El empleado municipal Alberto "Chino" Morales y otro hombre identificado como Mariano Cimolini, vinculado a cooperativas de trabajo, fueron imputados y quedaron en libertad. En el marco de esa investigación fue allanada la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales el martes de la semana pasada. El juez Florentino Malaponte dictó cauciones económicas para ambos. En el caso de Morales por 40 mil pesos y al otro acusado por 220 mil pesos.
Morales y Cimolini fueron imputados por el fiscal Enrique Paz por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho. Según el fiscal, formaron parte de una organización –junto a una tercera persona– que funcionó al menos desde el 15 de mayo de 2015 hasta junio de 2017, dedicada a captar personas prometiéndoles trabajo en la Municipalidad a cambio de una dádiva.
De acuerdo a la acusación de Paz, Cimolini y Morales se jactaban de hacer valer indebidamente su influencia ante funcionarios públicos con el objetivo de conseguir contratos de trabajo a quienes pagaran una suma de dinero. Previo a ser empleados en la administración local debían cumplir tareas en cooperativas de trabajo que administraban ambos.
De acuerdo a la evidencia, Alberto "Chino" Morales les hacia saber el monto de dinero que tenían que abonar, los requisitos que tenían que cumplimentar y el resto de las condiciones de su ingreso, prometiéndoles contratos para trabajar como empleados en planta permanente del municipio, previo afiliarse a las Cooperativas de Trabajo asignadas, entre las que se encontraban 4 de Enero y Progresar Limitada, donde se iban a desempeñar laboralmente por un tiempo determinado.
Las secretarías señaladas donde, según la promesa de los imputados, iban a ser destinados eran las de Deportes e Ingeniería de Tránsito, entre otras.
Otro integrante de la asociación ilícita era el encargado de solicitar los contratos a las autoridades de las diferentes secretarías, los que eran otorgados a nombre de las diferentes cooperativas de trabajo que los imputados administraban, para que de esa forma, las personas captadas se puedan desempeñar laboralmente en las mismas, previo a haber abonado la suma de dinero exigida. Asimismo, éste era el encargado de remitir a las altas autoridades de la Municipalidad de Rosario, el listado con el nombre de las personas previamente afiliadas a las cooperativas asignadas, con el fin de ingresarlas a planta permanente o transitorio a la Municipalidad de Rosario, tal como fuera prometido a las diferentes personas captadas por Mariano Cimolini, quienes abonaran previamente la suma de dinero establecida.
Cimolini, en tanto, fue imputado de mover los contactos para que los contratos sean otorgados a las cooperativas que los imputados manejaban, entre la que se encontraba "Progresar limitada", que él mismo administraba, y con el objetivo que las personas captadas pueden desempeñarse laboralmente en dichas cooperativas, cumplimentando de ese modo, el primer paso de la maniobra que culminaría con el ingreso de las víctimas, captadas por Cimolini, como empleados en planta permanente o transitorio en la Municipalidad de Rosario.
Mariano Cimolini además se encargaba de llevar a cabo todos los trámites administrativos necesarios para que las personas captadas puedan empezar a trabajar en dichas cooperativas (inscripción en el monotributo, recepción de documental, afiliación en las mismas), previo pago de la suma de dinero establecida. También se encargaba de abonarle el sueldo a los afiliados de las diferentes cooperativas, hasta su ingreso como empleado. a la Municipalidad de Rosario, previo descuento en algunos de los casos de la suma de dinero que tenían que pagar, tal como fuera establecido por el propio Cimolini.
Asimismo se le imputaron a Cimolini dos hechos uno ocurrido en fecha anterior al día 17 de marzo de 2017 y otro en fecha anterior al 31 de marzo de 2017. Mediante otra persona de la asociación, solicita y/o recibe dinero y/o alguna dádiva apreciable económicamente de dos víctimas distintas con el fin de hacer valer indebidamente su influencia ante funcionarios públicos de la Municipalidad de Rosario con quienes mantenían estrecha relación, con el objetivo que a ambas las hagan ingresar como empleado en planta permanente o transitorio a dicho organismo municipal. Para ésto las víctimas debían afliarse a unas de las cooperativas que administraban donde trabajarían por 6 meses bajo la dependencia de Ingeniería de Tránsito hasta su traspaso a la Municipalidad de Rosario como empleados.
