La agenda económica y política dejó una combinación explosiva de reformas, fallos de alto impacto y datos recesivos. Por un lado, el Gobierno de Javier Milei avanza con la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Por otro, la Corte Suprema nacional volvió a ponerle límites a las provincias en materia tributaria con fallos contra Santa Fe y Salta por esquemas de Ingresos Brutos considerados discriminatorios. Y, al mismo tiempo, el Banco Central profundizó la flexibilización del cepo cambiario, en medio de una baja del dólar y una mejora de reservas. Todo esto ocurre con una economía real que todavía no encuentra piso: la industria volvió a desplomarse en febrero y la construcción se mantuvo debilitada.

Hidrovía: dos gigantes belgas siguen en carrera

La administración libertaria dio un nuevo paso en el proceso de privatización de la Hidrovía. La Comisión Evaluadora revisó las presentaciones de Jan De Nul, DEME y DTA Engenharia para la licitación del dragado y mantenimiento del sistema fluvial, y resolvió dejar afuera a la firma brasileña.

Según el acta de evaluación, Jan De Nul y DEME cumplieron con las exigencias establecidas en los pliegos y quedaron habilitadas para seguir en competencia. DTA Engenharia, en cambio, fue descalificada por no haber presentado la garantía de mantenimiento de oferta, un requisito central que asegura que la propuesta no será alterada durante el proceso de selección.

Con esta decisión, la definición queda planteada entre dos de las mayores dragadoras del mundo. Ahora se abre un plazo de siete días corridos para que las empresas puedan impugnar el dictamen. Luego, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación deberá aprobar formalmente la evaluación de la Etapa 1 y convocar a la apertura del Sobre 2.

En esa segunda fase se analizarán los planes de trabajo: metodología de ejecución, detalle de equipos técnicos, profesionales intervinientes y esquema operativo para las obras de dragado y mantenimiento. Más adelante llegará la Etapa 3, donde se abrirán las ofertas económicas, que tendrán un peso decisivo en la definición final. El Gobierno busca garantizar la tarifa más baja posible para los productores y usuarios del sistema.

El titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, informó los avances a representantes de provincias y usuarios de la vía navegable. Del encuentro participaron actores clave como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Puertos Privados Comerciales. Según el funcionario, el hecho de que compitan dos gigantes globales será determinante para el próximo tramo de la licitación.

La iniciativa contempla inversiones estimadas en más de 10.000 millones de dólares y se inscribe dentro del plan oficial de avanzar con privatizaciones y mayor participación del sector privado en infraestructura estratégica.

Industria: el peor febrero desde la pandemia

En paralelo con ese giro promercado, los últimos datos del INDEC dejaron en evidencia que la actividad fabril sigue muy golpeada. La industria cayó 8,7% interanual en febrero y acumuló así ocho meses consecutivos de baja, una secuencia que comenzó en junio de 2025. El nivel general tocó su punto más bajo desde la pandemia.

La caída fue generalizada: 14 de las 16 ramas industriales mostraron retrocesos interanuales. Entre los sectores con mayor incidencia negativa se destacó “Maquinaria y equipo”, con una contracción del 29,4%, y dentro de ese rubro sobresalió el derrumbe de la maquinaria agropecuaria, que cayó 37,7%. El retroceso alcanzó a tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas y sembradoras, tanto en producción como en ventas.

Otro de los sectores más afectados fue el automotor. La fabricación de vehículos automotores retrocedió 24,6% interanual y también reflejó el freno de la demanda y la debilidad de distintos segmentos de la actividad. Los textiles siguieron entre los rubros más castigados, con una caída del 33,2%, ratificando la presión que ejercen la contracción del consumo y la mayor competencia importada.

A eso se sumó una baja muy fuerte en la producción de aparatos de uso doméstico, que descendió 38% interanual, con menor fabricación de heladeras y lavarropas. Según las fuentes relevadas, allí ya se percibe con nitidez el efecto de la competencia de productos importados. 

Construcción: baja interanual y señales mixtas

La construcción mostró un comportamiento menos dramático que la industria, pero igualmente débil. En febrero, el indicador sintético de la actividad de la construcción registró una caída interanual de 0,7%, mientras que en la medición mensual desestacionalizada retrocedió 1,3% frente a enero.

El dato positivo vino por el lado de la tendencia-ciclo, que avanzó 0,6% y acumuló cuatro meses consecutivos de mejora en esa serie. 

Fallo de la Corte: freno a Santa Fe por Ingresos Brutos

En el plano institucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo de gran impacto sobre el federalismo fiscal argentino. El caso más resonante fue contra la provincia de Santa Fe, donde el máximo tribunal cuestionó un esquema de Ingresos Brutos que imponía una carga más alta a empresas radicadas fuera del territorio provincial.

La causa fue iniciada por Rieles y Cosas S.A., una firma con base en la provincia de Buenos Aires que debía tributar una alícuota del 4,5% en Santa Fe, mientras que las industrias radicadas localmente abonaban 3,5%. Para la Corte, esa diferencia constituía una barrera directa al comercio interprovincial y una discriminación basada en el origen geográfico de la actividad productiva.

