sostiene que se ha verificado empíricamente –así lo indica la amplia mayoría de los informes que recogió el cuerpo–, que la “actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e implica la utilización de procedimientos químicos para la extracción de metales, daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus comunidades”.
Fuente: Universidad Nacional de Córdoba
