Probablemente, como parte de su deseo de repetir la fórmula a la gobernación con Maximiliano Pullaro en 2027, la diputada Gisela Scaglia propuso hace un tiempo que mujeres de toda la provincia la invitaran a través de las redes sociales a conocer sus negocios o emprendimientos. El viernes 9 de octubre, visitó a Adriana, una vecina de Arroyo Leyes que tiene un spa. Una semana después, el spa de Adriana pasó a ser el más conocido de toda la provincia gracias a que el video que la presidenta de la bancada de Provincias Unidas colgó en sus redes fue tomado por cuentas vinculadas a la oposición.
El jueves pasado, lo replicaron como una fake news, presentándolo como prueba irrefutable de que la diputada estaba de relax en el spa de Adriana en lugar de estar en la Cámara de Diputados, donde se contaba voto a voto el cuórum para derogar el DNU 70/23.
Scaglia es la presidenta del bloque de 18 diputados que en gran medida responden a gobernadores no peronistas —salvo el cordobesismo de Schiaretti y Llaryora— y que el último jueves aportó los ocho legisladores que le faltaron a la oposición para formar cuórum en la Cámara de Diputados de la Nación y derogar el DNU 70/23. Esa condición le valió la fake news, así como duras críticas de legisladores del peronismo y la izquierda, quienes le exigen al gobernador Maximiliano Pullaro y a sus socios de Provincias Unidas confrontar con Milei en lugar de ayudar a un Gobierno que les quitó recursos y daña su entramado productivo.
Scaglia es la principal referente del gobernador Pullaro en el Congreso y juntos podrían repetir la fórmula a la gobernación en pocos meses. Por lo tanto, tiene lógica que el fuego político se concentre ahí, con la idea de que sea más alto el costo de ayudar que de no ayudar a Milei en el Congreso.
El punto es que Pullaro y Scaglia se definen como opositores a Milei, pero también afirman —como taxativamente lo expresa el gobernador— que si tienen que elegir, no tienen dudas de que estarán en la vereda de enfrente del peronismo.
Hay dos razones para ello. La primera es que el electorado que votó a Pullaro es prácticamente el mismo de Milei. La segunda es que, si bien aumentó el malhumor con el Gobierno y con el presidente Milei, entre el 60 % y el 75 % del electorado prefiere, en términos del politólogo Andrés Malamud, «no volver al pasado». Derogar el DNU 70/23 hubiera sido no solo un triunfo para un peronismo que por el momento no expresa el futuro, sino literalmente retrotraer más de 70 leyes económicas clave al escenario anterior.
Amén de las motivaciones particulares para ayudar al gobierno de Milei —que pueden ir desde necesidades económicas hasta cálculo político-electoral—, los gobernadores como Pullaro se concentran en su propio territorio. No ganan nada yendo a la zaga del kirchnerismo; prefieren mantenerse a distancia y esperar a que el Gobierno los llame rogándoles ayuda.
Lo curioso es que, cuanto más la oposición acorrala al Gobierno, más necesarios se vuelven los gobernadores dialoguistas para la Casa Rosada: fungen como su salvavidas político de última instancia.
Adefesio jurídico
121 diputados sobre 129 necesarios: la oposición estuvo cerca, aunque no son pocas las voces que indican que algunos de los que bajaron al recinto no lo hubieran hecho si a la hora de la sesión existía un riesgo concreto de que se formara cuórum para la derogación.
Un día antes era un hecho que la sesión no iba a prosperar. La razón es que el Gobierno, en esta oportunidad, operó activamente (y esta vez con pericia política) para bloquear una movida que, de concretarse, hubiera tenido consecuencias difíciles de medir de antemano.
Primero operó sobre la Corte: consiguió que volviera sobre sus propios pasos y repusiera la vigencia de la Ley de Tierras (artículo 154 del DNU 70/23). Luego, acudió a los gobernadores de Provincias Unidas y del PJ no kirchnerista (Tucumán, Salta, Catamarca y Misiones) cuando vio que la oposición ya no iría solo por la Ley de Tierras, sino por todo el DNU.
En el caso de Santa Fe, es conocido el marco político en el que se posiciona el gobernador Pullaro: leyes que no afecten a Santa Fe y no votar junto con el peronismo/kirchnerismo proyectos que perjudiquen el rumbo del Gobierno. Según fuentes de la Casa Gris y la propia Scaglia, el único pedido fue tener en cuenta una solución a la Ley de Tierras.
Con esa salvedad, Scaglia y su par José Núñez definieron su posición el martes: ninguno de los dos estaba de acuerdo en hacer caer el DNU. Por eso fue un alivio para ellos cuando La Libertad Avanza llevó la propuesta de incluir la derogación del artículo 154 del DNU 70/23 en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y devolverla al Senado. Así, la Ley de Tierras no solo quedaría vigente por ley y no por una cautelar de la Justicia.
En paralelo, el Gobierno le puso fecha y hora a la sesión para tratar el tema, e incluyó discapacidad y endeudamiento familiar en el temario —dos asuntos que también se hubieran tratado si se alcanzaba el cuórum—, tal como demandaban otros bloques dialoguistas. Como muestra de que serían parte del acuerdo (y porque el Gobierno también necesitaba garantías), Núñez firmó el dictamen.
Esa movida le aseguró al oficialismo el apoyo de gobernadores peronistas, provinciales y los ocho votos decisivos de Provincias Unidas, aportados por diputados que responden a los gobernadores de Jujuy, Chubut, Santa Fe, Córdoba y los «sueltos»: Capozzi (Río Negro) y Arrieta (Mendoza).
