La secretaria de Servicios Públicos Clara García adelantó que están "dispuestos a cumplir" lo dispuesto por la Justicia, que avaló la demanda de una ciudadana y abogada que se amparó en la ley 10.000 de intereses difusos para reclamar por el mal estado del servicio de transporte público.

"No leí la sentencia, pero tengo entendido que es razonable. Piden informes trimestrales de cuestiones que están vinculadas a nuestros temas de trabajo como mejoración del estado de coches y de la frecuencia de algunas líneas", señaló la funcionaria. Sobre la posibilidad de que esta medida abra la puerta para que lleguen una oleada de demandas a la Municipalidad en diversos temas, García sostuvo: "Nos tocan con una vara no siempre equilibrada, pero somos respetuosos de la justicia, vamos a acatar en tanto sean fallos razonables y no pongan en riesgo cuestiones mas importantes que las que intentan controlar".

La Justicia aceptó la presentación de María Laura Maenza, una mujer que además de usuaria del servicio de transporte urbano de pasajeros de Rosario es abogada, por lo que decidió lanzar un reclamo amparada en la ley 10.000 de intereses difusos.

“Soy usuaria del servicio y padezco sus falencias en carne propia”, explicó Maenza a Telenoche, quien enumeró entre los puntos a mejorar la frecuencia, el higiene y calidad de las unidades y sobre todo la seguridad de los pasajeros que deben viajar “todos amontonados”, describió la demandante.

El propio intendente Miguel Lifschitz protestó por la medida, pero no porque sea injusta: “Me llama poderosamente la atención que la ley 10.000 de intereses difusos se aplique cuando se dirige a la Municipalidad; nunca por la inseguridad, ni la educación, ni las cloacas”, dijo.

Más allá de la desconfianza de la motivación del fallo, la presentación judicial de Maenza se realizó el 28 de febrero de este año y ahora la jueza en lo civil y comercial Nº 1, Delia Giles, intimó a la Municipalidad a brindar un mejor servicio en el transporte urbano de pasajeros.

La magistrada comprobó que los reclamos eran viables y además indicó la aplicación de sanciones para aquellas empresas que no cumplan con las normativas.