Desde diciembre de 2023, Maximiliano Pullaro es la figura excluyente de la política santafesina. Un millón de votos dentro de las urnas, mayorías parlamentarias y una ambiciosa agenda de reformas que se sucedieron como caen las fichas de un dominó consolidaron al gobernador en un lugar de centralidad que se alimenta por doble vía: el mérito propio y el vacío de competencia.
La centralidad supone que lo bueno y lo malo confluyen sobre la misma persona. Como ocurre en el vórtice de un tornado, casi todo es atraído hacia la figura del gobernador, que además es candidato natural a la reelección desde que se aprobó la Constitución de 2025.
Cada acción u obra de gobierno tributa a su liderazgo, del mismo modo que cada problema que no se soluciona y la artillería discursiva de la oposición y los gremios enfrentados a la Casa Gris. Los “fusibles” pierden peso relativo. ¿Por qué apuntar a un ministro o ministra si el adversario a vencer, el referente electoral del oficialismo, se llama Maximiliano Pullaro?
Hasta octubre pasado el gobierno avanzó a paso redoblado y sin grandes sobresaltos en los objetivos que se propuso. El contexto cambió a partir de que se apilaron el mal resultado en las elecciones nacionales, el conflicto policial y la dura pulseada con los gremios docentes, en ese orden.
¿Qué cambió? Que, a diferencia del capital político que el gobierno invirtió de forma planificada cuando decidió avanzar en reformas que consideraba necesarias aunque no fueran populares, los acontecimientos desde octubre demandaron un capital político que no estaba presupuestado.
El cambio de escenario alimenta expectativas entre opositores que, incapaces aún de articular un bloque homogéneo de confrontación contra Unidos, apuestan a sacar provecho de las dificultades o errores que se le presentan al gobierno.
Apostar a que el gobierno cometa errores y se desgaste parece ser la estrategia opositora para disputar el poder en 2027. No asoma hasta el momento nada más sólido. Y es la justificación que usan puertas adentro del peronismo dirigentes que hicieron acuerdos con el oficialismo: acordar para no parecer obstruccionistas y esperar el desgaste propio que afronta cualquier gestión de gobierno, ya sea por esas reformas “impopulares pero necesarias” –por ejemplo, la ley de emergencia previsional–, el rumbo de las propias decisiones –el vínculo con empleados públicos o con el Poder Judicial– y el contexto –los condicionamientos de las políticas económicas nacionales–.
Promediando el mandato de Maximiliano Pullaro se observa que tanto él como su gobierno retienen la centralidad de la escena y el control de la agenda. Puede decirse que el único momento en que ese control estuvo en juego fue durante las horas que se extendió la protesta policial. Y que, una vez terminada, el gobierno recuperó la iniciativa y la centralidad en la delicada área de Seguridad.
Distintas fuentes consultadas para este artículo coincidieron en destacar la presencia policial y los controles en la calle, y citaron tres casos de los últimos días: la resolución, en cuestión de días, de la saga de balaceras con un herido en el supermercado Carrefour; la detención de los involucrados en el ataque armado en el que mataron a un bebé; y el enfrentamiento policial con la banda que protagonizó la entradera en barrio Acindar.
“No se ve que el servicio policial se haya resentido; de hecho hay muestras de compromiso, como el caso de barrio Acindar, que no se veían en otros gobiernos. Aún no podemos asegurar si esto vuelve a ser un noviazgo entre el gobierno y las fuerzas de seguridad o si se produce algún otro chispazo”, graficó una fuente que interactúa con ambas partes. El gobierno intenta por estos días atar el último cabo de aquella protesta, que es el de un sector de uniformados dedicados a tareas administrativas.
Referentes de Unidos que en la segunda mitad de 2025 plantearon al interior de la alianza la preocupación por la relación entre el Ejecutivo y los trabajadores del sector público hoy resaltan el resultado de las paritarias, que cerraron con acuerdos a excepción de los gremios docentes y Siprus. Destacan también el anuncio de políticas de bienestar, entre ellas el plan de desendeudamiento para empleados públicos cuyos salarios son devorados por la acumulación de compras o préstamos financiados a tasas altas.
