Dos semanas atrás, Discord, una app que combina mensajería al estilo WhatsApp, foros de la vieja escuela y un chat de voz en tiempo real, anunció que desde marzo activará en todo el mundo su nueva configuración “Teen-by-default”, un modo de protección que automáticamente aplica mayores restricciones hasta que el usuario verifique su edad. Aquellos que no lo hagan perderán el acceso a canales y contenidos marcados como +18 y encontrarán que la plataforma limitará algunas funciones consideradas de mayor riesgo, entre ellas, recibir mensajes de contactos que no figuran en la agenda. También quedarán excluidos de algunas comunidades, incluso si ya formaban parte de ellas con anterioridad.
Lo que encendió la discusión no es la medida en sí, sino el método. Discord plantea tres vías principales para identificarse, la primera es la inferencia por comportamiento mediante IA, que analiza patrones de uso para detectar adultos sin pedir datos. La segunda es una verificación por video-selfie, donde el usuario graba un video de su rostro desde la app y el sistema analiza los rasgos para estimar si es mayor o menor de edad. El tercer método consiste en subir una foto del DNI o pasaporte, junto con una selfie para comprobar la coincidencia.
Ese mecanismo es, precisamente, el que generó la polémica. En octubre de 2025, un proveedor externo de validación de identidad que trabajaba con Discord fue atacado por hackers, y los nombres reales, correos electrónicos, información de tarjetas de crédito e imágenes de documentos oficiales -como licencias y pasaportes- de más de 70.000 usuarios quedaron expuestos. Discord ya venía implementando estos procesos de verificación en el Reino Unido desde julio de ese mismo año, obligado por la Online Safety Act, la Ley de Seguridad en Línea que exige controles efectivos de edad para acceder a plataformas donde podría haber contenido adulto.
Este antecedente se transformó rápidamente en un argumento simple pero fuerte, si ya hubo filtraciones vinculadas a documentos enviados para verificación, ¿qué garantías existen de que no vuelva a ocurrir? La discusión, entonces, ya no gira solo en torno a la protección de menores, sino al equilibrio entre seguridad, privacidad y acumulación de datos sensibles en manos de empresas o estados. La jugada de Discord no es un impulso repentino, sino que responde a una nueva tendencia global regulatoria, donde los gobiernos obligan a las plataformas a gestionar la verificación de edad de los usuarios para evitar que los menores accedan a contenido dañino o perjudicial.
¿Cuál es este tipo de contenido? La definición es tan amplia y vaga que no solamente incluye a las páginas triple equis, algo lógico y esperable, sino que también generó situaciones curiosas. Así, material que sin ser explícitamente para adultos -como listas de Spotify, grupos para dejar de fumar o hasta un discurso de un miembro del Parlamento sobre pornografía infantil- quedó inaccesible para quienes, por el motivo que sea, eligieron no validar su mayoría de edad. La propia Fundación Wikimedia, la organización sin fines de lucro que gestiona Wikipedia, declaró explícitamente que no verificará la edad ni la identidad de sus usuarios y colaboradores, ya que crearía un riesgo de seguridad enorme, especialmente para aquellos que viven en países con fuerte vigilancia estatal.
Inspirados en el Reino Unido, en los últimos meses varios países anunciaron planes para restringir el acceso de niños y adolescentes no ya a sitios donde puedan encontrar contenido para adultos, sino directamente a las redes sociales. El motivo, como siempre, es altruismo puro: proteger a los menores de los contenidos nocivos de internet, especialmente del acceso a la pornografía, pero también el bullying, el grooming y los discursos de odio. Bajo el enorme paraguas de lo que las autoridades consideran dañino para los niños, también se incluye material que promueva trastornos alimenticios, autolesiones, suicidio, o el scroll infinito, esa función que carga contenido nuevo automáticamente a medida que se acerca el final de la pantalla.
Australia implementó estas restricciones a finales del año pasado, prohibiendo a los menores de 16 años utilizar Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit, Kick y Twitch. En los primeros días de vigencia, se estima que se desactivaron o bloquearon más de 4,7 millones de cuentas sospechadas de pertenecer a menores. La ley australiana traslada toda la responsabilidad a las plataformas tecnológicas, que pueden enfrentar multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 32 millones de USD) si no demuestran que están tomando "medidas razonables" para impedir el acceso de los jóvenes.
El modelo australiano resultó ser el combustible ideal para una oleada de proyectos similares que ya recorren Europa y el sudeste asiático. Mientras que en Malasia el gobierno ya anunció planes para implementar la prohibición de redes sociales a menores de 16 años antes de que termine 2026, en Dinamarca el gobierno ya cuenta con el apoyo político para implementar una prohibición a menores de 15 años a mediados de este año, respaldada por una aplicación gubernamental para verificar la edad.
