El Gobierno nacional oficializó una ampliación de las exenciones del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, conocido como "impuesto al cheque", con el objetivo de adaptar la normativa a la evolución del sistema financiero digital y reducir costos operativos para nuevos actores del mercado.

La medida, establecida mediante el Decreto 475/2026, incorpora beneficios para empresas de pagos electrónicos, plataformas de activos virtuales, emisoras de tarjetas, empresas de cobranza y transportadoras de caudales, equiparando el tratamiento tributario de actividades que hasta ahora tenían diferencias regulatorias.

Entre los principales cambios, las empresas dedicadas a servicios electrónicos de pagos y cobranzas podrán acceder a la exención no solo sobre las operaciones tradicionales, sino también sobre los movimientos necesarios para depositar o entregar efectivo en cuentas bancarias o cuentas de pago. El beneficio también alcanza a las cuentas utilizadas por agentes oficiales que operen exclusivamente para esas actividades.

Uno de los puntos más relevantes de la nueva reglamentación es la incorporación explícita de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Las plataformas vinculadas con criptomonedas podrán acceder a la exención siempre que utilicen cuentas destinadas exclusivamente a su actividad y se encuentren inscriptas en el registro correspondiente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y registradas ante ARCA.

La normativa también introduce beneficios para las empresas administradoras de sistemas de tarjetas de crédito, compra y débito. En estos casos, quedarán exentas las cuentas utilizadas para los débitos originados en préstamos bancarios destinados a financiar su actividad y las operaciones relacionadas con la emisión y cancelación de obligaciones negociables con ese mismo fin.

Por su parte, las empresas transportadoras de caudales también obtendrán una dispensa específica para las cuentas utilizadas exclusivamente para rendir a sus clientes el efectivo recaudado.

Aunque el beneficio alcanza directamente a empresas del ecosistema financiero y tecnológico, el Gobierno considera que la reducción de esta carga tributaria podría traducirse en menores costos operativos, una mayor competencia entre plataformas y, eventualmente, mejores condiciones para usuarios y comercios que utilizan servicios digitales de pago y cobranza.

Sin embargo, la reglamentación no obliga a las compañías a trasladar ese ahorro a sus clientes mediante una reducción de comisiones o costos, por lo que el impacto final dependerá de la estrategia comercial de cada empresa y del nivel de competencia dentro del sector.

Con esta actualización, el Ejecutivo busca modernizar un impuesto que históricamente fue cuestionado por el sector privado, incorporando nuevas figuras surgidas del desarrollo tecnológico y promoviendo un tratamiento fiscal más homogéneo para quienes realizan actividades equivalentes dentro del sistema financiero argentino.