La tormenta perfecta se armó: caída de la recaudación, pérdida de poder adquisitivo y actividad económica en descenso. Hace tiempo el ajuste saltó el alambrado del Estado para impregnar vastos sectores de la economía general. Sus efectos salen a la luz poco a poco. La tasa de desocupación que dio a conocer el Indec días atrás es un buen ejemplo. El aumento del 1,1% interanual en el cuarto trimestre de 2025 todavía no nos dice nada sobre el calamitoso verano que pasaron el comercio, la industria y muchas empresas de servicios.
El malhumor social ya es cuestión de Estado. Primero que nada, para las intendencias, víctimas de un efecto tenaza. Por un lado, se derrumbaron los recursos coparticipables y, por el otro, el ajuste corroe el poder adquisitivo de las familias, lo que resulta en que menos gente pague tasas y crezca la demanda de servicios. Un síntoma de este escenario es el aumento de localidades que pidieron anticipos de coparticipación. Las intendencias que no hayan ajustado deberán poner manos a la obra, porque se les suma que este año caerán fuerte los aportes de la provincia, con excepción de Santa Fe capital y, muy especialmente, Rosario, donde juegan otras variables y la decisión política es sostener los altísimos niveles de inversión provincial.
También el gobierno provincial reconfigura el tablero de gestión. El miércoles, en la reunión interministerial, el gobernador Pullaro encomendó a sus funcionarios y legisladores que salgan a explicar y exponer, con números y argumentos, la dimensión que tiene el retiro del Estado nacional en las distintas áreas y lo que eso cuesta para las arcas provinciales.
Fue explícito en el sentido de lo que les estaba pidiendo: “Salgamos con orgullo a defender los cambios y las transformaciones que llevamos adelante con la firme convicción y con la frente alta, porque no lo hicimos con la motosierra, lo hicimos con mucha sensibilidad social, porque durante todo este tiempo invertimos en infraestructura productiva, educativa y en seguridad. Mejoramos la seguridad, la obra pública, la educación y la producción”. Y agregó: “A ningún santafesino ni santafesina le faltaron los alimentos ni los medicamentos, porque ahí siempre estuvo el Estado provincial para acompañar a quienes más lo necesitaban”.
Salud fue la elegida para hacer punta, porque junto con Obras Públicas son las áreas que el Estado nacional abandonó sin vueltas. La ministra Silvia Ciancio y el secretario de Administración Guillermo Álvarez expusieron en conferencia de prensa las dimensiones de ese retiro, que en parte es económico y en parte de gestión porque, según las autoridades santafesinas, Nación no les anuncia ni programa los recortes de medicamentos e insumos, que son abruptos y millonarios.
Según la ministra, la cartera que dirige hace tiempo socorre a medio millar de trasplantados y pacientes de enfermedades poco frecuentes porque Nación dejó de enviar los medicamentos. El incremento de atención de personas sin obra social —de 9 a 13 millones en cuatro años— no es solo responsabilidad nacional, pero lo que sí ocurre es que Nación no interviene ni se ocupa. Les tira el ajuste por la cabeza a las provincias, sin consultar, planificar ni transferir recursos o fuentes de financiamiento.
Hagamos foco en un dato que dio la ministra Ciancio. Dijo que la salud pública provincial atiende al 72% de personas sin obra social y al 28% que sí la tienen. La cuarta parte de ese 28% es afiliada de Pami. Ese dato se verifica en la ejecución presupuestaria del gobierno nacional que analiza el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. En los dos primeros meses de 2026 se ejecutó un 5,8% menos que en el primer bimestre de 2025, que es una base de comparación que arrastra el fuerte ajuste del primer año de Javier Milei. Ajuste sobre ajuste. La rueda es infinita bajo la actual política económica.
Unidos, segunda parte
La segunda mitad de mandato de Pullaro arrancó con menos recursos, malhumor social creciente y actividad económica a la baja, si no en recesión. Todos los socios de Unidos están llamados a cerrar filas en defensa del gobierno y a mostrar que es la provincia la que tira el salvavidas a los náufragos del modelo Milei.
Además de alimentos y fármacos para quienes se alimentan en comedores y se atienden en la salud pública, Pullaro se propone llegar al salvataje de sectores medios agobiados por el endeudamiento. “La usura le está sacando plata a la clase media”, diagnostica un alto funcionario provincial, en referencia a las altísimas tasas de interés que aplican bancos, financieras y billeteras virtuales. Tasas nominales de entre 40 y 130% en bancos. Y billeteras muy reconocidas que llegan a prestar dinero con costo financiero total de 700 y hasta 800%.
Un primer paso fue el plan de desendeudamiento con los empleados públicos de la provincia. Aplicarlo en ese universo acotado tiene baja dificultad y riesgo, si se tiene en cuenta que el recupero se hace a través del sistema de Código de Descuento que debita directamente del salario.
Ampliar esa política a un universo más amplio supone asumir una cartera de mayor riesgo, criterios de valuación diferentes de los beneficiarios potenciales y disponer recursos públicos para comprar deudas familiares contraídas a “tasas usurarias”, reemplazarlas por una tasa subsidiada, extender plazos de devolución y hasta un posible período de gracia. Más allá de si finalmente se concreta la idea, de lo que no hay duda es que la morosidad crediticia se disparó a niveles de alerta en tarjetas de crédito, bancos, billeteras y casas de electrodomésticos, y empieza a ser un problema social que afecta el comercio, las economías familiares y al propio Estado.
