En Argentina, ejercer trabajo sexual de forma voluntaria entre adultos, no constituye delito penal, aunque sí lo son: la explotación, el proxenetismo y el funcionamiento de locales con regenteo. El trabajo sexual en general y el trabajo sexual virtual (a través de redes sociales, plataformas de contenido o videollamadas) en particular, está en crecimiento. Soslayado por legisladores que no lo incluyen en proyectos tendientes a mejorar el empleo precarizado, el trabajo sexual virtual no es reconocido por el Estado que, paradójicamente, le retiene un porcentaje de las ganancias en concepto de “derechos de exportación”.
El trabajo en Argentina 2026
El mercado laboral argentino exhibe un deterioro caracterizado por el caída del empleo registrado, depreciación de los salarios y crecimiento de las ocupaciones informales con mayores niveles de vulnerabilidad: asalariados no registrados; personas que trabajan en relación de dependencia, pero sin aportes jubilatorios, obra social ni cobertura legal; cuentapropistas; servicio doméstico no registrado; trabajadores de la construcción sin cobertura de riesgos de trabajo (ART) ni registro; venta ambulante; comercio informal e incremento de trabajadores de plataformas digitales no formalizados, sin cobertura de seguridad social obligatoria.
Durante el segundo trimestre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), Argentina contabilizó 22.566.000 puestos de trabajo, de los cuales 10.880.000 correspondieron a asalariados registrados, tanto del sector público como del privado. La cifra representa una reducción de 101.000 puestos formales respecto del mismo período del año anterior.
Las condiciones del trabajo sexual virtual
De acuerdo a un sondeo realizado por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) y el Conicet, la mayoría de quienes ejercen trabajo sexual virtual ganan por debajo de la canasta básica.
El 80% son mujeres cisgénero (aquellas cuya identidad de género coincide con el sexo que se les asignó al nacer), mientras que el resto lo conforman personas del colectivo travesti-trans y de varones. La mayoría de las mujeres no son madres. Un alto porcentaje cursó o está cursando estudios universitarios y un 30% tiene trabajo registrado. La mayoría empezó a ejercer trabajo sexual virtual a partir de la pandemia.
Actualmente, según Ammar, existen 57 plataformas detectadas que ofrecen y venden este tipo de contenido y la mayoría de quienes ejercen la actividad, coinciden en que, en paralelo, tienen otros empleos para poder subsistir. También sostienen que ninguno de esos empleos por separado les permite solventar sus gastos esenciales.
Aunque el relato socialmente difundido tiende a fantasear con esta forma de ganarse la vida, al tratarse de una actividad carente de marco legal en Argentina, quienes la ejercen no cuenta con leyes sociales que las protejan, tienen dificultades para cobrar las comisiones y ante esa vulnerabilidad, con frecuencia sus imágenes son robadas y difundidas sin su consentimiento, su identidad es suplantada y experimentan, en ocasiones, acoso digital. Es decir que la misma red que les facilita el acceso a un mercado de clientes más amplio (principalmente fuera del país) al mismo tiempo las expone a nuevos riesgos, frente a los cuales no cuentan con ningún tipo de protección.
Es que a diferencia de otros empleos mediados por plataformas virtuales (tareas administrativas, de marketing o prestación de servicios para aplicaciones de delivery y movilidad, entre otras) el trabajo sexual virtual no ocupa un lugar en la agenda de discusión pública ni política.
A causa de la estigmatización que pesa sobre esta actividad y al no ser catalogada como un trabajo genuino, no prosperaron, hasta ahora, proyectos de ley que tengan la finalidad de regularla.
En Argentina, no se conoce una cifra cierta de la cantidad de trabajadoras sexuales virtuales, que en líneas generales tienen entre 28 y 40 años y trabajan para clientes mayoritariamente extranjeros, según Ammar.
Y la razón de esta falta de estadísticas no es una sola. “No sabemos cuántas somos porque para eso tendría que reconocerse la actividad en el censo de población y hoy eso no pasa”, dice, en diálogo con Rosario3, Lila Paroldo, delegada de Ammar virtual. Pero además está el tema del prejuicio social que va más allá de la ausencia de esa categoría en el formulario censal.
Y entonces, ¿cómo se definen a sí mismas? “Ninguna de las que conozco se define como creadora de contenido (un concepto con el que suele aludirse a esta actividad), se autodefinen como trabajadoras sexuales, pero si tienen que comunicar formalmente a qué se dedican, directamente ponen otro empleo”. Esta actitud es en respuesta al “fastidio" que causa que todavía no sea reconocido socialmente como un trabajo. "Se fetichiza o se estigmatiza, pero no se lo considera un trabajo”, explica la dirigente de Ammar, donde todavía “hay pocas trabajadoras virtuales registradas. Estamos en proceso de crecimiento”, dice.
“…ellas se autodefinen como trabajadoras sexuales, pero si tienen que comunicar formalmente a qué se dedican, directamente dicen otro empleo”.
En relación con la creencia de que todas las trabajadoras sexuales virtuales ganan bien y facturan sumas voluminosas en moneda extranjera, Lila explica que, dado que la mayoría de las plataformas son del exterior, y el dólar está artificialmente muy bajo, sumado a la inflación constante en pesos, actualmente se torna difícil vivir con un solo trabajo. “Por eso –asegura– la mayoría somos pluriempleadas. Igual que otros trabajadores".
“Los ingresos mensuales –dice– promedian los mil dólares. Habrá quien gane más (algunas mujeres refieren ingresos que rondan los 5 mil dólares mensuales) pero quienes yo conozco no llegan a esos montos”, asegura.
