En todo el país podría prohibirse encender un cigarrillo en lugares cerrados, tanto públicos como privados. Es que el proyecto de ley antitabaco que el gobierno nacional envió hace dos años al Congreso, y que perdió estado parlamentario, fue reingresado esta semana a la Cámara de Senadores y podría obtener media sanción dentro de quince días en virtud de la importancia que las autoridades nacionales pretenden otorgarle al tema.

La iniciativa ingresó al Congreso en agosto de 2005 como un proyecto más ambicioso, con capítulos referentes a la paulatina reducción de los cultivos y a cuestiones impositivas.

Senadores de las provincias tabacaleras se opusieron abiertamente al tema que giró por seis comisiones, en una maniobra utilizada para que los proyectos tarden en ser llevados al recinto, y recién a fines del año pasado un expediente que contenía sólo capítulos referentes al cuidado de la salud obtuvo dictamen casi unánime.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anticipó el viernes su seguridad de que el proyecto iba a ser discutido en el Senado el 25 de abril, para que sea remitido inmediatamente a la Cámara de Diputados y sea convertido en ley antes de la mitad del año.

"El proyecto ya tiene estado parlamentario y va a ser tratado la semana que viene en las comisiones respectivas, y me dijeron que el día 25 de abril va a ser tratado en recinto", sostuvo González García.

El titular de la cartera sanitaria señaló que la aprobación del proyecto, que lleva dos años en el Parlamento, pudo sufrir presiones desde "intereses tabacaleros".

En el Senado, tanto desde la oposición como desde el oficialismo respaldaron la medida, aunque hicieron algunos planteos vinculados con una reformulación para el Fondo Nacional del Tabaco que resulta fundamental para mantener económicamente ese tipo de cultivos en el norte argentino.

El senador radical Gerardo Morales opinó que el proyecto "puede salir, ya que se eliminaron cuestiones vinculadas con el precio de los atados y con la restricción a la producción", y remarcó que en general su bancada "está de acuerdo" aunque reclamó que "se establezca alguna pauta de incremento del fondo".

A su turno, el justicialista Marcelo López Arias también mencionó su acuerdo, aunque planteó la modificación de un artículo sobre promoción de las tabacaleras que en su provincia desarrollan "muchas acciones sociales como la lucha contra el trabajo infantil".

Hasta el viernes, el proyecto no había sido girado a ninguna comisión, aunque se descartaba que se enviaran copias a las mismas seis comisiones que lo tuvieron durante dos años: Salud y Deporte; Agricultura, Ganadería y Pesca; Industria y Comercio; Economías Regionales; Sistemas y Medios de Comunicación; y Presupuesto y Hacienda.

El nuevo proyecto que en realidad es el mismo que había perdido estado parlamentario, fue presentado el miércoles a última hora con las firmas de la titular de la Comisión de Salud, la justicialista cordobesa Haidé Giri; del jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto; y de otros 19 senadores.

El expediente regula la comercialización de productos elaborados con tabaco; controla los efectos nocivos en la salud humana y la exposición de las personas al humo del tabaco y prohíbe la "publicidad y promoción" del cigarrillo y de productos afines.

El proyecto también establece la composición de los cigarrillos; prohíbe la venta y la distribución de tabaco en establecimientos educativos; sanitarios; oficinas y edificios públicos; medios de transporte público; museos o clubes, salas de espectáculos públicos e incluso estadios.

Asimismo, prohíbe fumar en los lugares de trabajo; los espacios cerrados destinados al acceso de público; los medios de transporte de pasajeros; y los establecimientos de salud y educación; y se exceptúa de la prohibición los patios, terrazas, balcones y demás áreas al aire libre de los espacios destinados al acceso de público, así como los clubes de fumadores.

Las infracciones a las disposiciones de la ley serán sancionadas con multas en dinero equivalentes a entre 250 y hasta un millón de paquetes de los cigarrillos más caros; o incluso la clausura de los locales y el decomiso de la mercadería.