Hoy se conmemora el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines, instaurado en 1986 tras la moratoria que frenó la caza comercial de estos cetáceos. Detrás de la agenda ambiental hay una pregunta que interesa a quien mira números.

¿Cuánto vale, en dólares, una ballena viva? El Fondo Monetario Internacional hizo ese cálculo en un estudio que sacudió a los economistas ambientales hace algunos años.

Según esos datos, una gran ballena aporta más de 2 millones de dólares a lo largo de su vida, entre captura de carbono, fertilización del océano y aporte al turismo. Multiplicada por la población mundial de grandes ballenas, la cifra supera el billón de dólares.

El mecanismo detrás de ese número es simple, aunque poco conocido fuera de los círculos científicos. Cada ballena retiene unas 33 toneladas de dióxido de carbono en su cuerpo a lo largo de su vida.

Cuando muere y se hunde, ese carbono queda secuestrado en el fondo marino durante siglos. Además, sus desplazamientos verticales fertilizan al fitoplancton, responsable de buena parte del oxígeno que respiramos.

El economista Ralph Chami, autor del estudio para el FMI, resumió la idea con una frase que circuló en foros de sostenibilidad de todo el mundo: "Cuando se trata de salvar el planeta, una ballena vale más que miles de árboles".

No todos coinciden con ponerle un precio de mercado a un animal. Parte de la comunidad conservacionista advierte que monetizar la naturaleza puede derivar en mercados de carbono poco transparentes, difíciles de auditar y expuestos al greenwashing.

Esa discrepancia no invalida el dato, pero conviene tenerla presente antes de asumir que cualquier "activo verde" certificado equivale, sin más, a un impacto ambiental real y verificable.

La verificación de estos activos ya no depende solo de biólogos marinos con binoculares. Imágenes satelitales, sensores acústicos e inteligencia artificial permiten hoy contar ballenas, seguir sus rutas migratorias y estimar su aporte de carbono con mayor precisión que hace una década.

Esa capacidad de medición es clave para cualquier mercado: sin datos confiables, ningún bono azul ni crédito de carbono resiste una auditoría seria. La tecnología, en este caso, funciona como garantía de que el activo natural es real y no solo marketing.

Argentina tiene, literalmente, un activo de este tipo en su costa atlántica. La temporada de avistaje de ballena franca austral en Península Valdés y Puerto Madryn viene de marcar un récord.

El último censo aéreo del CENPAT-CONICET contabilizó más de 2.100 ejemplares y 826 crías, y la temporada 2026 arrancó antes de lo habitual por la demanda de los prestadores turísticos.

Esa industria mueve hotelería, gastronomía y transporte en Chubut durante buena parte del invierno, con picos de ocupación que sostienen buena parte de la economía regional patagónica en la temporada baja.

La lógica de ponerle precio a un recurso natural tampoco es ajena a la Región Centro. El campo argentino ya cobra hasta us100 por hectárea en créditos de carbono, convirtiendo al suelo en un activo financiero además de productivo.

Empresas santafesinas también empezaron a mirar la sostenibilidad como ventaja competitiva y no solo como requisito de cumplimiento, según viene discutiéndose en encuentros empresarios de Rosario.

Los llamados bonos azules y los fondos ligados a criterios ambientales, sociales y de gobernanza empiezan a incorporar activos naturales marinos dentro de sus carteras, más allá del bosque o el suelo agrícola tradicional.

El turismo de naturaleza, mientras tanto, se perfila como uno de los sectores que sale a buscar capital fresco, en línea con lo que ya ocurre con el turismo argentino en su búsqueda de inversiones.

Para el segundo semestre, distintos analistas ubican a los activos ambientales entre las oportunidades menos exploradas, en un escenario donde se buscan alternativas fuera de los activos financieros tradicionales.

La discusión sobre cuánto vale una ballena, entonces, no queda en lo anecdótico. Anticipa un mercado donde la biodiversidad empieza a medirse y negociarse con el mismo rigor que hoy se aplica a una hectárea de soja.