El gobierno de Santa Fe apelará un fallo judicial que impidió que se subasten 4 vehículos de alta gama que habían sido secuestrados a bandas delictivas. La decisión judicial apuntó a que los propietarios de los coches no han sido aún sentenciados abriendo una polémica en relación a la aplicación de la ley 13.579 que habilita el decomiso de bienes obtenidos como consecuencia de delitos cometidos en jurisdicción provincial, sancionada por unanimidad en la Legislatura en 2016.
El secretario de Gestión Pública provincial y titular de la Agencia de Bienes Decomisados (Aprad), Matías Figueroa Escauriza, confirmó en diálogo con A Diario (Radio 2) que recurrirán a la Justicia para apelar el fallo del juez Hernán Postma quien ordenó ayer al gobierno provincial frenar las subastas anticipadas de 4 autos incautados a personas que, actualmente, son juzgadas en Rosario por delitos. "Es una causa en particular en la que el juez quiere esperar que se termine el proceso. Vamos a apelar", sostuvo el funcionario.
Según anticipó hoy el diario La Capital, el magistrado señaló que la administración desobedeció una orden judicial previa que ordenaba no realizar las subastas hasta que hubiera una sentencia definitiva contra las personas a las que se les secuestraron los vehículos y reprochó que la provincia no haya interrumpido los remates, que se concretaron dos días después de la decisión judicial que exigía no innovar. También ordena que el Estado devuelva el dinero de tres de los autos a los compradores.
Los autos en cuestión son dos BMW, un Mini Cooper y un Citroen C4. Los tres primeros se incautaron a la llamada banda de Los Romero, de la zona de Nuevo Alberdi, varios de cuyos miembros están presos por delitos violentos y lavado de dinero. El abogado Marcelo Martorano reclamó el freno a la subasta de estos vehículos basado en que uno de sus clientes, Jorge Martín, era el propietario legal de los vehículos. La Fiscalía sostiene que Martín es un agenciero que recibió esos vehículos de Hernán "Lichi" Romero. Sin embargo, el planteo fundamental del letrado es que es inconstitucional que se expropien bienes a una persona acusada de un delito y se los entregue a subasta cuando no hay una sentencia firme, vale decir, cuando esa persona es formalmente inocente.
“La ley provincial de venta anticipada de bienes decomisados está vigente y tanto el juez como la Cámara que se expidieron no plantearon que fuera inconstitucional. Nosotros somos gobierno y debemos ejecutarla. Así hemos hecho con 50 vehículos y no hemos tenido problemas, salvo esta causa en la que el juez pide el juez no dice que es inconstitucional y no explica por qué quiere suspender la subasta”, remarcó.
De acuerdo a lo que explicó, la legislación contempla la absolución de los acusados cuyos vehículos fueron subastados. “En ese caso se les devuelve el dinero con los intereses financieros”. Luego, consideró que no ponerlos a la venta implica que el Estado deba preservar esos bienes a costos excesivos: “Antes de la ley los vehículos quedaban en un depósito o a la intemperie, nosotros no podemos dejar que se deprecie su valor económico porque en ese caso hay que devolvérselos y es muy caro mantenerlos, por eso los vendemos anticipadamente”, planteó.
A continuación, se refirió al caso puntual de los autos cuya subasta fue parada: “Los Romero no pudieron justificar cómo compraron esos autos, no hay dinero en blanco y si el día de mañana son condenados se puede preservar el valor económico de sus bienes”.
Figueroa Escauriza defendió la aplicación de la norma: “Hemos vendido 50 vehículos y sólo hemos tenido problema con 4” y apuntó: “Estamos tocando delincuentes de guante blanco, estas son pequeñas trabas en medio del cambio de un paradigma, es lo que pasa cuando queremos hacer un cambio troncal tenemos resistencias. En Argentina no se pudo implementar, sólo se hace esto en Santa Fe y lo tenemos que sostener como política de Estado”.
