Contener las subas en los alimentos es hoy en día una prioridad para la gestión de Alberto Fernández que viene poniendo la lupa en este sector a partir de acciones llevadas adelante, principalmente desde la Secretaría de Comercio Interior. Sin embargo, la estrategia oficial se complica ante un escenario de tensión por la segunda ola de contagios de Covid-19 en el país y la inflación que continúa en pleno ascenso.

El jueves 15 de abril el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmará la variación del promedio de los precios al consumidor de marzo y consultores privados estiman que se ubicará en torno al 4%, sumándose al 3,6% de febrero y al 4,1% de enero, lo que daría una suba para el primer trimestre por encima del 11%.

La consultora Eco Go, dirigida por la economista Marina dal Poggetto, realizó un estudio que mide el arranque de abril en materia inflacionaria. El mismo arrojó una inflación del 2,1% en alimentos y bebidas, con una “aceleración del 1,5% en el margen y un incremento del 4,2% al compararse contra la primera semana de marzo”.

Según el informe, el segmento más complejo es la carne, donde los "cortes delanteros" (asado, vacío, falda, paleta, por citar algunos) marcaron una suba promedio del 8,2%, mientras que los "cortes traseros" (bola de lomo, cuadril, nalga), una suba del 5,7% Le siguieron las bebidas que subieron un 5,7% y el pan con un alza del 3,5%. Las verduras lo hicieron en un 3,4%.

¿Qué hacer con los congelamientos?

La Secretaría de Comercio Interior prorrogó el programa Precios Cuidados que vencía el pasado 7 de abril y ahora quedó extendido hasta julio con un aumento que rondó el 5% en productos que lo integran que ascienden a 660. Del lado de las empresas, se aduce una pérdida de rentabilidad debido a la inflación y la imposibilidad de traducir estos costos al valor final de sus productos debido al esquema de congelamientos actual, donde también se encuentra incluido el programa Precios Máximos.

"El impacto sobre el índice de liberar los precios de los productos congelados es innegable, pero mantenerlos congelados resulta insostenible en un contexto en el que la dinámica de costos se encuentra en ascenso”, sentenció el informe de Eco Go.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) y dueño de Maxiconsumo, Victor Fera, sostuvo que, a la hora de buscar un control, el Gobierno no debería centrar su estrategia en contener los mismos cuando llegan a las góndolas sino en los eslabones donde se inicia la elaboración de esos productos.

"Hoy en día hay una tensión muy grande entre el Gobierno y las alimenticias por los productos que quedaron comprendidos en Precios Máximos, una política que fue muy útil al comienzo de la pandemia pero que ya debería haber terminado. El problema es que si no se interviene desde la materia prima de donde salen, por ejemplo, los envases, sector que concentra un gran monopolio, entonces ese control no es efectivo, no resuelve el problema", consideró Fera.

Desde la dirección Comercial del Micropack, Alberto Guida coincidió con Fera al señalar que la solución más útil a implementar por parte del Estado sería un control de precio de los productos “desde su salida de fábrica" y destacó que el mismo no se logra a partir de un congelamiento, sino a través de un análisis de reducción de costos donde se evalúen todos los factores que intervienen en el valor final de una mercadería.

"El dólar tuvo una variación en un año que supera el 40% mientras que las actualizaciones de precios en alimentos se ubicaron en torno a un 17%, eso implica un atraso de un 20%. Bajo esta realidad, las industrias pierden lógicamente ingreso y también lo hacen frente a las multinacionales que son las que tienen mayores beneficios y manejan otras alternativas de negociación", destacó Guida.

La falta de stock acecha a comerciantes

Desde el sector del retail vienen advirtiendo hace tiempo que distintas empresas de la industria alimenticia y la limpieza ofrecen productos por encima de los valores de Precios Máximos. Para esto, se valen de un cambio en el packaging o en las etiquetas con los cuales logran saltear el esquema de controles, al hacerlos pasar por artículos distintos a los comprendidos dentro de las listas.

"El conflicto entre Estado y empresas nos perjudica y perjudica al consumidor que va a buscar determinado producto, no lo encuentra y termina comprando en base a la oferta que hay".

