El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de desregulación y reducción de costos para la economía digital. A través del Decreto 475/2026, eliminó la aplicación del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios —conocido popularmente como impuesto al cheque— para determinadas operaciones vinculadas a billeteras virtuales, fintech, servicios de pago electrónicos y plataformas relacionadas con el ecosistema cripto.

La medida busca corregir una situación que, según el propio Ejecutivo, había quedado desactualizada frente a los avances tecnológicos y generaba diferencias tributarias entre actores que prestan servicios similares dentro del sistema financiero. El objetivo es equiparar las condiciones de competencia entre bancos tradicionales, fintech, billeteras digitales y proveedores de servicios de activos virtuales.

La decisión tiene un impacto especialmente relevante para el negocio cripto en argentina. Hasta ahora, los exchanges y proveedores de servicios vinculados a criptomonedas afrontaban el impuesto sobre determinados movimientos de fondos, una situación que el sector consideraba una desventaja competitiva frente a otros participantes del sistema financiero.

El cambio no implica que las criptomonedas queden fuera del radar tributario. Las ganancias obtenidas por la compraventa de criptoactivos continúan alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias bajo los regímenes vigentes, tanto para personas humanas como para empresas.

Lo que cambia es el tratamiento de ciertas cuentas y movimientos utilizados exclusivamente para la operatoria de pagos digitales, cobranzas electrónicas y servicios financieros tecnológicos. También quedan comprendidos agentes oficiales y estructuras complementarias que participan en la administración de esos fondos.

La decisión representa un giro significativo respecto del criterio aplicado en 2021, cuando el entonces gobierno había incorporado explícitamente a las operaciones vinculadas con criptomonedas dentro del alcance del impuesto al cheque, generando una fuerte discusión dentro del sector.

Para las fintech, la medida puede traducirse en menores costos operativos y una mejora en la competitividad frente a entidades financieras tradicionales. Para los exchanges cripto, implica una reducción de cargas sobre movimientos de fondos que muchas veces no representaban una ganancia efectiva sino simples transferencias entre cuentas de usuarios.

La decisión también encaja dentro de una señal más amplia que viene enviando el Gobierno. Tanto Javier Milei como el Ministerio de Economía han planteado en distintas oportunidades la necesidad de avanzar hacia una simplificación tributaria y reducir impuestos considerados distorsivos, entre ellos el propio impuesto al cheque.

Aunque el tributo sigue vigente para la mayoría de las operaciones bancarias, la exención otorgada al ecosistema digital funciona como un anticipo de la dirección que busca imprimir la administración nacional: menos cargas sobre las nuevas tecnologías financieras y un marco regulatorio más favorable para la innovación.

La apuesta oficial es que la eliminación de estos costos ayude a acelerar la adopción de pagos digitales, fortalecer el desarrollo del sector fintech y consolidar a la Argentina como uno de los mercados más activos de América Latina en materia de criptomonedas y servicios financieros digitales.