Al cabo de una semana de dejar en llamas las redes sociales, puede concluirse que la casa libertaria no está en orden. El gobierno tiene evidentes problemas para administrar sus propias crisis, que van desde las peleas virtuales entre las facciones que responden a Karina Milei y a Santiago Caputo, cuyas caras visibles son la diputada Lilia Lemoine y el influencer militante Daniel Parisini (Gordo Dan), hasta el caso Adorni y la decisión de estirar su salida de la Jefatura de Gabinete.
Las internas, solapadas pero de las que se habla todo el tiempo, desembocaron en cruces, retos, medición de lealtad en sangre y descalificaciones entre libertarios. El disparador fue el protagonismo de Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires, el peronista bonaerense que se ganó la confianza plena de la hermana de Javier Milei. Pareja tiene dos décadas en el lomo como operador político del peronismo en el principal distrito electoral del país y se cruzó a las filas de La Libertad Avanza.
Si Adorni es el que vació de argumentos la retórica libertaria de la supremacía ética y moral, Pareja es el “sapo” que la militancia tiene que tragarse a disgusto. Cuando una militante expresó en X lo indigesto que le resultaba, la inefable Lilia Lemoine la cruzó: “Entonces no sigas más a Milei”. Fue cuando intervino Parisini (Gordo Dan) y todo se fue al diablo.
¿Los libertarios experimentan problemas de crecimiento o estamos ante otro gobierno con internas fuera de control? Las disputas de poder y el debate entre medios y fines son intrínsecos a la política. Pero en este caso, si bien Santiago Caputo viene perdiendo terreno dentro del gobierno, no aparece con claridad quién puede ordenar esas disputas, o por lo menos mantenerlas dentro de estándares de tensión que La Libertad Avanza sea capaz de soportar.
Caputo, el asesor sin cargo, ocupa el centro del radar defensivo de Karina Milei. Desde los márgenes se aproxima Patricia Bullrich. No es una figura hostil, pero la ambición expansiva de Karina Milei dentro del gobierno siempre es una fuente de roces. La caída en desgracia de su delfín Adorni dejó a La Libertad Avanza sin candidato porteño para 2027 y, por lo tanto, Bullrich, cuya imagen iguala y hasta supera a la del presidente según las encuestas, pasa a ser una opción natural, aunque su ADN no sea puro.
La ministra no es accionista de La Libertad Avanza sino una subordinada. Las batallas que da dentro del oficialismo las da consciente de que Karina es un límite. Por eso, cuando el rosarino Juan Pedro Aleart quiso hacer pesar su condición de principal elector en la ciudad y se valió del nombre de Bullrich para intentar quedarse con la presidencia de la bancada de concejales libertarios en Rosario, la entonces ministra de Seguridad se corrió e hizo saber en la Secretaría General de la Presidencia que ella no estaba detrás de esa movida. Sabía que, como finalmente ocurrió, la jugada de Aleart sería interpretada como un desafío al sector de la hermana presidencial y no iba a exponerse a un cortocircuito con Karina por un bloque de concejales. Las definiciones posteriores le dieron la razón: Aleart es parte de la bancada que preside Franco Volpe.
La buena noticia para Caputo y Milei es que el programa de financiamiento para pagar los abultados vencimientos de deuda de este año recibió un fuerte respaldo de organismos multilaterales. FMI, Banco Mundial y CAF aportarán fondos en garantía para que el gobierno tome deuda a menor costo y pueda pagar vencimientos de deuda más cara. Con esos recursos, más los dólares que fue comprando el Tesoro, más ingresos previstos por privatizaciones, el gobierno tiene los recursos para pagar sin tener que quemar reservas del Banco Central.
La dificultad para administrar sus propias crisis se conjuga con el mal momento de la economía real. El presidente, por primera vez, reconoció que hay argentinos que la están pasando mal, pero no dijo si el gobierno prepara medidas paliativas. Pidió paciencia y proclamó que mantener el rumbo es la única opción, para lo cual dijo estar dispuesto a atarse al mástil del barco de la ortodoxia para resistir los “cantos de sirena” que aconsejan medidas destinadas a sostener el aparato productivo y aliviar el bolsillo.
La ortodoxia de Milei demanda ajuste permanente. Pero el ajuste sobre el ajuste pone en riesgo el apoyo social al gobierno, sobre todo en las áreas urbanas, donde golpea los ingresos de las familias y debilita el entramado productivo.
El programa económico, que entre sus pilares incluye dólar pisado y apertura indiscriminada de importaciones para que baje la inflación, podría estar en un punto de estancamiento en cuanto a las soluciones que el gobierno espera. El empleo no crece, el país no gana competitividad, se está dañando una parte sustancial del aparato productivo, la industria cayó 14,5% en febrero y la capacidad instalada utilizada es de apenas 54%; la economía, en lugar de reactivarse, se apaga más, y la inflación no baja sino que crece desde hace diez meses.