Cerrada la primera etapa de gobierno, caracterizada por reformas políticas e institucionales de envergadura, Unidos comenzó el año legislativo con una cuota de desorden político, donde se mezclaban proyectos de interés de algunos de sus socios, la agenda residual de la reforma constitucional y un Ejecutivo que estaba enfocado en conseguir la adhesión a la denominada ley nacional “antimafia”, mientras atiende infinidad de frentes en el día a día.
El proyecto de ley para prohibir la actividad de cuidacoches, autoría del senador por Rosario Ciro Seisas, fue un caso así. La propuesta de prohibir la actividad en toda la provincia se frenó a último momento y recién consiguió media sanción el jueves pasado, después de la introducción de importantes cambios en su contenido.
La letra final ratifica que los cuidacoches son un asunto de competencia de las ciudades, que deben abordar con sus propios organismos de control urbano en primer lugar y, luego sí, con el apoyo del Estado provincial, a partir de que la ley lo incorpora como una posible contravención. Algunos sienten gusto a poco, una suerte de cambiar para que nada cambie. Quizás sea el resultado de encarar un tema muy sensible en las grandes ciudades sin que Unidos haya masticado previamente qué quería y qué implicaban los distintos abordajes posibles de la problemática.
Microtráfico
El conflicto institucional que se suscitó entre camaristas penales de Rosario y el MPA por un puñado de fallos que enviaron a la Justicia federal investigaciones por microtráfico de drogas que llevaban adelante fiscales provinciales pareciera haber encontrado su cauce.
La polémica, revelada en esta columna, escaló su pico cuando el fiscal regional Matías Merlo sostuvo que impedirles investigar implicará que habrá “más homicidios y balaceras” y que “deberán hacerse cargo” por esos fallos. La respuesta de repudio de la Cámara fue contundente. La firmaron todos sus integrantes, incluso los que no necesariamente comparten el criterio de los fallos cuestionados.
Fiscales y funcionarios del gobierno provincial vieron en esos fallos un perjuicio a las políticas de seguridad al limitarles la posibilidad de intervenir en zonas donde la comercialización de drogas provoca disputas territoriales y violencia. No por casualidad, los fallos que más enojaron a la fiscalía y al gobierno fueron los que mandaron al fuero federal la investigación sobre dos bandas que se disputaban Villa Gobernador Gálvez a sangre y fuego y la que permitió devolver a la cárcel a una integrante de la familia Cantero que administraba el narcomenudeo desde su casa, donde cumplía una polémica prisión domiciliaria dispuesta por la Justicia federal, y en torno a la cual se había formado un foco de violencia con armas de fuego.
La pacificación de Rosario es el nervio más sensible de la administración Pullaro. Ahí se juega su contrato electoral con la ciudad, pero como Rosario no es cualquier ciudad, irradia hacia toda la provincia y fronteras afuera.
Por eso, para Pullaro es determinante que todo el dispositivo de justicia y seguridad comprenda la partitura que está ejecutando. Y por esa misma razón el gobernador no dudó en dar un fuerte respaldo al MPA en la controversia con los camaristas al recibir a la fiscal general, al protagonista de la polémica y al jefe de la unidad fiscal de microtráfico, Franco Carbone.
En otros tiempos, la intervención del Ejecutivo jugando a favor de una de las partes hubiera motivado lo propio de alguno de los ministros de la Corte en defensa de los camaristas. Si lo sabrá Pullaro. Rafael Gutiérrez lo hizo cuando él era ministro de Seguridad y discutía con los jueces penales por las condiciones de alojamiento de los presos. O más atrás en el almanaque, cuando el exministro de Justicia era Héctor Superti. Los tiempos cambiaron. El Poder Judicial perdió peso corporativo, la Corte está en pleno recambio y el Ministerio Público se independizó por mandato constitucional.
Si todos tienen que tocar la misma partitura, ¿quiere decir que los jueces perdieron autonomía y capacidad de decisión? Fiscales y funcionarios rechazan esa interpretación. Sostienen que, si fiscales provinciales y federales están de acuerdo en qué es lo más conveniente para el éxito de una investigación, no es de sentido común que un camarista imponga un criterio diferente en función de una interpretación de la ley que, quienes la critican, aseguran que es tan legítima como la de los que defienden la competencia provincial.
En definitiva, lo que le piden a los camaristas es que, mientras no haya violación de garantías u otra ilegalidad en el proceso, prioricen las soluciones más convenientes para la eficacia de las investigaciones.
De todo esto se habló en el encuentro que el gobernador, su ministro de Seguridad y Justicia y el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano, mantuvieron este viernes con los jueces Gustavo Salvador, Carolina Hernández, Javier Beltramone, Nicolás Foppiani, Guillermo Llaudet, Gabriela Sansó e Ismael Manfrín. Las dos partes sostienen que la reunión fue muy buena, que se despejaron fantasmas de boicot y malas intenciones, y que se identificaron los aspectos que es necesario ajustar. Y el Ejecutivo ratificó su punto: las investigaciones de microtráfico, por tiempos, cercanía, conocimiento y capacidad operativa, son fundamentales para desactivar la violencia.
Esta semana el presidente de la Cámara Penal, Gustavo Salvador, y magistrados federales mantendrán los primeros contactos para trabajar en el abordaje de cuestiones prácticas y trámites cuando se susciten casos de incompetencia entre la Justicia federal y provincial, y también cómo sigue la investigación y las medidas privativas de libertad en caso de cambiar de fuero. La idea es que una coordinación evite que la cuestión de competencia entre el sistema federal y provincial termine con ventajas para los acusados o perjudicando las investigaciones.