La falta de una oposición estructurada y cohesionada le permite al oficialismo recargar energía y rearmarse. Todavía tiene mucho capital acumulado, por más que el contexto cambió.
¿Qué cambió? Por un lado, la coraza ya no es la misma que hace un año. A la oposición se le abrió la oportunidad para intensificar el fuego político, más que nada en las plataformas digitales, que es el campo de batalla donde la política disputa en gran medida la guerra por la cabeza de los votantes. Por otro, La Libertad Avanza sobrevuela el escenario político provincial. Por ahora con escasa carnadura local, pero con un gobierno nacional que hoy está fuerte y ambiciona.
En el plano legislativo, donde oficialistas y opositores tienen representación con nombre, apellido y bloque partidario, todavía persiste el envión de diálogo institucional y acuerdos políticos alcanzados el año pasado en la convención constituyente. Eso explica los consistentes números con los que Aldo Alurralde, Diego Maciel y Jorgelina Genghini llegan a la Corte Suprema de Justicia sin ser nombres cuya incorporación se cayera de madura por trayectoria o renombre jurídico.
En esa misma línea de acuerdos institucionales, esta semana la Legislatura estaría cumpliendo el primero de los mandatos de la Constitución 2025. Al menos el Senado dará aprobación a un texto de ley orgánica de municipalidades acordado con la Cámara baja. No tendrá mención alguna a la figura de una viceintendencia, como promovía el partido CREO y se incluyó en el proyecto del Ejecutivo. La idea no terminó de cuajar y finalmente se acordó que cada ciudad definirá si la contempla o no en su carta orgánica.
Guerra en la Justicia
Donde el clima institucional se hizo añicos fue en la Justicia. Las diferencias entre la Corte Suprema y el Ministerio Público, en especial la Fiscalía, escalaron a niveles impensados. El pico máximo fue la acordada del 24 de febrero pasado, en la que el máximo tribunal, con el voto de los siete ministros, dispuso que el edificio a inaugurarse este año en la ciudad de Santa Fe se destinará al Poder Judicial y que, si sobrara espacio, se verá la posibilidad de prestarle lugar al Ministerio Público, es decir al MPA y la Defensa Pública. El MPA ya tenía asignados los pisos 4, 5 y parte del subsuelo de lo que fundamentalmente se diseñó para ser el Centro de Justicia Penal de la capital.
La medida provocó queja y enojo en ambas instituciones. La fiscal general María Cecilia Vranicich contestó dos días más tarde en fuertes términos: “Este Ministerio Público de la Acusación no presta la conformidad exigida por la Disposición Transitoria décimo sexta de la Constitución para la modificación que la Corte unilateralmente pretende realizar sobre las asignaciones de espacios que ya habían sido definidas, afectadas y destinadas al MPA en el edificio Anexo”, informa al cabo de tres páginas de cita de antecedentes históricos, normativos y administrativos.
El jueves, al poner en funciones al nuevo fiscal regional de Venado Tuerto, Vranicich volvió sobre el tema, con su antecesor y ahora juez de la Corte, Jorge Baclini, en primera fila. Avisó que insistirá en el reclamo ante una decisión “discrecional de la cabeza del Poder Judicial” y cerró el discurso aludiendo a las críticas que recibe por sus formas: “Y aquellos que aún caracterizan a las mujeres con sesgos de género, aprovecho la oportunidad para que sepan que esta fiscal general es y será temperamental para defender a esta institución y a la Constitución de Santa Fe”. Después de ese mensaje, la expectativa está puesta en el discurso de Rafael Gutiérrez en la apertura del año judicial.
Es imposible no preguntarse cómo fue que las cosas llegaron a este punto de confrontación. ¿Cómo es que los siete miembros de la Corte, donde son conocidas las diferencias históricas y actuales entre sus integrantes, hayan coincidido en esa acordada cuya destinataria, sin vueltas, es la fiscal general? ¿Cómo es que Vranicich y cortesanos que pertenecen al mismo bloque histórico que peleó por la transformación de la Justicia penal hoy, a punto de ser mayoría en la Corte y teniendo el manejo del MPA, se enfrentan de esta manera?
