La política le pierde la pisada a la sensatez cuando se abraza a la grieta como ocurrió tras conocerse el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York a favor del Estado argentino en el juicio por la expropiación de YPF, al punto de repudiar lo mismo que se está celebrando. Al punto de sostener una retórica discursiva cuyo fundamento está en la descalificación del adversario y no en los hechos. Incluso en un acontecimiento extraordinario como es la decisión del tribunal estadounidense, la política argentina está imposibilitada de capitalizarlo como un hecho de celebración ecuménica.
Los hechos dicen que la expropiación de YPF, que votó en 2012 una abrumadora mayoría de diputados y senadores de distintos partidos, fue legal y ajustada a derecho. Hay otros hechos verificables hace tiempo: el desarrollo de Vaca Muerta con YPF como motor y empresa testigo, la reinversión de la renta generada, la reversión progresiva del déficit de la balanza comercial energética y la revalorización de la mayor empresa del país.
La polarización del discurso político lleva a situaciones ridículas. El presidente Milei celebró el fallo y adjudicó todo el mérito a su gestión. “Ahora la Argentina logró una sentencia histórica en esta administración. Lo que parecía imposible, lo hicimos posible”, dijo, con el cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a su lado. No solo hace con Adorni lo mismo que Cristina hizo en su gobierno con funcionarios cuestionados por corrupción (y ahora condenados), sino que en su cadena nacional faltaron argumentos y sobraron adjetivos (des)calificativos sobre la expresidenta y Axel Kicillof.
La resonante victoria jurídica del país deja expuestas las bravuconadas dichas en el pasado reciente sobre la expropiación y quiénes la impulsaron. La realidad generalmente no calza en la lógica de la polarización extrema, el maniqueísmo de “nosotros somos buenos y morales y los demás son malos y ladrones”.
Por convicción, Milei no expropiaría YPF, aun en las peores circunstancias. Tampoco Mauricio Macri. Pero eso no convierte a la medida en incorrecta ni implica que su ejecución técnica haya vulnerado derechos de accionistas minoritarios. Son planos diferentes. Quizás podría haberse hecho mejor, quizás “más prolija”… o incluso no elegir ese camino. Podrían argumentarse mil variantes. Alguien sospechará que las razones de la entonces presidenta para expropiar eran más políticas que estratégicas. Lo real es que, 13 años después, YPF es la empresa insignia y un tribunal le acaba de dar la razón al país jugando de visitante y con un par de jugadores menos.
El fallo desafía los límites políticos del gobierno y del presidente en particular. Límites que se impuso a sí mismo cuando adoptó el fallo de primera instancia contra la Argentina como fuente de toda verdad y justicia. Como si fuera la profecía cumplida. La taba se dio vuelta y quedó expuesta la ceguera ideológica, la ficción polarizante entre buenos y malos que casi todos practican en la política argentina y la incapacidad del presidente de ocupar el rol de jefe del Estado, de salirse de la pelea barrial con el kirchnerismo y de los mitines de la ultraderecha española y estadounidense para calzarse el overol de estadista.
La Casa Rosada percibió enseguida que el fallo la dejaba en falsa escuadra, como dice el tango. Por eso reaccionó rápido en términos comunicativos y presentó como un triunfo propio lo que era una derrota en términos político-discursivos.
Donde no fue derrotado el gobierno fue en el plano jurídico. Por el contrario, hizo todo bien. Mientras en la esfera pública los argumentos confluían con el fondo Burford (uno motivado por intereses políticos y el otro por intereses económicos), en los expedientes el gobierno sostuvo que la expropiación fue sujeta a derecho, del mismo modo que lo hicieron administraciones peronistas y macristas. Puede afirmarse que la defensa de la expropiación fue política de Estado.
También Estados Unidos mantuvo una misma línea de defensa respecto del juicio de Burford contra el Estado argentino (recordar que ya la jueza Loretta Preska había quitado a YPF de la demanda). Las administraciones de Biden y Trump se involucraron en las demandas colaterales al juicio principal, oponiéndose tanto a la orden de que Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF como a los alcances del proceso de discovery (búsqueda de bienes para ser ejecutados).
La Casa Blanca vio en ambos casos una interpretación equívoca de Preska de la ley de inmunidad soberana de los Estados Unidos. Y es probable que la intervención en el caso haya tenido que ver con gestiones que este y el anterior gobierno argentino hicieron ante las administraciones demócrata y republicana a través de Cancillería y la embajada. En ese sentido, Milei está en su derecho de atribuirse mérito por su alineamiento incondicional con Trump.
Pero, en el fondo, Estados Unidos interviene motivado por intereses propios, porque es un país en guerra permanente, que embarga y bloquea a otras naciones, interviene empresas y las sanciona. No es un buen antecedente que una jueza estadounidense ordene embargar bienes soberanos fronteras afuera (es decir, que no están radicados en jurisdicción estadounidense) a pedido de accionistas minoritarios o que exija a gobiernos extranjeros información sensible, como la ubicación de las reservas del Banco Central, para ejecutar un fallo que ni siquiera está firme.
¿Qué pasaría si ese antecedente lo usan jueces de otros países a favor de accionistas minoritarios de empresas afectadas por sanciones o intervenciones decididas por la Casa Blanca? La comparación en estos términos está hecha de forma muy genérica, pero describe opiniones de expertos recogidas para este artículo en relación con el interés de la administración Trump para intervenir en el juicio de YPF, que es un caso cuya repercusión jurídica es mirada en buena parte del globo.
