A veces son los Juegos Suramericanos, la obra pública, la reforma constitucional o el Código Electoral. Pero, al fin y al cabo, Maximiliano Pullaro siempre vuelve al primer amor. No tardó nada en pasar de la euforia oficial por los resultados de la olimpiada continental a retomar la seguridad como tema excluyente de su gobierno.
En una semana en la que dejó definiciones y asumió posicionamientos que dieron que hablar, el trago amargo fueron los incidentes en la puerta de Newell’s Old Boys. El gobierno debió admitir fallos en el operativo y anticipó una investigación y eventuales sanciones a policías que persiguieron a los hinchas de Newell’s y entraron al club.
El ministro Pablo Cococcioni aclaró que, en términos legales, no había impedimento para que los uniformados, quienes venían en una persecución por un presunto delito en flagrancia, ingresaran al club y, por lo tanto, no estaban obligados a pedir permiso a nadie. La letra fría de la ley dice eso, pero, claro, luego hay oportunidades, circunstancias, lugares y contextos que los uniformados debían tener en cuenta.
La potestad de ingresar a una propiedad privada sin orden judicial está pensada para, por ejemplo, detener al presunto autor de un delito que se introduce en una morada para eludir el accionar policial. También cuando alguien pide socorro desde el interior del inmueble o en caso de incendio o inundación. Es una herramienta muy delicada, que conlleva una carga de discrecionalidad alta y, por lo tanto, requiere de profesionalismo, responsabilidad y criterio, algo que los videos evidencian que faltó en los policías que intervinieron en Newell’s, donde se presentó una situación distinta de los casos virtuosos que inspiraron el cambio normativo.
Entre paréntesis queda, para otra ocasión, porque no es el objetivo de este artículo, repasar el papel de la dirigencia de Central y Newell’s. Meter a todos en la misma bolsa siempre es mala idea, pero cabe preguntarse qué tan criteriosas fueron sus reacciones, dichos, silencios y publicaciones en redes sociales.
Vuelta de rosca
La buena noticia para Pullaro y su ministro Cococcioni es que la Legislatura activó el paquete de proyectos de seguridad que mandaron en mayo pasado y que había sido relegado por la necesidad de apurar los tiempos de la reforma electoral.
El principal es un proyecto de ley que modifica 11 leyes diferentes y cuyo objetivo oficial declarado es dar más poder de acción a la Policía, al Ministerio Público Fiscal y al Estado en general frente al delito.
El diagnóstico del gobierno es que las organizaciones criminales, en particular las vinculadas al narcomenudeo, “están contenidas, pero el problema no está resuelto”. El gobernador lo repitió en tono enfático frente a fiscales generales de 22 provincias y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, que se dieron cita esta semana en Rosario. Una platea inmejorable para “vender” el modelo santafesino, que el resto del país sigue con atención a partir de los resultados conseguidos en la “contención” del crimen organizado.
Cambio de paradigma
Frente a ese auditorio, Pullaro se despojó del traje de organizador de los Juegos Suramericanos y se puso el de pacificador de Rosario. El “más duro de los duros”, como se autodefine, volvió a emprenderla contra “el garantismo bobo” y los que él considera que “romantizan la delincuencia”, pero aclaró que la contención del delito y el crimen organizado en Santa Fe se hizo “dentro del marco legal”, con respeto por las garantías constitucionales.
Veinticuatro horas antes, en otra jornada que escenificó la auspiciosa coordinación que alcanzaron fiscales federales y provinciales desde diciembre de 2023 hasta esta parte, el gobernador había pedido “ir por contadores, escribanos y abogados que dan cobertura profesional a las organizaciones criminales para el lavado de dinero y bienes”, bajo la premisa de que la próxima etapa en la lucha contra el crimen organizado debe ser avanzar sobre el lavado de activos.
El gobierno de Pullaro proclama desde el día uno de gestión un cambio de paradigma en seguridad. La pata normativa de ese giro quedó plasmada con la ley de microtráfico de drogas y siguió con la ambiciosa reforma de seguridad sancionada en el verano de 2024, que alcanzó a la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público de la Defensa, el Servicio Penitenciario y el Código Procesal Penal, entre otros.
Las leyes vinculadas a seguridad que tiene en tratamiento la Cámara de Diputados son una vuelta de rosca sobre aquella gran reforma inicial. El objetivo, según las voces del oficialismo, es consolidar “el salto del Estado de un modelo puramente reactivo a uno con capacidad de anticipación”.
La principal reforma en estudio consta de 11 artículos que introducen modificaciones en el Código Procesal Penal y en las leyes de Ejecución Penal, Protección de Víctimas y la que creó el Sistema de Inteligencia Provincial.
Recientemente, el Ejecutivo agregó otros dos proyectos: la creación del “Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Electrónicos”, que fundamentalmente apunta a desalentar el robo de celulares y tener una trazabilidad de cada aparato; y el que habilita a la Defensora General de la provincia a crear unidades especiales de defensores, y específicamente una especializada para la defensa de miembros de fuerzas de seguridad.
