Una de las medidas económicas más controvertidas implementadas durante 2022 volvió a generar consecuencias, esta vez en los tribunales. A3 Mercados S.A., continuadora de Matba Rofex, informó oficialmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) que fue notificada de una sentencia de primera instancia adversa en una demanda iniciada por Commodities S.A., una de las corredoras de granos más tradicionales y de mayor peso institucional del mercado rosarino.

La compañía comunicó que fue notificada de la sentencia dictada en los autos "Commodities S.A. c/ Matba Rofex S.A. s/ Demanda Ordinaria", que tramitan ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 1ª Nominación de Rosario, y precisó que el fallo hizo lugar a la demanda, cuyo monto original asciende a $1.165.613.565.

No obstante, A3 dejó en claro que la disputa judicial está lejos de haber concluido.

"La referida sentencia no se encuentra firme y será recurrida por la Sociedad ante la instancia superior mediante la interposición de los recursos judiciales correspondientes, manteniendo su posición respecto de la improcedencia de la pretensión deducida", sostuvo la empresa en la comunicación remitida a la CNV.

El origen del conflicto: el "dólar soja II"

El dato más importante del expediente probablemente no sea el monto del reclamo sino el origen de la controversia. En la misma presentación, A3 explicó que la sentencia "fue dictada en el marco de una acción de repetición vinculada con la aplicación por parte de este Mercado de lo dispuesto en el Art. 11 del Decreto N° 787/2022 'Programa de Incremento Exportador'" durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

Ese decreto fue el que dio sustento legal al denominado "dólar soja II", lanzado a fines de 2022 para incentivar la liquidación de exportaciones mediante un tipo de cambio diferencial. La medida permitió acelerar el ingreso de divisas al Banco Central, pero también obligó a adaptar la liquidación de determinadas operaciones realizadas en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores.

Precisamente, la forma en que Matba Rofex implementó esas disposiciones terminó dando origen a una controversia judicial que recién ahora comienza a tener sus primeras definiciones.

La empresa que obtuvo este primer fallo favorable no es un actor menor dentro del negocio agroindustrial. Commodities S.A. es una firma con sede en Rosario dedicada al corretaje, comercialización de granos, originación y cobertura mediante futuros y opciones. Opera activamente en el mercado físico y en los mercados de derivados agrícolas, además de contar con presencia en distintas localidades del interior santafesino vinculadas a la producción agropecuaria.

Su presidente es Hugo Grassi, empresario de extensa trayectoria dentro del negocio granario y con participación histórica en la conducción de la Bolsa de Comercio de Rosario. La vicepresidencia de la compañía está a cargo de Mariano Nicolás Grassi.

Ese perfil le otorga una relevancia adicional al caso. No se trata del reclamo de un productor o de un operador ocasional, sino de una empresa especializada en la operatoria de mercados agrícolas, con profundo conocimiento del funcionamiento de los contratos de futuros y de los mecanismos de compensación.

Un expediente que permaneció fuera del radar

Hasta la comunicación realizada por A3, la existencia de esta causa prácticamente no había trascendido públicamente. Recién la obligación de informar la sentencia a la CNV permitió conocer la existencia de un litigio que se remonta a la implementación del Programa de Incremento Exportador.

Tampoco se difundieron aún los fundamentos completos del fallo ni el monto actualizado del reclamo, que podría ser significativamente superior al capital originalmente reclamado debido al tiempo transcurrido y la eventual aplicación de intereses.

Un caso que podría transformarse en antecedente

Más allá del resultado de la apelación, el expediente vuelve a poner en discusión uno de los efectos menos visibles de las políticas económicas extraordinarias implementadas durante los últimos años.

El caso abre interrogantes sobre cómo debían aplicarse en los mercados regulados las modificaciones introducidas por el Decreto 787/2022 y quién debía asumir las consecuencias económicas derivadas de esos cambios regulatorios.

Por ahora, A3 ratificó que considera improcedente el reclamo y que agotará todas las instancias judiciales para revertir la sentencia. Sin embargo, el fallo de primera instancia vuelve a colocar bajo análisis las consecuencias jurídicas que todavía pueden generar medidas excepcionales adoptadas durante la etapa de mayor intervención sobre el mercado cambiario.

Si la resolución quedara firme en las instancias superiores, el caso podría transformarse en un antecedente relevante para otros conflictos vinculados con la implementación del denominado "dólar soja", una política que cuatro años después de su lanzamiento continúa proyectando efectos mucho más allá de la coyuntura económica que le dio origen.