La agroexportadora Vicentin salió este lunes a defender la "transparencia" del concurso de acreedores luego de que el jueves la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe decidiera suspender los plazos procesales y pedirle los expedientes del caso al juez comercial, Fabián Lorenzini, para analizar la marcha de ese proceso.
La intervención de la Corte -la tercera en su tipo en 50 años, lo que marca la importancia de la decisión- fue activada por la denuncia de un importante acreedor (Grassi SA) sobre fuertes irregularidades cometidas y por cometerse en el proceso (cuyos argumentos podes leer haciendo clic acá) y se tomó a dos semanas de que Vicentin fuera a presentar ante Lorenzini un acuerdo con sus acreedores.
Ahora, con el proceso está paralizado, volvió a tomar fuerza la alternativa de un "cram down", o toma de control por parte de los acreedores, como impulsan el Banco Nación y Grassi SA. Y hasta el presidente Alberto Fernández salió ayer a resaltar la conveniencia de contar con “una empresa testigo que ordene el mercado”.
Ante toda esa situacion, el directorio de Vicentin S.A.I.C. emitió este lunes un comunicado oficial en que manifiesta:
1) "Que ratifica su confianza en las instituciones -en especial en la justicia provincial- y que aguarda con expectativa la reanudación de los plazos procesales a fin de terminar la acreditación de las conformidades requeridas por la Ley de Concursos y Quiebras para alcanzar un Acuerdo con sus legítimos acreedores;
2) Que la suspensión de plazos se ha ordenado en vísperas de la Audiencia Informativa establecida por la ley concursal, fijada para el día Miércoles 22 de Junio a las 17.30h, en la que Vicentin S.A.I.C. debía brindar explicaciones respecto de la negociación llevada a cabo con sus acreedores, especialmente cómo iba a alcanzar las mayorías de ley dentro del plazo del período de exclusividad, y los asistentes podían formular preguntas sobre la propuesta;
3) Que hasta la fecha, el proceso concursal ha discurrido, más allá de las dificultades propias de la envergadura e impacto de dicho proceso, de manera transparente, con la activa participación e involucramiento de todas las partes y bajo una rigurosa supervisión tanto del juzgado, como de la sindicatura y de los interventores actuantes impuestos por el propio juzgado;
4) Que la propuesta -que a la fecha cuenta con el apoyo de más de 1.000 acreedores- tiene posibilidades concretas de alcanzar la declaración de “Existencia de Acuerdo”;
5) Que esta propuesta, creíble, sustentable y autosuficiente, es la única alternativa concreta que permite a los acreedores de la Sociedad recuperar sus acreencias en los términos aceptados por las mayorías de ley;
6) Que todas las explicaciones relativas a un hipotético cramdown -imposibilitado por el apoyo mayoritario de los acreedores a la propuesta- sólo llevan a confusión a la audiencia no especializada, puesto que ninguna de ellas explica cómo se va a financiar la actividad de Vicentin, de dónde saldrán los 300 millones de dólares de capital de trabajo necesario para operar, cómo recuperarán sus acreencias los acreedores -todos, no solamente los granarios- y cómo se protegerán los 1.500 puestos de trabajo directos durante una aventura sin conducción ni capacidad financiera".
Y luego de enumerar esos 6 puntos, el directorio de Vicentin resalta: ""Por todas estas razones, esperamos poder terminar en el tiempo previsto la reorganización final de la Sociedad y comenzar con los pagos lo antes posible, lo que permitirá superar definitivamente esta etapa tan difícil y continuar operando de manera segura y confiable hacia un futuro sustentable"
Finalmente, sobre las declaraciones de Alberto Fernández, la agroexportadora en default sostuvo: " Que Vicentin no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos, puesto que Vicentin es tan solo una (gran) empresa de molienda que transforma granos en aceite y harina. Su participación antes de la presentación en concurso nunca alcanzó el 15% del sector".