¿Las prestaciones del modelo que ejecuta el ministro Caputo están funcionando de acuerdo con lo previsto? ¿Qué implicancias tiene para el equipo económico que el presidente dijera que el 3,4% de inflación en marzo es malo y le repugna? El ministro afirmó días atrás en Rosario que “a partir de abril se vienen los mejores 18 meses de la Argentina en muchas décadas”. ¿Tiene bases reales esa proyección o es una forma de refinanciar el futuro del equipo económico? Finalmente, ¿y si en abril no se quiebra la tendencia? ¿Cuánto capital político está dispuesto a invertir Milei en la espera?
No es una pregunta capciosa. El riesgo de Milei es quedar enredado en un ajuste eterno y que su plan económico pierda respaldo popular ante la ausencia de resultados. Sería una situación delicada, porque ya se sabe la relación entre la pérdida de tolerancia social y la pérdida de poder por goteo.
El viernes pasó como una noticia más, pero probablemente sea un síntoma en ese sentido. El Ministerio de Justicia postergó una vez más la puesta en marcha del sistema de enjuiciamiento penal acusatorio en la Justicia federal porteña. El sistema ya está operativo en 12 provincias, entre ellas Santa Fe, pero en Capital lograron trabarlo por tercera vez, a pesar de que es el gran logro del exministro Mariano Cúneo Libarona, que lo militó personalmente, y del gobierno de Milei. Se pasó de abril de 2026 a febrero de 2027.
Pasa el tiempo y cada vez será más difícil quitarle poder a esa casta de jueces que ayudan y condicionan en dosis iguales a los gobiernos de turno, a la política y al poder empresario. Máxime si esos jueces tienen en sus manos causas por corrupción como los presuntos sobornos en Discapacidad, el caso $Libra, el patrimonio de Adorni y el otorgamiento de créditos inmobiliarios del Banco Nación.
El combo de malas noticias económicas, encuestas que empiezan a registrar una caída en la imagen presidencial y dificultad para administrar las peleas internas tiene sus consecuencias.
Los gobernadores aliados y dialoguistas se ponen a distancia. Por empezar, no los cuenten para tratar leyes en el Congreso a corto plazo. Defender proyectos y quedar pegados a la Casa Rosada en este contexto no los tienta. Una cosa es acompañar proyectos que son bien vistos por el electorado que comparten en sus provincias; otra es ser socios en las malas.
Los mandatarios provinciales tampoco van a absorber gratuitamente el costo político del ajuste. Menos aún cuando Nación se queda con fondos que deberían girarse a las provincias, la coparticipación cae y el freno de la actividad económica levanta el malhumor social y les derrumba la recaudación propia.
La Santa Fe gobernada por Maximiliano Pullaro encaja en ese grupo. De ahí deriva el reclamo airado del Ministerio de Salud respecto de la creciente atención de afiliados de Pami en el sistema público. El informe de Iaraf dio cuenta de una caída del 12% interanual en el gasto del INSSJP durante el primer trimestre de 2026. Otro tanto ocurre con el repetido reclamo por el abandono de las rutas nacionales. En la lista sigue la crisis del transporte de pasajeros, que en la provincia terminó con un duro aumento del 30% para subsanar la caída de servicios y frecuencias dispuesta por las empresas, previa campaña de la Casa Gris para publicitar la disparidad abismal entre los recursos que el gobierno inyecta en el AMBA y en el interior.
La mala gestión en muchas áreas del Estado, que en algunos casos directamente es nula, es otra arista que erosiona la gestión de Milei. En momentos de expectativa alta por la economía, muchas cosas pasan desapercibidas, pero cuando todo se desinfla ciertas falencias adquieren otra dimensión.
Es el caso de la demora en privatizar rutas nacionales. El gobierno eligió ese camino desde el principio, pero por distintos motivos recién hace un mes concesionó el primer paquete de rutas. Mientras tanto, ni siquiera tapa los pozos. Las consecuencias de ese sinsentido son dramáticas. En 2025 murieron 19 personas en siniestros viales en los 400 kilómetros de la ruta nacional 34 en Santa Fe. En los tres meses y medio de 2026 ya perdieron la vida 15.
Esta semana se firmó el decreto que habilita a cederles la tenencia temporal —no la jurisdicción— de rutas nacionales a 12 provincias para que las concesionen a entes privados, públicos o mixtos con el fin de repararlas, mejorarlas y administrarlas. Es el primero de varios pasos que llevarán algunos meses más antes de que, por ejemplo, Santa Fe pueda intervenir efectivamente sobre la ruta A012, cuyo estado es calamitoso. ¿Por qué recién ahora, después de dos años en los que la administración libertaria absorbió cuestionamientos de usuarios, sectores productivos, intendencias y provincias, que con razón reclamaban alguna solución? En las últimas elecciones, no fue un factor determinante para los votantes. En octubre, la lista del presidente ganó en casi todos los departamentos en los que hay rutas de su jurisdicción en pésimo estado. ¿Seguirá siendo así?