A nivel local, Sergio López, titular de la Cámara de Supermercadistas de Rosario (Casar), precisó que esta problemática perdura en los distintos establecimientos comprendidos dentro de su sector: "nosotros creemos que no es ni el 5% o 6% de aumento que da el Gobierno ni el 40% o 45% que piden las grandes empresas como recomposición de precios. Pero esta dualidad lleva a que las industrias nos realicen una entrega cuantificada de los productos comprendidos en los programas nacionales"

Si bien varios fabricantes sostuvieron que la disminución en las entregas se debe al contexto actual de pandemia y a una menor capacidad a la hora de producir, López destacó que es la forma que encuentran de presionar a la gestión oficial para que ceda en mayores aumentos. "El conflicto entre Estado y empresas nos perjudica y perjudica al consumidor que va a buscar determinado producto, no lo encuentra y termina comprando en base a la oferta que hay".

Esta situación no solo afecta a la venta minorista, sino también a mayoristas como el Micropack. En este sentido Guida señaló que muchas veces reciben la mitad de los pedidos realizados por lo que solo cuentan con mercadería para afrontar medio mes con determinadas marcas. Las faltantes se vienen notando en categorías como lácteos, limpieza y aceites.

Para lograr hacer frente a esta problemática, desde el Gobierno anunciaron una serie de nuevos controles puestos en marcha a través del "Sipre", un sistema que impone a las grandes alimenticias informar una serie de cuestiones relacionadas los costos de venta de los productos, niveles de stock y facturación.

"“A medida que el dólar no se devalúe de la forma en la que lo hizo en el 2020 los precios van a tender a mantenerse estables"

Esto no cayó para nada bien en la vereda de enfrente, donde las industrias plantearon que recurrirán a una instancia judicial para hacer su reclamo al considerar que se trata de información confidencial y que la implementación de este sistema les conllevaría costos adicionales para su implementación, según ellas, imposibles de afrontar en este contexto.

“Se hacen muchas cosas para aparentar que se hace algo, pero esto lo único que implica a las empresas es mayores gastos, no va a solucionar la cuestión de fondo”, señaló Fera, quien igualmente se mostró positivo sobre la posibilidad de que los vaivenes económicos se frenen un poco en los próximos meses teniendo en cuenta una serie de variables macroeconómicas que no estaban presentes el año pasado.

“A medida que el dólar no se devalúe de la forma en la que lo hizo en el 2020 los precios van a tender a mantenerse estables. Durante ese año y parte de este, inclusive, subieron muchos los commodities a nivel internacional y este combo impactaba dos veces en el precio. Hoy por hoy los mercados internacionales no están subiendo y el dólar se viene devaluando en una menor proporción lo que da un horizonte de mejoría en los próximos meses”, destacó el presidente de Cadam.

Segunda ola y consumo

Si en algo coincidieron desde el sector comercial a la hora de hablar de segunda ola y consumo es en el hecho de que las personas no van a tender a la compra masiva y aprovisionamiento de productos como sucedió al comienzo de la pandemia. De acuerdo a sus reflexiones, se trata de una conducta innecesaria, que solo ayuda incentivar un miedo inexistente ya que, a pesar de la falta de stock en algunas categorías, la industria tiene amplia capacidad para satisfacer la demanda existente en el mercado.

Sin embargo, en cuanto a cambios en las tendencias de compra, percibieron un aumento en la adquisición de segundas y terceras marcas en segmentos donde antes la gente se inclinaba por adquirir un producto solo si era de primer nombre, como en el caso de gaseosas o golosinas.

“Hoy la gente lo que trata es de que sus recursos económicos sean los más elásticos posibles, sobre todo porque los salarios no logran compensar los aumentos que hay en los distintos rubros. Tampoco hay tanto margen de ajuste de precios dada esta situación así que creo que la mayoría de los productos pueden llegar a mantenerse un tiempo sin grandes variaciones”, consideró Guida.

Bajo este panorama cobra gran relevancia la Ley de Góndolas anunciada por la gestión de Alberto Fernández, que establece que se deberá contar con al menos cinco proveedores distintos por cada categoría de productos y que ninguno supere el 30% del espacio de exhibición en góndolas; incluyendo espacios para micro y pequeñas empresas y un 5% de espacio de exhibición en góndolas para empresas de agricultura familiar/campesina/indígena y sectores de la economía popular.

Fera consideró que se trata de una medida muy inteligente al permitir una competencia en términos justos y, a la vez, un mecanismo de contención de precios ya que, al compartir espacios con otras marcas, las empresas más grandes posiblemente buscarán que sus valores finales no tengan una gran diferencia con los artículos de otros jugadores para mantenerse como una opción atractiva y no perder clientela.