Mejor, que nadie hable. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a prometer? El silencio de las autoridades después del ataque armado contra la sede de los Tribunales federales de Rosario, en Oroño entre San Luis y Rioja, es atronador. Pero cualquier cosa que pudieran decir tampoco tendría, a esta altura, ningún valor.
No saben, no quieren, no entienden, no les importa. Rosario es una pesadilla. Las bandas nos lo hacen saber todos los días, con los asesinatos, las extorsiones y con estos hechos de conmoción pública con los que corren en forma permanente el límite ante la pasmosa pasividad del Estado: el periodista Agustín Lago relevó 30 atentados de este tipo en los últimos 4 años. Es decir, no es un problema nuevo.
El 12 de mayo de este año la Corte Suprema montó una impresionante puesta en escena en la Facultad de Derecho. Parecía un mensaje: ahora sí nos vamos a ocupar de investigar lo que pasa con el narcotráfico en Rosario.
Hubo palabras supuestamente sentidas, promesas para crear una agencia que coordinara acciones de las distintas instancias del Estado que trabajan en el combate contra el narcotráfico. Nada, no pasó nada. Ahora la Corte ni siquiera emitió un comunicado sobre el ataque del que sería su edificio emblema en Rosario, que estaba desprotegido, mal custodiado, al punto de que un tipo pasó caminando, a cara descubierta, y disparó contra la garita de seguridad. El guardia de Prefectura, que estaba adentro, ni se enteró. Lo sabemos porque lo reveló un camarista local, el único que salió a explicar algo y que repitió lo que ya sabemos, lo mismo que los ministros del máximo tribunal, responsable de la administración de la Justifica federal en todo el país, escucharon aquel día en que la Facultad de Derecho fue rodeado por un operativo de seguridad ni siquiera visto para una visita presidencial.
El gobierno nacional también sigue en mora con sus promesas: ni el destacamento nuevo de Gendarmería –que iba a estar en mayo, que iba a estar en julio y ahora no se sabe– ni la ocupación de los cargos vacantes de jueces y fiscales federales, que fuentes de ese fuero ubican en un porcentaje que casi llega al 40 por ciento, se convirtieron en realidad hasta ahora.
Sí hubo envío de pliegos al Congreso para cubrir algunos de esos cargos judiciales. Pero para algunas instituciones locales ese paso tuvo un lado B: el Ejecutivo nacional eligió en su mayoría nombres de profesionales no residentes en la zona de Rosario. De hecho, para los tres pedidos de acuerdos formulados al Senado, los tres candidatos propuestos son de Buenos Aires, a pesar de que en las ternas había candidatos locales.
Centralismo por partida doble. La pregunta es la misma que con el tema de los incendios en las islas: ¿cuál sería la reacción del Estado nacional si la ciudad en crisis de seguridad pública fuera Buenos Aires? Mejor que no hablen.
Llamativo es también el silencio del gobernador. Se sabe que el tema violencia e inseguridad lo incomoda. Pero la provincia atraviesa una crisis inédita, que escala sin freno y amenaza en convertirse en crisis institucional con la difusión de los escandalosos audios de Marcelo Sain, la persona que originalmente eligió para poner paz y orden, su principal promesa de campaña en 2019.
Omar Perotti estuvo este miércoles más de dos horas reunido con un grupo de movileros en Rosario. Los periodistas fueron convocados para un desayuno que iba a finalizar en una rueda de prensa, algo que pedía cobertura, pues siempre genera expectativa un pronunciamiento del gobernador. Que, vale recordar, es el principal responsable político de la seguridad y debería mostrar liderazgo en la crisis. Pero desde hace tiempo prefiere evitar hablar sobre ese tema.
Bueno, Perotti lo hizo una vez más. El que habló en on en realidad fue el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, que dijo que el ataque a Tribunales federales “es un amedrentamiento por parte de bandas”. Como si no lo supiéramos.