Según el procurador santafesino Jorge Barraguirre, quien fue parte de los equipos jurídicos que defendieron al Estado argentino por las demandas de empresas extranjeras después de 2001 en el Ciadi, esos tribunales arbitrales del Banco Mundial siguieron una línea completamente distinta, fallando a favor de los reclamos de accionistas minoritarios.
Ahora la Cámara de Apelaciones de Nueva York actuó en sentido contrario. Hizo prevalecer la Constitución y la ley argentina por encima del estatuto de una empresa, que es de donde se agarró Burford para reclamar que el Estado argentino solo le hizo oferta de compra de acciones a Repsol, que entonces era el socio mayoritario. Da algo de alivio saber que, mientras el gobierno de Estados Unidos bombardea países, amenaza a otros y captura presidentes extranjeros de forma unilateral sin siquiera el aval del Congreso, su sistema judicial ratifica la soberanía jurídica de las naciones.
También Mauricio Macri asume una posición difícil de comprender tras conocerse el fallo, posiblemente, al igual que Milei, porque contradice su posición histórica sobre la expropiación. Más aún, hubo hasta cierto regodeo de ambos cuando fue el fallo de primera instancia. Sus posicionamientos trasuntaron más placer por la consumación de la profecía cumplida que pesar por el alcance de un fallo a favor de un fondo que compró derechos de juicio por 15 millones de euros y estuvo a punto de llevarse el 70% de 18.000 millones de dólares.
Pasan los años, los gobiernos y Argentina sigue haciendo producir a la otra YPF, la de los Yacimientos de Políticos Fanáticos. Milei llegó a decir que pondría el “impuesto Kicillof” –a quien insulta casi a diario– para que todos los argentinos paguemos esa deuda.
El viernes, el expresidente Macri echó mano a la red social X para capitalizar parte del mérito por el resultado del juicio. Le corresponde. Lo llamativo fue que en el segundo párrafo del texto insiste en que fue una “expropiación ilegal”. En el siguiente afirma que “los argumentos que tomó la Cámara de Apelaciones norteamericana son los mismos que originalmente presentó nuestro procurador, Bernardo Saravia Frías, lo que da un nuevo valor a su gran desempeño”. Efectivamente, los jueces le dieron la razón a la posición argentina que inició Saravia Frías en el sentido de que la expropiación fue ajustada a derecho y que no hubo expropiación ilegal.
Bernardo Saravia Frías fue designado procurador en 2017, cuando gobernaba Juntos por el Cambio. Había sido abogado defensor privado del Grupo Macri y el kirchnerismo lo cuestionó porque en ese entonces se discutía fuerte sobre el juicio del Estado contra el grupo Macri por la deuda del Correo Argentino.
En las últimas horas, desde distintos lugares destacaron su labor. Siendo un abogado liberal, orientó la línea de defensa que mantuvieron las administraciones siguientes y que giró sobre tres ejes: la preeminencia de la ley argentina sobre el estatuto de la empresa del que se agarraban los accionistas minoritarios; que el juicio debía llevarse a cabo en el país; y que la expropiación fue ajustada a derecho. Posiblemente, si en ese momento alguien le preguntaba al procurador su opinión política personal sobre la expropiación, se hubiera manifestado en contra, pero en representación del Estado asumió una posición profesional frente a los que presionaban para ir a negociar con Burford.
Esto habla bien de Macri. Que, a pesar de sus críticas a la expropiación, en la práctica dio respaldo político para que Saravia Frías y la Procuración defendieran la decisión adoptada por el Congreso en el caso YPF. Los expertos dicen que haber mantenido la línea argumentativa todos estos años incide en gran manera en las decisiones de jueces como estos.
Por qué había que expropiar
Claramente, en la actual etapa del capitalismo, expropiar es mala palabra. Por cuestiones ideológicas, pero también concretas. Genera dudas y retracción entre los actores económicos. Agita fantasmas sobre seguridad jurídica.
Ni Milei ni Macri hubieran expropiado, pero el modelo actual de YPF no solo funciona, sino que no les molesta. En 2012 el Estado compró el 51% y en paralelo nombró una línea gerencial profesional para dar garantías a inversores y otros accionistas, que entonces comandó Miguel Galuccio. Esa medida la mantuvo relativamente blindada de la intervención de la política en el funcionamiento operativo.
El economista Gustavo Reija aportó una mirada muy interesante que va más allá de la disputa política entre Kicillof, Cristina, Macri y Milei al preguntarse: “¿Qué hace Argentina con YPF ahora que el riesgo jurídico de USD 16.100 millones se desactivó?”.
Advierte que “el fallo de Nueva York cerró un riesgo, no abrió una política”. Y concluye: “Mientras la dirigencia procesa quién se saca la foto, YPF sigue exportando crudo sin refinar, importando insumos petroquímicos que podría producir localmente y operando sin una estrategia de integración vertical que convierta el segundo reservorio no convencional del planeta en la base material de un proyecto de desarrollo industrial sostenido”.
La cuestión ahora es qué va a hacer el gobierno de Milei con YPF. Privatizarla no puede mientras no revierta el blindaje legal que le puso el Congreso. ¿Desarrollarla más allá de la exportación de petróleo? ¿Puede consolidarse YPF como la proa del aparato productivo nacional? ¿Está dispuesto el presidente Milei a tomar ese sendero?
