La Justicia rechazó una medida cautelar que presentó la empresa Telecom contra la declaración de las telecomunicaciones como servicio público y que ahora regula el aumento de sus facturas. La decisión del Poder Ejecutivo Nacional declaró como servicio público esencial a la telefonía móvil y fija, al acceso a internet y a la televisión por cable.

La empresa afirmaba en su planteo que el PEN al declarar servicio público a los servicios de acceso a internet, de televisión por cable y a la telefonía móvil y fija, el llamado "Triple Play", transforma sus precios, que eran fijados de un modo completamente libre y en competencia, y los convierten en regulados.

Por decreto (número 690/2020) el PEN establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de ellos son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia y que la autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad.

Correa indicó que con el planteo, Telecom "no estimó cuál es la incidencia económica concreta que el congelamiento de precios, los aumentos fijados o el valor del Servicio Básico Obligatorio producen en su economía, de manera tal de acreditar que la denegación de la medida cautelar le causaría un gravamen que difícilmente podría revertirse en el supuesto de que la sentencia final de la causa admitiese su pretensión".

Disposición oficial

En diciembre pasado, el Gobierno anunció que desde enero de 2021 iba a comenzar a regir una Prestación Básica Universal (PBU) para servicios de "Triple Play", con planes desde los $150 a los $700 por mes. 

Al contestar la demanda, ratificó la "constitucionalidad" del decreto y remarcó que tuvo por objeto "posibilitar el acceso a la totalidad de los habitantes a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad". 

La decisión se tomó mediante la reglamentación del decreto 690/2020, sancionado por el Poder Ejecutivo en agosto último, que congeló las tarifas y declaró "servicio público esencial en competencia" a la telefonía móvil, Internet y la televisión por cable.

Días atrás, varias empresas del sector, entre las que se encuentra Telecom, anunciaron aumentos en los precios de sus servicios de 20%, pese a que el Gobierno había autorizado solo una suba de 5%.