Francia, Grecia y Eslovenia transitan caminos casi idénticos, con proyectos que buscan fijar el límite de acceso en los 16 años, mientras que Irlanda confirmó esta semana que presentará una ley para prohibir directamente el uso de redes sociales a menores de esa edad. En Alemania y el Reino Unido, en cambio, las coaliciones de gobierno muestran mayores dudas sobre una prohibición total, y el debate ya no gira en torno a si intervenir o no, sino a cómo hacerlo sin vulnerar derechos civiles, incluso contemplando por ley la eliminación de funciones consideradas adictivas como el scroll infinito.
España se sumó a este bloque con una propuesta más radicalizada, ya que no solo busca prohibir el uso de redes a menores de 16 años, sino que además intenta cruzar una frontera legal inédita. El plan del gobierno español, anunciado a principios de febrero, contempla leyes que responsabilicen personalmente a los directivos de las empresas tecnológicas por los discursos de odio que circulen en sus plataformas.
Creer que la implementación de estas políticas duras tendrá un impacto positivo en la salud mental y el desarrollo cognitivo de los jóvenes es, cuanto menos, una afirmación apresurada, con mucho de expectativa y poco de conocimiento de la realidad. El problema es que internet no funciona como una habitación con una sola puerta, y cuando se cierra una, se abre otra. La experiencia en distintos países muestra que las restricciones estrictas no eliminan el comportamiento, sino que lo desplazan.
Eso es lo que sucedió con Discord luego de que anunciaran la verificación global de identidad a partir de marzo. TeamSpeak, una plataforma de comunicación por voz que muchos daban por muerta, experimentó tal aumento de usuarios que el pasado 14 de febrero su capacidad de alojamiento llegó al 100% de ocupación. Tuvieron que abrir de urgencia nuevos centros de datos en Frankfurt y Toronto para absorber a los "refugiados" de Discord. En este contexto, el gran atractivo de TeamSpeak es su modelo descentralizado, donde ni siquiera es necesario crearse una cuenta para unirse a un chat de voz, lo que lo convierte en el antídoto perfecto para quienes huyen del escaneo facial.
En Australia, por ejemplo, mientras las grandes plataformas comenzaron a bloquear cuentas de menores, surgieron reportes de migraciones hacia servicios menos conocidos, aplicaciones de mensajería cifrada o plataformas radicadas en jurisdicciones con controles más laxos. Lo mismo ocurrió en Reino Unido tras la entrada en vigor de la Online Safety Act, donde parte del tráfico adolescente simplemente se movió hacia espacios más difíciles de monitorear. En ambos casos se reportó un pico histórico en la descarga de aplicaciones de VPN por parte de jóvenes que buscan simular conexiones desde otros países para mantener sus cuentas activas.
Como era de esperarse, la respuesta de la política fue tensar un poco más la cuerda. Hace apenas unos días, el primer ministro británico Keir Starmer anunció que su gobierno planea restringir el uso de VPNs para menores, cerrando lo que él llama “el último gran agujero legal” de la protección infantil en internet. Sin embargo, esta ofensiva plantea no solo un debate ético enorme, sino especialmente técnico. Las VPNs son, ante todo, herramientas de ciberseguridad para cifrar datos y proteger las comunicaciones en redes públicas. Obligar a los proveedores de estos servicios a implementar sus propios sistemas de identificación elimina el anonimato, que es, entre otras cosas, la razón de ser de esta tecnología.
Detrás de la retórica de la protección infantil comienza a consolidarse una realidad menos visible, la construcción de sistemas de identificación obligatoria para acceder a internet. En la práctica, verificar la edad equivale a comprobar la identidad, lo que implica entregar datos biométricos o documentación personal, y convierte la navegación anónima en una excepción, cuando no en una imposibilidad. Pese a las incomodidades que genera en el debate político, el anonimato ha sido uno de los pilares que sostienen la privacidad, la seguridad y la libertad de expresión en la red, tanto para periodistas y activistas como para cualquier ciudadano que prefiera participar en espacios online sin temor a juicios sociales o persecuciones.
Lo llamativo es que estas políticas no surgieron de regímenes autoritarios, sino de países que durante décadas defendieron la apertura y la libertad en internet como parte de su identidad democrática. Porque, en el fondo, el anonimato no es un permiso para el mal, sino un escudo contra la tiranía de la mayoría, contra la vigilancia estatal y corporativa, contra las represalias que silencian opiniones incómodas.
Cuando cerramos esa puerta en nombre de la seguridad de los niños, no solo desplazamos a los adolescentes hacia rincones más oscuros y menos regulados; debilitamos el corazón mismo de una internet abierta, donde la libre expresión no pide permiso ni identificación. Como bien resumió Edward Snowden, “decir que no te importa la privacidad porque no tenés nada que ocultar, es lo mismo que decir que no te importa la libertad de expresión porque no tenés nada que decir”.
