La región Rosario–Santa Fe está viviendo una foto incómoda: las señales de transformación macroeconómica no llegan como un viento parejo, sino como ráfagas que empujan a algunos sectores, asfixian a otros y obligan a recalcular estrategias en tiempo real. La misma dinámica aparece en el frente institucional: mientras el mundo productivo discute reglas de juego, la política acelera un recambio profundo en la Corte santafesina, con la salida de Rafael Gutiérrez y una agenda de modernización que reordena poder, procedimientos y nombres.

La macro en el cuerpo: cuando el mercado se queda sin aire

En construcción privada, el ruido dejó de ser rumor. El síntoma más visible es financiero: cheques rechazados, atrasos con proveedores y un clima general de desconfianza en una cadena que vive de crédito, preventas y cumplimiento. En Rosario, existen varios casos muy comentados, la mayoría -como ocurrió en otros rubros- se aceleró a partir de las elecciones de octubre.

Los referentes del sector buscan plantear que se trata de casos aislados y desarrolladoras con poca antiguedad en el mercado y osados en sus despliegues. Pero lo cierto que el goteo muestra que cada vez se van sumando más casos. Los datos oficiales muestran que los permisos de construcción cerrarán el 2025 como el tercer año de caída consecutivo. Y acá no se le puede reprochar ni al Concejo ni a los gobiernos locales o provincial. En Rosario se podría decir que este año fue el que más se habilitaron cambios de regímenes de construcción por zonas, alturas, etcétera. 

Detrás de estos casos hay una explicación macro que se repite en los cafés del sector: pocas ventas en un mercado ya recesivo, usados más competitivos que lo nuevo, crédito hipotecario que anuncian los bancos pero que son frenados en las sucursales, costos de obra en pesos que suben y un dólar “planchado” que rompe cálculos. También un escasa profesionalización de las estructuras en más de un caso.

De Old Resian al consorcio

Hubo ruido estas semanas por el caso Old Resian y los consorcios vinculados a su ex presidenta/administradora, con cheques rebotados y cuentas bajo la lupa. El punto interesante para la lectura regional no es el escándalo en sí, sino el fenómeno: cuando la liquidez falta, el conflicto se vuelve público, se judicializa o se politiza. Incluso se abrió un debate sobre el origen del déficit en consorcios: desvío de fondos versus morosidad concentrada de grandes tenedores de unidades. Dos diagnósticos totalmente distintos, con consecuencias muy diferentes.

En paralelo, el lobby salió a jugar: dirigentes de administradores y representantes sindicales empujaron el debate por la colegiación y por quién controla la actividad.

Industria: el golpe no es solo China, es la demanda

En la industria santafesina, el mapa no muestra un problema único: es un combo. La maquinaria agrícola, uno de los sectores bandera, enfrenta caída de patentamientos, y además carga con la competencia importada, donde los equipos chinos juegan por precio y comienzan a probar su performance en el campo argentino. Aun así, el punto más duro no es solo la importación: es la demanda floja. Pero como advertieron desde los fabricantes, a diferencia del año pasado cuando se realizó el anuncio los equipos no estaban para la cosecha, este año sí. Y hay hasta varios gerentes, incluidos de multinacionales, casi apostados en Zárate al acecho de encontrar alguna endija para frenar los desembarcos de equipos usados o chinos.

ARCA vs industriales: el conflicto que mete ruido jurídico

En el capítulo macro-tributario, la disputa por la actualización por inflación de quebrantos impositivos se transformó en un conflicto de alto voltaje. El argumento empresario es directo: si se bloquea la actualización, se termina pagando impuesto a las ganancias sobre resultados ficticios, y se instala un riesgo de confiscación en términos reales. Más allá de las cifras que circulan, el efecto central es uno: incertidumbre jurídica.

En ese escenario, el caso YPF agrega una rareza política y empresarial: aparece como la gran compañía que decide alinearse con ARCA y admitir deuda, quedando expuesta frente a un amplio bloque privado (energía, siderurgia, banca) que evalúa judicializar. Para inversión y planificación, el mensaje que queda en el aire es pesado: cuando la regla no es estable, el costo de capital sube, el timing se acorta y la economía real se vuelve más defensiva.

La salida de Rafael Gutiérrez y la Corte que viene

Mientras el sector productivo discute previsibilidad, el sistema institucional santafesino vive su propia reconfiguración. Rafael Gutiérrez, figura central del poder judicial provincial durante 25 años, deja la Corte en un cierre negociado que preserva capital simbólico: se va como presidente, con una votación amplia que evitó un 4–3 que hubiera dejado al tribunal en guerra interna permanente.

Del lado del Ejecutivo, Maximiliano Pullaro consolidó una estrategia de recambio: amplió la Corte a siete miembros, aseguró mayoría y aceleró la salida de los ministros mayores de 75 años para 2026, bajo la amenaza explícita de sostener un desgaste continuo si no renunciaban. El recambio no es solo de nombres: es de diseño de poder y de agenda.

La “Corte que viene” aparece asociada a un paquete de modernización que incluye:

• Rotación de la presidencia con un criterio más institucional y menos territorial.
• Descentralización de áreas de gobierno interno (para evitar súper-concentraciones de manejo).
• Renovación tecnológica, con implementación de plataforma informática (mencionada como Alberdi).
• Impulso de oralidad efectiva en fueros civil y laboral.
• Fortalecimiento de equipos interdisciplinarios (violencia doméstica, género y familia).
• Normalización de relaciones con el Poder Ejecutivo y con el Ministerio Público de la Acusación.

Y, como siempre, los nombres importan tanto como la agenda. En el radar aparecen posibles futuros cortesanos: el juez federal Aldo Alurralde (Reconquista), Adriana Pierpaoli (referencia en derecho administrativo en Rosario) -y que fue uno de los comentarios mientras los abogados votaban el viernes en el Colegio de Abgos de Rosario, y Diego Maciel (vinculado al senador provincial Michlig). Más allá de si se confirman o no, el dato político es este: Pullaro busca completar una renovación masiva del tribunal superior en un plazo corto y con perfiles que acompañen el giro de gestión.

Conclusión: una región que se reacomoda en simultáneo

La foto final combina economía real e instituciones: la macro está reconfigurando comportamientos sector por sector (construcción, industria, agro, consumo) y la política está rediseñando el tablero judicial que arbitra conflictos y define previsibilidad. En ese cruce, ARCA y la pelea por quebrantos no es un episodio técnico: es una prueba de confianza. Y la salida de Gutiérrez no es un retiro más: es el cierre de una era y la apertura de un sistema judicial que promete modernizarse mientras se redefine quién manda y cómo se decide.