Presencialidad vs virtualidad
Además de la diferencia de antigüedad entre ambas modalidades del trabajo sexual (el inicio de la actividad virtual es más reciente), quienes ejercen ambas señalan varias diferencias.
Encontrarse con la persona puede significar más riesgo de exponerse a enfermedades de transmisión sexual, a situaciones violentas y también a la persecución policial. Además, se necesita un lugar físico (algo con lo que muchas no cuentan) o trasladarse al lugar que indique el cliente (algo riesgoso); pero admiten que para ejercer de manera virtual, necesitan tener algunos elementos tecnológicos básicos y también cierto conocimiento para saber usarlos.
“Las ventajas o desventajas de una y otra modalidad son una experiencia subjetiva. En mi experiencia, el trabajo sexual virtual requiere muchas habilidades y herramientas costosas de trabajo (internet, computadora, celular, cámara); sin embargo, estar en mi casa, con mis horarios, me resulta más cómodo”, explica Lila.
Las mujeres nucleadas a Ammar trabajan de forma independiente, es decir que se vinculan de manera directa con las plataformas, sin intermediación de agencias. Esto se debe a que las agencias –encargadas de generar el contacto con el cliente y proveerles un estudio y tecnología necesaria (lo cual, en principio, significa una ventaja)– les retienen comisiones que suelen reducir sus ganancias a la mitad.
La paradoja del trabajo sexual que no existe, pero existe
Lejos de ser reconocido legalmente como un trabajo genuino, el trabajo sexual en general y el trabajo sexual virtual en particular, no solo es ejercido por una imprecisable cantidad de personas en el país, sino que además crece como fuente de ingresos (exclusiva o complementaria de otros empleos registrados) de cada vez más personas que la realizan de modo sistemático.
En torno al trabajo sexual virtual (asociado en el relato público a “ganar muchos dólares de manera fácil”) giran un sinfín de fantasías que se desmoronan al hablar con sus protagonistas, quienes lo describen como una actividad precaria, en la mayoría de los casos, al igual que la realizada por otros sectores pauperizados del mercado laboral en Argentina.
El hecho de carecer de reconocimiento formal como “trabajo” por parte del Estado, lleva implícitas serias consecuencias para quienes lo ejercen: vulneración de sus derechos laborales, desprotección, exposición a violencia institucional y social, dificultad para acceder a la justicia y a la seguridad social, estigma, discriminación y condena a la clandestinidad, entre otros efectos.
Para el Estado nacional, en los papeles, las trabajadoras sexuales virtuales no parecen existir, al igual que las que ejercen su trabajo de forma presencial; pero en el caso específico de las virtuales, sí son tenidas en cuenta por el Estado a la hora de cobrarles tributos. La mayoría de sus clientes son extranjeros y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) les aplica un derecho de exportación del 5% a su trabajo, cuando facturan un servicio al exterior.
Basada en esa norma que el Estado sí se ocupó de plasmar por escrito, desde el comienzo de este año 2026, la Agencia empezó a enviar intimaciones con requerimientos del pago de este tributo, dirigidas de manera directa a las trabajadoras sexuales virtuales de Argentina y no a las plataformas para las cuales trabajan. Si bien la noticia trascendió en la última semana, las comunicaciones se habían intensificado en los últimos meses.
“De acuerdo con la información aportada por terceros, hemos detectado que obtuviste durante los períodos 2022 y/o 2023 y/o 2024 ingresos provenientes de actividad en cuentas de su titularidad y/o bajo su administración o gestión en plataformas digitales conocidas como redes sociales, los cuales no han sido debidamente declarados”, dice textualmente la comunicación enviada.
Lo que Arca denomina “campaña de inducción” es una estrategia habitual que utiliza cuando detecta inconsistencias o desvíos a partir de controles y cruces de información. En caso de corresponder, “se invita” al contribuyente a subsanar la inconsistencia fiscal detectada y presentar las declaraciones juradas omitidas. En cambio, si la información es incorrecta, se debe responder la acción de control manifestando la disconformidad y acompañarla con documentación respaldatoria.
“Creo que el aparato político actual tiene especial ensañamiento con la clase trabajadora. No todos los ingresos que denuncia Arca no fueron declarados; la mayoría se facturaron en pesos”, aclara Paroldo, y agrega que, en el caso de las plataformas del exterior, ellas normalmente facturan como monotributistas, y lo consignan como “exportación de servicios”.
Vulneración de derechos laborales, desprotección, exposición a violencia institucional y social, dificultad para acceder a la justicia y a la seguridad social, estigma, discriminación y condena a la clandestinidad, son algunos de los efectos de no ser considerado un trabajo.
Desde el comienzo de la actividad virtual, la mayoría de las trabajadoras sexuales debieron buscar asesoramiento contable para poder facturar y cobrar sus servicios al exterior, al igual que cualquier otro trabajador de Argentina, pero son frecuentes las consultas al sindicato donde, además de este tipo de asesoramiento, las mujeres buscan resolver, además, “un espacio de contención y también de militancia política” dice la representante.
Lo contradictorio es que el mismo Estado que las ignora, les niega todo reconocimiento y el ejercicio pleno de sus derechos laborales como trabajadoras, sí las considera contribuyentes con obligaciones fiscales, a la par de cualquier monotributista.
En los proyectos legislativos ("…es difícil ir adelante con este tema porque lo consideran piantavotos", reconoce una legisladora en off) por ahora tampoco cuentan.