La sentencia fue firmada por los santafesinos Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y también por Carlos Rosenkrantz, y dejó una definición categórica: las provincias no pueden diseñar beneficios fiscales para sus industrias locales en detrimento de competidores instalados en otras jurisdicciones. El tribunal consideró que ese tipo de mecanismos equivale, en los hechos, a reinstalar “aduanas interiores”, algo expresamente prohibido por la Constitución.

El fallo remarcó tres ejes centrales vulnerados por ese tipo de normas. En primer lugar, el principio de igualdad ante la ley, porque se aplica un trato desigual a una misma actividad económica. En segundo lugar, la cláusula comercial, ya que el comercio interjurisdiccional es competencia del Congreso y no de las provincias. Y en tercer lugar, la prohibición constitucional de aduanas internas, prevista en los artículos 9 a 12.

El antecedente Bayer y el caso Salta

La Corte apoyó su decisión en una doctrina que ya había dejado trazada en 2017 con el caso “Bayer S.A.”. En aquel antecedente, el tribunal sostuvo que aplicar alícuotas diferenciales del impuesto sobre los Ingresos Brutos según el lugar de radicación de la planta industrial configuraba una discriminación inconstitucional. Ese precedente se transformó en la base de numerosos reclamos posteriores.

Las nuevas resoluciones profundizan esa línea. Además del caso contra Santa Fe, la Corte resolvió demandas contra Salta, donde también se objetaron esquemas tributarios que penalizaban a empresas por no tener producción industrial radicada en la provincia. En ambos casos, el criterio fue el mismo: las autonomías provinciales en materia fiscal tienen límites constitucionales y no pueden derivar en obstáculos al libre tránsito de bienes ni en ventajas artificiales para jugadores locales.

El impacto de este pronunciamiento excede a las empresas demandantes. La señal para el sistema tributario provincial es fuerte: no todo vale en nombre del desarrollo local. En un país con una estructura fiscal fragmentada y con Ingresos Brutos como uno de los tributos más cuestionados por su efecto cascada, la Corte volvió a intervenir para defender la idea de que Argentina es un único mercado económico.

Cepo: el BCRA afloja, pero no suelta

Mientras tanto, el Banco Central aceleró la flexibilización del cepo cambiario con un nuevo paquete de medidas que impacta en empresas, exportadores y turismo. La decisión llegó después de 100 días de compras sostenidas de divisas, período en el que la autoridad monetaria acumuló 4.964 millones de dólares. Solo en una jornada compró 281 millones y las reservas subieron 402 millones.

La norma que formaliza estas modificaciones es la Comunicación “A” 8417. Entre los cambios más visibles aparece la eliminación del tope para extraer dólares en cajeros del exterior con tarjeta de crédito. Hasta ahora, el límite era de 50 dólares en países limítrofes y de 200 dólares en el resto del mundo. Desde ahora, cada banco fijará sus propios topes.

El Central también extendió de 60 a 180 días el plazo para ingresar divisas al país y elevó de 50 a 200 millones de dólares anuales el límite para exportaciones que compañías con casa matriz local realicen a filiales en el exterior. A su vez, amplió de seis meses a un año los plazos para exportaciones de ropa, carteras y productos similares de bajo volumen, así como para envíos de productos espaciales o nucleares.

Otro cambio relevante alcanza a las personas humanas que exportan bienes: deberán ingresar los dólares, pero ya no estarán obligadas a liquidarlos en el país. Es una ampliación del esquema que ya se aplicaba a exportadores de servicios y abre una ventana para pequeños productores, artesanos y orfebres.

En el frente corporativo, el BCRA equiparó el tratamiento para empresas que emitieron deuda mediante obligaciones negociables o tomaron líneas comerciales, permitiéndoles acceder al mercado oficial en condiciones más flexibles. También habilitó el acceso para pagos de capital de deuda financiera intrafirma, sujeto a refinanciaciones con cuatro años de vida promedio y tres años de gracia.

Sin embargo, la relajación vino acompañada por un nuevo endurecimiento contra maniobras especulativas. El Central amplió el cerrojo cruzado de 90 días para quienes operen dólares financieros con el objetivo de girarlos al exterior y luego reingresarlos vía contado con liquidación, una operatoria que buscaba capturar la brecha entre tipos de cambio.

Dólar calmo, reservas en alza y economía a dos velocidades

El trasfondo de estas medidas es una dinámica cambiaria atípica: todos los dólares financieros y paralelos vienen mostrando una tendencia a la baja, mientras el oficial se mantiene contenido. La expectativa de una fuerte liquidación de la cosecha gruesa y la posibilidad de nuevos desembolsos externos refuerzan esa calma.

Con ese telón de fondo, el riesgo país volvió a bajar hasta los 557 puntos básicos, retornando a niveles de fines de febrero. El mercado empieza a especular con que, si la tendencia se consolida, Argentina podría intentar regresar a Wall Street en el segundo semestre.

Las consultoras que participan del REM del BCRA estiman que la inflación de marzo se ubicará por encima del 3% y proyectan una suba de precios cercana al 30% para todo 2026, mientras el dólar oficial cerraría el año en torno a los 1.700 pesos, muy por debajo de la inflación acumulada. Eso implicaría que el tipo de cambio real seguiría apreciándose, una situación que beneficia a algunos sectores —como energía, minería y agro—, pero complica a buena parte del entramado industrial y también al turismo receptivo.