Como si fuera un anticipo de lo que será el año, la primera semana del 2022 dejó en claro que la famosa “grieta” está más vigente que nunca entre el Gobierno nacional y el sector agropecuario. Más allá del buen diálogo gestado a partir de la llegada de Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura y Ganadería, la realidad muestra un descontento importante por parte de los productores y una prueba de ello está dada por la concentración que este sábado realizaron autoconvocados en Armstrong, en el cruce de las rutas 9 y 178, un lugar emblemático a la hora de las protestas agrarias.

El año comenzó con decretos y resoluciones que ratificaron lo anticipado por el Gobierno a las mesas técnicas de las entidades ruralistas que conforman la Mesa de Enlace. Así, se confirmó la liberación total de la exportación de vacas fundamentalmente a China, el principal cliente de las carnes argentinas, pero también la prohibición por dos años (hasta diciembre de 2023) de siete cortes vacunos que serán destinados únicamente al mercado interno. Ante este escenario, el sector aduce que más allá de las flexibilizaciones, el intervencionismo continúa. Más aún cuando también entraron en vigencia las Declaraciones Juradas de Exportaciones de Carnes, una vieja receta que en el pasado reciente generó distorsiones y atentó contra la transparencia de la actividad.

Como si eso fuera poco, el Gobierno podría presentar en los próximos días una especie de Fideicomiso de Cereales, para subsidiar así a compañías transformadoras de los cereales. Mediante el “Fondo Anticíclico Agropecuario”, tal como trascendió, el Ministerio de Agricultura busca elaborar un esquema con aportes de exportadores que superarían los $14.000 millones. Según se conoció la iniciativa serviría para subsidiar a las bolsas de 25 kilos de harina de trigo, el pollo entero, los paquetes de un kilo de harina, y los de fideos secos de 500 gramos.

El enojo totalmente fundado de los productores tiene su lógica: para muchos se trata de una suba encubierta y maquillada de derechos de exportación, entendiendo que el dinero se obtendrá de la quita adicional de los precios internos de trigo y maíz, con plena consciencia que finalmente el sector exportador difícilmente pierda.

Para Sociedad Rural Argentina (SRA) la iniciativa “vuelve a interferir en los mercados, distorsiona la formación de precios y su implementación es poco transparente”. Además, la entidad calificó de “suicida” la medida teniendo en cuenta la sequía, que está “haciendo estragos en gran parte del país”.

El ruralismo abandona el Consejo Agroindustrial

La primera semana del año termina con un “portazo” de algunas entidades que conforman la Mesa de Enlace, teniendo en cuenta que CRA, Federación Agraria (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA) decidieron abandonar el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), entendiendo que los intereses de los productores no estaban siendo resguardados como correspondía.

Mediante un comunicado, CRA sostuvo que las pocas medidas tomadas en relación al CAA, “han sostenido las diferencias y han significado un severo perjuicio a la producción primaria”. Las restricciones a las exportaciones de cortes de carne vacuna hasta fines de 2023, “van a contramano de los propósitos de la creación del Consejo, que sostenía como punto central elevar exponencialmente las exportaciones para la creación de puestos de trabajo”. Precisamente, desde la entidad que preside Jorge Chemes argumentan que esas ideas “han sido desnaturalizadas de cuajo con el cierre y los cupos”.

En esa dirección, y por no haber podido encontrar los consensos necesarios dentro de este espacio, la SRA  también ha decidido retirarse del Consejo Agroindustrial. “Desde la entidad vamos a seguir bregando por reglas claras y de largo plazo con el objetivo de darle sostenibilidad a la producción agropecuaria. Entendemos que el funcionamiento adoptado en las últimas semanas no es el que aspiramos los productores” declaró Nicolás Pino, presidente de la entidad.

Carlos Achetoni, presidente de FAA, también confirmó que la entidad renuncia “de manera irrevocable” y expresó sus motivos: “El funcionamiento del CAA en el último tiempo deja mucho que desear, pues sentimos que, ilógicamente, quedamos avalando medidas que perjudican a nuestro sector. De hecho, claramente favorecen la concentración y los más perjudicados somos los más pequeños de escala”.

Y concluyó: “Desde nuestra entidad consideramos que no se justifica desde ningún punto de vista continuar en un espacio en el que nunca logramos que se tomaran en serio nuestras propuestas para incrementar la producción, dar más valor agregado, más empleo y más ingreso de divisas; y donde, por el contrario, se avalen y aplaudan las medidas tomadas por el Gobierno nacional en desmedro del sector productivo”.