Paso a paso, el gobierno de Santa Fe sintoniza la gestión y la política con los escenarios novedosos que se abrieron a partir de octubre, con las elecciones que revalidaron a Javier Milei y La Libertad Avanza, y luego con la protesta policial.
Como era de esperar, los aumentos y otras concesiones a los uniformados, en particular a quienes realizan tareas operativas, animaron al resto de los estatales a recuperar terreno perdido. Esa demanda acopló con la oferta de la Casa Gris, orientada a levantar la base de la pirámide salarial: quienes no llegaban a fin de mes y, por lo tanto, el segmento donde se concentraba la urgencia.
Tener en cuenta el contexto es relevante para el análisis general. Los salarios reales promedio del sector público del país siguen 19% por debajo de diciembre de 2023 y los del sector privado, 5%, según datos de la consultora Mate.
A diferencia del gobierno federal, en las provincias el empleo público tiene mayor incidencia en la actividad económica y en la agenda política. Hoy discuten paritarias en medio de una fuerte caída de ingresos, sobre todo de los de origen nacional. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, en febrero la caída de las transferencias automáticas de Nación a las provincias fue del 7,4% en términos reales. En el caso de Santa Fe fue mayor: 8,1% menos que hace un año. En el acumulado de los dos primeros meses de 2026, la caída promedio del país fue del 7,2%. En Santa Fe, del 7,99%. Es la tercera jurisdicción que más perdió, detrás de CABA y Córdoba. IVA y Ganancias, impuestos que explican el 94% de los ingresos coparticipables, fueron los que más cayeron.
El gobierno de Pullaro enfrenta el desafío de afianzar puentes con sectores de estatales y, a la vez, consolidar las políticas reformistas “para poner orden en el Estado”: el premio por asistencia perfecta, la diferenciación de salarios por funcionalidad, el cumplimiento de los días de clases planificados y la cantidad de horas semanales de trabajo de policías en calle, entre otras.
Si la primera etapa de gobierno se caracterizó por el reformismo y una impronta dura, la actual le demanda empatía y apertura de otros canales de diálogo. En estos últimos meses fue una sugerencia repetida dentro de Unidos, de parte de legisladores, intendentes y aliados como el socialismo.
La irrupción del conflicto policial parece haber saldado el debate interno. Coincide con que la etapa del ajuste y las reformas duras quedó atrás, y ahora el desafío de la Casa Gris es sostener el timón para mantener un rumbo que trazó a costa de invertir una cuota significativa de capital político.
El protagonismo de dos funcionarias de segunda línea de los ministerios de Seguridad y Educación —la radical Georgina Orciani y la socialista Daiana Gallo Ambrosis— en anuncios de beneficios policiales, pago de aumentos e inauguración de escuelas va en esa línea. El gobierno empieza a descomprimir áreas que este verano fueron sometidas a fuerte presión.
En el mismo sentido se inscribe el anuncio de Pullaro de reponer el traslado de aumentos a jubilados y pensionados a los 30 días en lugar de los 60 que había definido la ley de emergencia previsional, así como el de no renovar el aporte extraordinario que hacen los pasivos a la Caja. La primera medida ya es una realidad: la Legislatura la convirtió en ley esta semana. La segunda se aplicará a partir de septiembre.
Todos los gremios de empleados públicos aceptaron la oferta salarial, salvo Amsafe y Sadop.
Este lunes iniciarán el ciclo lectivo con un paro y movilización. Se espera que la medida de fuerza sea más importante que las últimas, pero aun así las expectativas son moderadas a causa del premio por asistencia perfecta, que no solo bajó drásticamente la cantidad de paros en las escuelas, sino que modificó la dinámica de los conflictos.
Vale la pena observar este último punto. El cronograma de paros que todos los años condicionaba el inicio de clases y que se retroalimentaba con la presión de los padres a las autoridades de turno, esta vez se limitó al primer día (solo inician las escuelas primarias), mientras que el grueso del plan de lucha se desarrolló en febrero con manifestaciones y activismo. Si antes el mes crítico de conflictividad docente era marzo, a partir del premio por asistencia perfecta el calendario se adelantó a febrero.
El hecho de que el paro no sea el eje ordenador motivó acciones de protesta inorgánicas y poco felices. Una cosa es que el sindicato movilice a la Casa de Gobierno, en pueblos y ciudades de toda la geografía provincial; que se exprese descontento y enojo por el salario y por lo que digan los funcionarios políticos. Otra cosa es querer interferir y arruinar la inauguración de escuelas, como ocurrió en Esperanza y en Rosario. Esas actitudes, propias de quienes tienen los mismos argumentos y respuestas sea cual fuere la situación o las personas que tienen enfrente, dividen a la comunidad docente, obligan a los directivos a cerrar puertas y transforman en una guerra de gritos y tensiones la fiesta de comunidades educativas que, tras muchos años de gestionar, acceden al edificio nuevo.
Los tiempos exigen ajustar estrategias de lucha en un contexto adverso para los sectores trabajadores. La reforma laboral, que desde este viernes es ley, es un retroceso y, por eso mismo, no es momento de rifar aliados. El pedido de agrupaciones de estudiantes universitarios a la Coad para que contemplen no levantar las mesas de exámenes cuando se definen paros debería recibir atención de parte del gremio. De nuevo: una cosa es un plan de lucha nacional que interpele al gobierno de Milei y, eventualmente, a los rectores; y otra malquistarse con los estudiantes que rendían un examen que prepararon durante un mes o dos.