La derogación del DNU 70/23 (336 artículos que modificaron o derogaron 70 leyes), al igual que luego la Ley Bases de 2024, encarnan la arquitectura normativa del gobierno de Javier Milei. El pretencioso título remite al famoso libro de Juan Bautista Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, que inspiró parte de la Constitución de 1853.
Es la pretensión desmesurada y alocada de Milei de plasmar en un decreto un orden económico refundacional, así como Alberdi plasmó la idea de una Constitución para dejar atrás el rosismo, el riesgo de anarquía y los residuos de la época colonial para consolidar el orden liberal que traería progreso y riqueza al «desierto despoblado», como en ese tiempo se consideraba a la naciente república.
El DNU 70/23 es un esperpento desde el punto de vista jurídico por la cantidad de temas en los que interviene y la forma en que lo hace. Cabe recordar que sirvió para derogar la Ley de Alquileres, la de Promoción Industrial y la Ley de Góndolas; desreguló la aviación comercial, las tarifas de servicios, las obras sociales y prepagas; declaró emergencias de todo tipo; eliminó regulaciones a las exportaciones y las licencias de importación; y habilitó privatizaciones.
En el Congreso nacional todos son conscientes de lo que implicaba hacer caer ese DNU después de casi tres años de estar vigente. Lo que cambia es la interpretación sobre el para qué hacerlo y sus consecuencias. Dos voces santafesinas encarnan cabalmente esa contrapuesta mirada.
Diego Giuliano, diputado del Frente Renovador, dijo que lo mejor de derogar el decreto es que pone en tela de juicio el rumbo del Gobierno. Argumentó que es lo mejor porque con este rumbo se perdieron 360 mil empleos formales, cerraron pymes y hay una retracción industrial fenomenal donde las empresas que aguantan lo hacen con el 60 % de sus máquinas apagadas, lo que trae desprotección y caída del consumo. Desde su perspectiva: «No hay que esperar una elección. Si los que representamos a los ciudadanos antes podemos ir retocando ese rumbo, ir corrigiéndolo, es lo que hay que hacer».
Por el contrario, para Scaglia, derogar el DNU y poner en duda el rumbo del Gobierno «hubiera sido muy perjudicial para el país y, en consecuencia, para la provincia. No iban por el artículo 154 que había derogado la Ley de Tierras; estoy convencida de que iban por la desestabilización. Y ahí yo definitivamente no voy a estar. El día después hubiera sido un caos, no solo porque se hubiera puesto en duda la fortaleza política del Gobierno, sino por las reacciones de la gente, de la política, los mercados, los inversores...».
Largar lastre para seguir a flote
El acoso opositor obliga al Gobierno a golpear las puertas de gobernadores dispuestos a ayudar, sean del partido que sean. Y ahí paga un doble precio: por un lado, queda en deuda y expuesto en su vulnerabilidad; por el otro, se ve obligado a sacrificar capital y objetivos propios, como el capitán del barco que tira lastre por la borda para poder seguir navegando. Esta semana, tuvo que entregar la Ley de Tierras y comprometerse a ofrecer alguna salida a la emergencia en discapacidad y a las deudas de las familias. Sin concesiones simbólicamente tan costosas, el DNU 70/23 hoy sería historia.
Lo de la Ley de Tierras es muy gráfico de un Gobierno colgado del travesaño, defendiéndose como puede. Termina ofreciendo reponer la condición de ley a una norma que pretendió derogar desde el primer día. Y con un agravante: propone incluirla en el mismo proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que, cuando ingresó al Congreso, proponía hacer ley la derogación que había dispuesto por DNU. Exactamente lo opuesto con apenas dos meses de diferencia.
Y sobre discapacidad y endeudamiento tiene otros problemas. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ya adelantó que no está de acuerdo con el dictamen que los diputados de La Libertad Avanza firmaron para desactivar la sesión del jueves pasado. ¿Qué garantías les dará Martín Menem a los diputados aliados de que lo que se vote el martes no será vetado por Milei si se convierte en ley?
El caso YPF
Nadie le escuchó decir a Horacio Marín que le interesa saltar a la política y ser candidato, pero en las conferencias que dio el último viernes en la Bolsa de Comercio y un día antes en el Hotel Alvear de Buenos Aires, no fueron pocos los empresarios que, tras escucharlo vender su gestión de la forma en que lo hizo, se fueron preguntándose si no habían sido parte de algo más.
Empresarios e incluso gobernadores siguen con atención al CEO de YPF. Son los mismos que hace tiempo se plantean si el proceso que inició Milei no necesita para 2027 un ejecutor más fiable, estable y capaz de darle solvencia política a un proyecto que apoyan en su trazo grueso.
Marín capta la atención porque la compañía más grande y más valorada por los argentinos tiene claro adónde va, por qué hace lo que hace y cuál es el objetivo a alcanzar. Es notable cómo, siendo parte del mismo entramado, resulta tan grande el contraste con la improvisación y las idas y vueltas del gobierno de Milei.
Marín maneja la nave nodriza, pero a fin de cuentas —por la dimensión y el liderazgo de YPF en Vaca Muerta— le marca el camino al resto. Es decir, Marín conduce a YPF como la sociedad anónima que es, con la lógica de una empresa privada y cuidándose de «no caer en lógicas propias del Estado bobo». Esos principios permiten que los accionistas ganen dinero, que es el fin de las empresas privadas; solo que en YPF ese objetivo está solapado con otro más trascendente: orientar, y por qué no condicionar, el mercado energético para satisfacer las necesidades estratégicas del país. Básicamente, multiplicar las exportaciones de forma exponencial.
