Esta semana, de manera pública, el Gobierno de Santa Fe decidió encender y mostrar sus alarmas internas. Basado en informes de inteligencia criminal e información reservada de los investigadores judiciales, accedieron a datos sobre un posible plan para atentar contra la vida del gobernador Maximiliano Pullaro.
Lo que aparece en estas horas en Santa Fe no es un dato aislado. Es, más bien, la superficie visible de una tensión profunda: el choque entre un Estado que intenta recuperar el control y organizaciones criminales que no sólo trafican, sino que disputan poder en la calle y sobre todo en las cárceles. ¿Alguien exagera? Tal vez todos. Pero para los investigadores, cualquier exageración en el celo de la custodia es parte del protocolo de acción.
En el mapa narco de Rosario, durante años dominó una marca: Los Monos. Su lógica fue clara: territorialidad, violencia ejemplificadora y vínculos con estructuras del Estado. Pero el tiempo fragmenta incluso a las mafias. En ese escenario aparecen desprendimientos, células más jóvenes, menos previsibles. Entre ellas, la llamada Los Menores, vinculada —según investigaciones— a dinámicas heredadas del viejo esquema narco, pero con códigos más inestables.
El hallazgo de un arsenal de guerra enterrado en Roldán, de propiedad según estiman de la banda Los Menores, fue lo que encendió las alarmas. Allí entre diálogos informales sobre el “poder de daño” de esas armas (capaces de perforar autos blindados) apareció el rápido listado de personalidades que usan vehículos ultraprotegidos de hipotéticos ataques de armas de fuego. Si bien los vehículos protegidos están distribuidos entre varios propietarios, personalidades, empresarios y políticos de Santa Fe, el nombre de Pullaro encabeza la incómoda lista.
La hipótesis surge de información de inteligencia cruzada con evidencia concreta. Para el gobierno provincial, el posible ataque estaría vinculado al endurecimiento de la política de seguridad, en especial la construcción del “Infierno”, la cárcel de máxima seguridad en Piñero, donde serán trasladados líderes narco.
La investigación también revela un fenómeno más profundo: la creciente disponibilidad de armamento de guerra en manos del crimen organizado, alimentado por desvíos del mercado legal, redes de testaferros y hasta robos en ámbitos militares. En Rosario, la violencia narco muestra una continuidad sostenida, con balaceras, amenazas y disputas territoriales sin fin.
Si bien el Plan Bandera ha dado visibles resultados de cambio de época, los enfrentamientos con muertos por el control narco siguen existiendo en las calles de Rosario. En ese contexto, el hallazgo no es un hecho aislado, sino un síntoma: el crimen organizado no solo busca controlar territorio, sino también condicionar —o directamente desafiar— al poder político.
Para el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, la conjetura esta ligada a Los Menores: “por lo menos había intenciones serias de realizar algún tipo de atentado a las autoridades institucionales de la provincia, y centralmente en la persona del gobernador”, dijo esta semana en Radio2.
“Para nosotros, y siempre dentro de lo que es el sistema de inteligencia, esto tiene un grado de seriedad que habilita, por lo menos, elevar los umbrales de protección y tomar medidas mucho más fuertes”, confirmó el ministro.
En nuestro país vemos al presidente Milei con chalecos antibalas disimulados en sus ropas y escudos personales, como la famosa “manta balística”, en actos públicos. El incremento del celo de custodia después de la postura argentina en la declaración de guerra a Irán ha extremado posiciones para la inteligencia argentina. ¿Podemos sufrir un tercer atentado del fanatismo islámico en nuestro país?
En Santa Fe al menos se recuerda la balacera en la casa de Antonio Bonfatti con 20 balazos el 11 de octubre de 2013, tal vez el peor ataque institucional en la historia de la provincia. Con acusados exculpados y posteriormente borrados del mapa a los balazos, con silencios y pactos rotos entre la estructura parapolicial estatal y las bandas narcocriminales de aquel
tiempo.
¿Subsiste el mismo esquema y mecanismo interactivo entre la distribución, venta y lavado narco desde aquel tiempo a hoy. Está claro que a la Argentina no le molesta el narcotráfico sino la violencia y muerte que pueden generar sus “rústicos” empresarios y distribuidores. Un negocio que, sino hay muerte, a nadie inquieta.
Pero es imposible. Las armas de fuego y la disputa del poder en calle y cárceles condicionan al negocio. Tal vez por la fisonomía cultural de sus actores, criados como participes de una selva donde siempre dominará el mas fuerte.
Si hay o hubo un plan para atentar contra Pullaro también podría pensarse con la hipótesis que el Plan Bandera ha tenido fisuras. Si el control de las calles y las cárceles no ha logrado “desarmar” a los “armados” y les permite planear un “gran golpe” significa que el control no ha cumplido el objetivo de contener a los violentos sino alentarlos a acumular armas de guerra en busca de una revancha. Una incómoda contradicción para el Plan.
El contexto le da espesor a esa sospecha. Desde que asumió, Pullaro impulsó una política de endurecimiento contra el narcotráfico, con especial foco en el sistema penitenciario: aislamiento de jefes narco, control más estricto en cárceles y la construcción de una nueva prisión de máxima seguridad en Piñero. Esa estrategia tocó intereses concretos. Y, según la línea investigativa, pudo haber generado una respuesta planificada.
Para el ministro Cococcioni este es el punto de conflicto: “el hecho de estar en esas condiciones de detención les molesta mucho. Eran los jefes de pabellón de 100 presos.
Las visitas de los otros presos entraban drogas, comida, celulares, zapatillas. El preso de alto perfil no tenía que exponer ni a su propia visita, porque la visita de los otros, los que tenían sometido, hacía el trabajo servil. Pasar de eso, a vivir en una cabina telefónica, no es agradable, ni fácil de tolerar. Así que creemos que viene por ese lado”, aseguro Cococcioni.
Si hay o hubo un plan para atentar contra Pullaro también podría pensarse que el Plan Bandera ha tenido fisuras
Otro dato que inquieta a los investigadores es el origen y la calidad del armamento. No son armas caseras ni de bajo calibre. Son piezas que circulan en circuitos ilegales sofisticados, muchas veces alimentados por desvíos de arsenales legales, robos o contrabando. Es decir: detrás de esos fusiles hay logística, financiamiento y redes que exceden a una banda barrial.
Por eso, el episodio no se lee como un hecho aislado. Se inscribe en una escalada amenazante, una posibilidad concreta de un atentado planificado con armas de guerra.
En estas calles se intenta, pero no se logra, un alto al fuego. Se sigue tirando, ejecutando a la competencia y contando, como si fuera un score perverso, cuántos caen. Y ese número, desvela al poder político, que lee el informe sobre una amenaza como parte del mismo volcán.
