Joel Gabriel “JJ” Ibarra, un hombre de 31 años oriundo del sur rosarino que está privado de la libertad desde hace doce años, volvió al banquillo, esta vez acusado de instigar un crimen mediante la contratación de un gatillero.
La investigación que ahora llegó a juicio volvió a mostrar cómo un detenido que ingresó al Sistema Penitenciario como preso común se reconvirtió en un actor del crimen organizado a partir de la alianza con otros reclusos y del uso indiscriminado de teléfonos celulares para comunicarse con el exterior.
Ibarra está acusado de haber ordenado matar a Maximiliano Daniel “Cordobés” Bazán, quien fue acribillado en el pasaje Villar en marzo de 2023. El WhatsApp cursado por Ibarra, según la investigación, partió desde la cárcel de Coronda, donde se encontraba alojado. Quien habría recibido la orden fue el gatillero fungible Benjamín Emanuel Farías, hoy de 21 años, junto con un cómplice no identificado. Para ambos, la acusación solicitó prisión perpetua.
Viejo protagonista
Ibarra, vecino de la cortada Pedro De Paoli al 3500, está a la sombra desde enero de 2014, cuando la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) lo detuvo en pasaje Villar y Esmeralda por presentar dos pedidos de captura por homicidio: las muertes de Nicolás Horacio López, jugador de las inferiores de Central, y Nicolás Iván Basualdo. Ambos fueron acribillados en un lapso de 15 minutos una madrugada de febrero de 2013, en el mismo barrio de la zona sur. En aquel entonces, Ibarra tenía 21 años.
En diciembre de 2016, Ibarra fue condenado en un juicio oral a 20 años de prisión por esas dos muertes violentas y una tentativa. Hasta el final se declaró inocente. Incluso recurrió a una segunda instancia, pero los camaristas le bajaron el pulgar y confirmaron la condena en 2017.
Años después, el 22 de marzo de 2023, un escrito intimidante que apareció en la primaria Nº 61 Juan Galo Lavalle, en Juan Manuel de Rosas al 4000, volvió a traer a Ibarra a la escena pública. Eran tiempos de una sostenida violencia callejera. Y de una marca registrada de la narcocriminalidad local: presos comunes que ingresaron al Servicio Penitenciario como tiratiros barriales o asaltantes y, una vez en el encierro, se erigieron como contratistas de mano de obra del delito más violento.
“Joel Ibarra, que está preso en el pabellón 8 de Coronda, es el que manda a tirar tiros en las escuelas. Se mete con los chicos. Seños, hagan algo. Justicia. Con los chicos, no”, decía el escrito, probablemente digitado por una banda rival a modo de escrache. Ese día se suspendieron las clases.
La muerte del Cordobés, a juicio
Casi veinte días antes de ese anónimo, en los primeros minutos del 4 de marzo de 2023, en un pasillo cercano al cruce de Chacabuco y pasaje Villar, mataron de un tiro en la cabeza a Maximiliano Daniel “Cordobés” Bazán, de 30 años.
El crimen fue prácticamente en la puerta de la casa de la víctima, ubicada en Villar al 19. La dupla de tiradores no escatimó plomo: la Policía reportó 14 vainas y 9 impactos en un domicilio.
Nada se supo durante más de nueve meses de este caso, salvo que Bazán tenía algunos antecedentes por delitos de poca monta en la década pasada. Días después, el escrache a Ibarra apareció en la escuela de Juan Manuel de Rosas al 4000.
Para la Fiscalía, Ibarra instigó el asesinato de Bazán por WhatsApp desde su celda en Coronda. Quien habría cumplido la orden fue Benjamín Farías, de 22 años, otro joven de Tablada, que dijo ser herrero. Habría un tercer implicado no identificado.
Según indicó la Fiscalía, Farías cayó detenido ese mismo 4 de marzo, a las 20, en un pasillo de la Vía Honda, en Cerrillos al 3900, en la zona oeste. Llevaba un chaleco balístico y una pistola 9 milímetros.
La calificación legal dio cuenta de un crimen premeditado y con promesa remuneratoria, es decir, que hubo dinero de por medio. El delito prevé prisión perpetua y así lo pidió este lunes la fiscal Carla Ranciari ante el tribunal integrado por Mariano Aliau, Pablo Pinto y Paola Aguirre.
Asesinato de un policía
Más allá de lo debatido en este juicio, Ibarra además posee una causa abierta como uno de los autores del plan de extracción del preso Gabriel Encina, cuando este era atendido por tuberculosis en el Hospital Provincial, incursión que terminó con el asesinato del policía Leoncio Bermúdez en la puerta del centro de salud.
Este grave episodio tuvo lugar el 14 de noviembre de 2023 y, según la investigación, Ibarra dio la orden desde la cárcel de Piñero, donde seguía comunicado con el exterior desde el pabellón 8.