En el proyecto principal, algunos artículos despertaron reparos en la oposición y dentro del propio bloque de Unidos (no solo en el socialismo). El Ejecutivo siempre supo que sería muy difícil que, aun con mayoría propia, la Legislatura aprobase el interrogatorio sin defensor, las medidas coercitivas de libertad por decreto fiscal o la declaración informativa y el interrogatorio policial. Igual las incluyó porque parte del juego es mantener la iniciativa, liderar la agenda y ratificar que no hubo ni hay prejuicios para enfrentar el delito.
De hecho, los puntos mencionados ya no figuran en el borrador de ley que los radicales Martín Rosúa —presidente de la Comisión de Seguridad— y José Corral reescribieron sobre la base del proyecto original del Ejecutivo y le entregaron al bloque socialista para unificar posiciones antes de abrir la conversación con los bloques de la oposición. Hay otros aspectos del proyecto original que se mantendrían, aunque con retoques, como la validación de pruebas a pesar de haberse violado alguna garantía durante su obtención si se demuestra que la autoridad “actuó de buena fe o que había un estado de necesidad”.
Las diputadas socialistas Varinia Drisun y Lionella Catalini —presidenta de la Comisión de Acuerdos— adelantaron que no era el ánimo de ese bloque dejar cajoneada la propuesta del Ejecutivo, pero recalcaron que la ley saldrá con cambios. “Como casi todas las leyes en esta gestión”, aclaró Catalini, en referencia al papel de contrapeso interno que encarna el PS y como mensaje a los opositores que afirman que la Legislatura funciona como una suerte de “escribanía” del Ejecutivo.
Al auxilio del MPA
El cambio de paradigma en seguridad tiene una de sus patas clave en el Ministerio Público de la Acusación, que dirige María Cecilia Vranicich. Tan es así que esta semana el gobernador aprovechó la ocasión y, ante la ministra de Seguridad de la Nación y los representantes de 22 Ministerios Públicos Fiscales, hizo una encendida defensa de la fiscal general. “Vamos a defender la labor del MPA. Y vamos a defender el liderazgo y la conducción de María Cecilia Vranicich” y “de todos los fiscales que hagan su trabajo correctamente”, levantó la voz Pullaro.
El gobernador habló de una “mano negra”, en referencia a grupos de poder y miembros del Poder Judicial que estarían presionando para recuperar influencia dentro de la Fiscalía Regional y en algunas materias de investigación.
Fue el segundo gesto de apoyo del gobernador al MPA en dos semanas. El primero fue a mediados de septiembre. En medio de los Juegos Suramericanos, recibió a la fiscal general y al fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, en su despacho.
En el MPA y el Ejecutivo hablan de “operaciones de prensa” que tendrían como objetivo debilitar al organismo y a Vranicich. “Vranicich y Merlo han estado al lado nuestro en la pacificación de Rosario día y noche, las 24 horas. La coordinación con el MPA, así como con otros actores, es determinante para los resultados que conseguimos. Los que le pegan a ella y la desgastan están golpeando nuestras políticas de seguridad. Por lo tanto, le están pegando al gobernador”, explican desde la Casa Gris.
La ofensiva a la que aluden el MPA y el gobierno coincidió con el encarcelamiento del exfiscal Mariano Ríos Artacho por el manejo espurio de más de 400 millones en depósitos judiciales cautelados en investigaciones penales y con el reciente recambio de fiscales y empleados en Rosario dispuesto por Vranicich y Merlo.
Ríos Artacho es cercano a un grupo que apoyaba a otro candidato a la Fiscalía General y que quedó en el camino cuando el exgobernador Perotti envió el pliego de Vranicich a la Legislatura.
La fiscal general acumuló respaldo por partida doble en la semana. Además del enfático pronunciamiento de Pullaro, cosechó apoyo entre sus pares de todo el país. Según contaron funcionarios judiciales que presenciaron el discurso de Pullaro, procuradores y fiscales de otras provincias no tienen ese mismo respaldo en sus jurisdicciones, donde muchas veces la autonomía de la fiscalía sirve como excusa al poder político o al judicial para descargar responsabilidades o para desentenderse de sus necesidades materiales.
Si bien el estrecho vínculo que mantienen el Ejecutivo y el MPA en el paradigma de seguridad en Santa Fe muestra resultados positivos, eso no quita que haya quienes legítimamente opinen que es un arma de doble filo que, en la práctica, pueda terminar en pérdida de autonomía o subordinación.
Por lo pronto, esa preocupación no apareció en el encuentro de procuradores y fiscales generales. Por el contrario, como fiscal general de la provincia más compleja y expuesta del país en materia de seguridad, Vranicich se quedó con el abrazador mensaje final del presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina, quien, al cierre de las jornadas, recalcó que, por primera vez en la historia del encuentro, participaron procuradores de 22 de las 25 jurisdicciones. No lo citó como un dato aleatorio. “Puede interpretarlo como un gran respaldo a la doctora Vranicich”, remató.
