Un proyecto en el Concejo busca ampliar la capacidad de control del municipio sobre las inversiones inmobiliarias y los grandes emprendimientos comerciales, a los fines de al menos dificultar el lavado de activos de bandas criminales. La idea es poner especial foco en los fideicomisos, formato que creció exponencialmente en el último tiempo.

Al calor de la explosión de homicidios y escandalosas inversiones financiadas con dinero sucio, en el 2014 se sancionó la denominada “Ordenanza Monos”, el primer intento por empezar a verificar el origen de fondos de monumentales obras encaradas por agentes de dudosa actividad. Sin embargo la medida lejos estuvo de frenar el lavado de dinero procedente de actividades delictivas, entre otras cosas, porque tenía alcance limitado.

Es por eso que tres años después, las concejalas Carola Nin, de Compromiso por Rosario, y María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, propusieron modificar el sistema de control económico financiero de inversiones en jurisdicción municipal, e incluir otras como estacionamientos, guarderías náuticas, hostels, hoteles y alojamientos transitorios para turistas. La propuesta no avanzó, y ahora Gigliani volvió a la carga con un proyecto similar pero más abarcador.

“La actual ordenanza habla del control sobre inmuebles bajo propiedad horizontal, es decir que los fideicomisos no estarían incluidos en este régimen y quedarían fuera de la supervisión, pese a que constituye la forma jurídica que hoy asume la mayoría de las inversiones de la ciudad”, explicó en diálogo con Ecos365 y añadió que su idea es incorporarlos.

Lo que se busca es que los desarrolladores de cualquiera de estos emprendimientos de envergadura declare el origen de los fondos invertidos para lograr la habilitación, obligando a las áreas de Habilitación, Atención a Empresas y Obras Particulares a requerirla. La medida regiría tanto para proyectos inmobiliarios y emprendimientos comerciales que superen determinado mono, como para compra de vehículos onerosos, locales nocturnos y casas de juegos y apuestas.

La determinación de los rubros no es casual, sino que responde a los tradicionalmente elegidos por bandas delictivas y personajes relacionados con el mundo del hampa. Sobren los casos de este tipo, siendo algunos de los más resonantes de los últimos años los del boliche Esperanto, en manos del narco Luis Medina, la propuesta del hotel Sheraton en Puerto Norte, encarada por el titular de Turicentro Viajes, Carlos Gianni, presunto ex testaferro (luego absuelto) de José López, y la polémica por el Hard Rock, que terminó cayendo por las causas contra Hope Funds, grupo empresario que lo impulsaba.

Como la obligación de declaración jurada alcanza sólo a los edificios, la idea es hacerla extensiva a todos los emprendimientos de magnitud, pero a la vez, que esto no quede simplemente como un papel guardado en un cajón, sino que efectivamente se verifique que lo declarado sea cierto. En este sentido, el edil de Cambiemos, Roy López Molina, está trabajando en otra iniciativa al respecto. Lo que se aclara es que se busca que estos controles sean complementarios a los realizados por organismos nacionales, y que tengan la suficiente agilidad para no convertirse en un freno a las inversiones con fondos lícitos. El proyecto de Gigliani quedó en estudio en comisión de Gobierno.