La expectativa en el gobierno provincial es que el conflicto docente desescale a mediados de mes, una vez que los docentes empiecen a ver en sus cuentas que “el alcance del aumento es real, de bolsillo”, mensaje que refiere a los cruces de interpretaciones entre funcionarios y sindicalistas sobre el alcance de la oferta, el carácter no remunerativo del aumento y el supuesto condicionamiento a factores como capacitación, salud y la Hora 25.
Horas decisivas en la Corte
Son horas decisivas en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. La Legislatura acaba de votar con holgada mayoría los reemplazantes propuestos por el Ejecutivo para los cargos que hoy ocupan tres jueces mayores de 75 años. De ellos, Eduardo Spuller presentó su renuncia con fecha de septiembre, pero no así Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez.
El motivo por el cual Falistocco y Gutiérrez tensionan con la política solo lo conocen ellos. Podría interpretarse como un acto de independencia, de resistencia a las presiones de otro poder. Pero lo cierto es que, incluso forzando interpretaciones normativas, el mensaje del poder político de la provincia es de una contundencia enorme al haber votado por mayoría abrumadora a los reemplazantes de ambos. Podría decirse que desde el jueves hay dos ministros de la Corte parados en la puerta de sus despachos, esperando que se los desocupen.
Dos exconstituyentes de La Libertad Avanza, Marcos Peyrano y Florencio Ravena, hicieron un planteo judicial por considerar que se estaban nombrando jueces sin que hubiera vacantes formales. El recurso fue rechazado in limine.
El punto está, se insiste, en la voluntad y el volumen político que expresa el pronunciamiento de la Legislatura. Jorgelina Genghini, la postulada que menos votos obtuvo, sumó 51, es decir, cinco más que los dos tercios de la Asamblea Legislativa. Por la negativa, apenas cinco. Dato también relevante: muchos de los que no estaban de acuerdo con el oficialismo se abstuvieron en lugar de votar en contra. Seguramente tampoco ellos querían que su voto se interpretara como un respaldo a la continuidad de Gutiérrez y Falistocco.
Con semejantes números, la votación de senadores y diputados habla tanto o más de quienes están y resisten que de quienes llegan.
En ese sentido, la renovación de la Corte ya no expresa solo la voluntad del gobernador o de Unidos, sino la del grueso de la dirigencia política santafesina que, promoviendo candidatos o votándolos, se involucró en las distintas etapas del proceso: desde la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en diciembre de 2024, pasando por la reforma constitucional, hasta las votaciones de los seis miembros en condiciones de dejar el máximo tribunal. Un dato no menor: el peronismo fue el principal actor de reparto, al haber sido el partido que promovió a Gutiérrez y Falistocco hace un cuarto de siglo en un caso y más de tres décadas en el otro.
Lo que nadie sabe es cómo sigue la película. ¿Tener a alguien parado al lado, a la espera de que desocupe la silla, hará que Falistocco y Gutiérrez finalmente acepten la realidad y pongan fecha a la renuncia?
El Ejecutivo se dará un compás de espera. Pretende certeza institucional, pero también certeza política. El juego de renunciar de palabra pero no formalmente alimenta sospechas de que ambos jueces pretendan irse haciendo ruido.
Ya sin respaldo político, más que el que puedan tener puertas adentro de Tribunales, Gutiérrez y Falistocco meditan sus opciones: seguir tirando de la cuerda o establecer un plan de retiro. Si eso no ocurriera, el Ejecutivo está más fortalecido que antes, aunque claramente no es la opción que prefiere, de aferrarse a la letra de la ley y de la Constitución, que fija que los magistrados cesan de hecho en sus cargos el día que cumplen los 75 años.
El asunto más espinoso que tiene entre manos la Corte es la ley de reforma previsional. Tras haber anunciado Pullaro que no prorrogará el aporte extraordinario de los jubilados, el punto atacado por vía del amparo es la imposición de un tope en el monto de las jubilaciones más altas que paga la Caja, estableciendo un máximo equivalente a 20 jubilaciones mínimas. Es decir, afecta a quienes percibían —a dinero de hoy— un haber cuyo techo es de casi 11 millones. Muchas de esas jubilaciones son y serán de jueces.
Los críticos recuerdan que la intangibilidad de los sueldos de los magistrados se extiende a los pasivos, por lo que sería de dudosa legalidad. En la Legislatura primó una línea argumentativa de orden político: la insostenibilidad de tener sistemas previsionales en crisis que pagan montos millonarios que exceden largamente las condiciones de vida que debe garantizar un haber jubilatorio o una pensión, más aún en casos de personas que a lo largo de su vida activa cobraron salarios de alto poder adquisitivo, lo que les permitió llegar a la edad de retiro con buena parte de sus necesidades personales y familiares resueltas.
En las últimas semanas cobró fuerza en Tribunales la versión de que la vieja guardia de la Corte (reforzada por el ingreso de Rubén Weder) estaría dispuesta a fallar a favor de los amparos, dejando de lado la otra opción que está en consideración: ratificar la vía contencioso-administrativa como la adecuada para tramitar los reclamos contra la ley previsional.
En medio de los cambios y en plena renovación, y con la particularidad de tener tres ministros a la espera de que otros tres dejen sus cargos, la Corte definirá la suerte de los cambios previsionales.
