El Gobierno analiza una modificación en el mercado de tarjetas de crédito que podría cambiar la forma en que los comercios financian sus ventas. El Banco Central (BCRA) trabaja sobre la posibilidad de crear un mercado específico para negociar los cupones de tarjetas, con el objetivo de incorporar nuevos jugadores y generar mayor competencia por esos derechos de cobro.

La iniciativa apunta a un punto sensible para los comercios: el costo de transformar en efectivo una venta que todavía no fue acreditada. En especial, cuando se trata de operaciones en cuotas, el comerciante debe esperar los plazos correspondientes o asumir un costo financiero para anticipar esos fondos.

La propuesta oficial busca que ese derecho de cobro pueda negociarse en un mercado con mayor cantidad de oferentes. La expectativa es que la competencia permita conseguir mejores condiciones de financiamiento y, eventualmente, reduzca las tasas que pagan los comercios para adelantar sus ventas.

Un nuevo mercado para los derechos de cobro

El mecanismo que analiza el BCRA apunta a generar una plataforma en la que los cupones puedan ser ofrecidos a distintos participantes financieros.

El cambio tiene una lógica clara: convertir un flujo futuro de fondos en un activo que pueda ser negociado y cuyo precio surja de la competencia.

Para un comercio, esto significa que una venta realizada con tarjeta podría tener más de una alternativa de financiamiento. En lugar de depender exclusivamente de las condiciones ofrecidas por los actores tradicionales de la cadena de pagos, podría acceder a distintas ofertas para anticipar el dinero.

La medida todavía se encuentra en etapa de análisis, por lo que resta definir cómo funcionaría el mercado, quiénes podrían participar y bajo qué reglas se realizarían las operaciones.

La batalla por la tasa

Detrás de la iniciativa aparece uno de los principales objetivos del Gobierno: bajar el costo financiero asociado a las ventas con tarjeta.

Cuando un comercio decide adelantar una operación, resigna parte del monto que originalmente iba a cobrar. Esa diferencia funciona como costo de financiamiento. Cuanto mayor sea la competencia entre quienes buscan adquirir esos derechos de cobro, menor podría ser ese descuento.

El razonamiento financiero es sencillo: si existen más compradores interesados en esos flujos futuros, aumenta la competencia y el comercio obtiene mayor poder de negociación.

El impacto potencial es relevante para las pequeñas y medianas empresas, para las cuales la disponibilidad de capital de trabajo puede ser determinante para sostener el nivel de actividad.

Bancos, fintech y adquirentes, ante un nuevo escenario

La creación de un mercado de estas características también podría modificar el mapa competitivo del negocio de pagos.

La posibilidad de negociar los derechos de cobro abre espacio para que participen distintos actores financieros, dependiendo del diseño definitivo que adopte el regulador.

Para bancos y empresas vinculadas al procesamiento de pagos, el cambio podría implicar una mayor competencia por un negocio que actualmente se encuentra concentrado en determinados canales de financiamiento.

Para las fintech, en tanto, un mercado electrónico y estandarizado podría generar nuevas oportunidades para canalizar liquidez hacia los comercios.

El objetivo de fondo: abaratar las cuotas

La discusión no termina en el costo que paga el comerciante. El Gobierno también busca mejorar las condiciones para que las ventas financiadas sean más accesibles.

Si el costo de anticipar una venta baja, los comercios podrían contar con mayor margen para ofrecer financiación, promociones y planes de cuotas.

En ese sentido, la iniciativa tiene un doble objetivo: reducir el costo financiero del comercio y favorecer una mayor oferta de financiación al consumidor.

El resultado dependerá, sin embargo, de la profundidad que alcance el nuevo mercado. Para que la competencia tenga un efecto significativo sobre las tasas será necesario que exista suficiente volumen de operaciones y una cantidad relevante de participantes.

Una reforma que apunta al corazón del negocio financiero

La propuesta del BCRA introduce una lógica de mercado sobre un activo que hasta ahora tiene una operatoria más acotada: los derechos de cobro derivados de las ventas con tarjeta.

Si finalmente se implementa, el cambio podría generar una nueva referencia de precios para el financiamiento de los comercios y modificar la competencia entre los distintos jugadores del sistema.

El desafío estará en transformar esa mayor apertura en una reducción efectiva del costo financiero.

Para los comercios, la ecuación que mira el mercado es concreta: más compradores por sus cupones, mayor competencia por esos activos y menor costo para obtener hoy el dinero de una venta que originalmente cobrarían más adelante.