Ministros de la Corte refieren una acumulación de planteos de la fiscal general que consideran fuera de lugar y cortocircuitos que, a entender de los cortesanos, rebalsaron el vaso. Los choques vienen de hace rato e hicieron ruido durante el traspaso del personal al MPA tras la sanción de la Constitución. En el MPA creen que hay ministros nuevos que quieren ejercer el poder de la forma que antes criticaban.
No puede ignorarse que desde la sanción de la Constitución el Ministerio Público ya no es parte del Poder Judicial y tiene plena autonomía. No hay más subordinación y, por lo tanto, los términos y las formas de ese nuevo esquema de poder institucional diseñado por la Constitución deberán encontrar un punto de equilibrio o vivirán de choque en choque.
La naturaleza del conflicto es político-institucional, aunque atravesado por tensiones de poder, personales e históricas. Aun así, y cuando es comprensible que la defensora general Estrella Moreno Robinson y en especial la fiscal general Vranicich tomen la acordada como una afrenta en bloque de la Corte, la forma en que está redactada dejó una puerta abierta para resolverlo (tal vez el Poder Judicial llegue a la conclusión de que le sobran los pisos 4, 5 y parte del subsuelo).
Por más que la Corte lo haya puesto en duda en la acordada, el edificio que es motivo de conflicto siempre estuvo destinado al Centro de Justicia Penal de la capital, desde la génesis hace una década hasta el 24 de febrero pasado.
En todo caso, hoy es el vehículo al que echa mano la Corte para demostrar capacidad de daño: golpear al Ministerio Público amenazando con sacarle los espacios de funcionamiento para forzar a la fiscal general a “dialogar” o “negociar” —según a qué parte se consulte— nuevos términos en la relación de poder institucional.
La gestión de los espacios del nuevo edificio que se habían asignado al MPA se había acordado en los tiempos en que el fiscal general era Jorge Baclini, hoy miembro de la Corte. Este giro cayó como una bomba. Otro tanto ocurrió con la firma de Daniel Erbetta, el principal defensor dentro de la Corte de la transformación del sistema procesal penal, de la jerarquización del MPA y de las figuras tanto de Baclini en su momento como ahora de Vranicich.
La sorpresa alcanzó al Ejecutivo. Nunca imaginaron, por más circunstancial y puntual que fuera, las firmas de Erbetta, Baclini y Margarita Zabalza (los dos últimos asumidos hace poco) en una acordada que le apunta a la línea de flotación del MPA en medio del conflicto aún mayor que el oficialismo mantiene con los jueces Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez por su resistencia a formalizar la renuncia al cargo que anunciaron en los medios.
Hay un dato político no vinculante pero necesario para componer el contexto. La decisión política de la Corte de disciplinar a la fiscal general se dio una semana después del explícito agradecimiento que el gobernador Pullaro hizo ante la Legislatura a la labor de Vranicich, el fiscal regional Matías Merlo y el jefe de la unidad fiscal de microtráfico, Franco Carbone, para conseguir la baja en la violencia narcocriminal. También la senadora y ex ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich elogió a Vranicich ante empresarios y autoridades políticas en su paso por Rosario.
La política de persecución penal no es el único punto en el que confluyen los intereses del Ejecutivo y del Ministerio Público de la Acusación. Ambas esferas institucionales comparten el malestar por una serie de fallos firmados por camaristas penales de Rosario desde finales del año pasado rechazando la competencia provincial en casos que tramita la unidad fiscal de microtráfico. Incluso se dio un caso donde fiscales provinciales y federales concuerdan en la competencia ordinaria, los avala un juez federal y aun así es motivo de un segundo rechazo de un camarista provincial, lo que termina con el caso en la Corte nacional.
La difusa línea que divide qué es microtráfico y qué es tráfico de drogas amenaza con reavivar antiguos conflictos entre jueces y juezas que se aferran a fundamentos jurídicos y funcionarios y fiscales que cargan con la urgencia (y la demanda social) de desactivar en la calle los núcleos de violencia. Esta historia continuará.
