La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la venta de su participación en una de las principales centrales termoeléctricas del país tiene un capítulo previo que pasó prácticamente inadvertido y pone a Santa Fe en el centro de la nueva ronda de privatizaciones.

El 13 de agosto, la Secretaría de Energía publicó la Resolución 203/2026 mediante la cual autorizó formalmente un cambio de titularidad de la Central Termoeléctrica Timbúes, de 800 MW de potencia nominal instalada, a favor de Termoeléctrica José de San Martín SA.

El movimiento había comenzado antes. El 24 de junio, Cammesa comunicó que la compañía cumplía los requisitos técnicos, societarios y comerciales necesarios y aceptó provisoriamente el cambio solicitado. El 17 de julio, la petición fue publicada en el Boletín Oficial para permitir eventuales objeciones durante diez días. No se presentaron oposiciones y finalmente Energía autorizó la operación, con vigencia retroactiva al 1° de julio.

Menos de un mes después de aquella resolución aparece una segunda parte: el Gobierno prepara ahora la venta de la participación del 68,83% que Enarsa posee en Termoeléctrica José de San Martín SA, sociedad que controla la central ubicada en Timbúes.

En el mercado energético estiman que el paquete podría valer alrededor de US$300 millones, aunque el precio definitivo surgirá del proceso competitivo que todavía debe instrumentarse.

La secuencia no permite afirmar que el cambio de titularidad haya sido realizado específicamente para preparar la privatización. No existe, hasta ahora, documentación oficial que establezca esa relación causal. Pero los dos movimientos dejan una fotografía mucho más clara del activo santafesino que el Estado se dispone a poner en el mercado.

Qué cambió en agosto

La Resolución 203/2026 es concreta: autoriza el cambio de titularidad en favor de Termoeléctrica José de San Martín SA para la Central Termoeléctrica Timbúes, ubicada en avenida Cacique Mangoré 12.580, en la localidad santafesina. La potencia nominal consignada oficialmente es de 800 MW.

La empresa había entregado previamente la documentación técnica, societaria y comercial requerida. Cammesa verificó el cumplimiento de las exigencias previstas para operar dentro del Mercado Eléctrico Mayorista y dio su conformidad provisoria el 24 de junio.

Después llegó la publicación de la solicitud, el período para formular objeciones y finalmente la autorización definitiva de Energía.

La resolución incorpora además un dato operativo relevante: cualquier sobrecosto provocado a otros agentes del Mercado Eléctrico Mayorista o penalidad derivada de eventuales indisponibilidades relacionadas con el cambio de titularidad será cargado a Termoeléctrica José de San Martín SA en su vínculo con el Sistema Argentino de Interconexión.

En otras palabras, la sociedad quedó formalmente colocada como titular de la central dentro del esquema regulatorio del mercado eléctrico.

Una historia que viene de los fideicomisos energéticos

La arquitectura societaria de la central tiene una historia particular. La Central Timbúes surgió dentro del esquema de fideicomisos creado para financiar nuevas centrales de generación eléctrica mediante el denominado Foninvemem, en el cual participaron generadoras privadas junto con el Estado.

La normativa histórica vincula expresamente a Termoeléctrica José de San Martín, la Central Timbúes y el fideicomiso constituido para construirla.

Durante años coexistieron así distintas capas jurídicas: la infraestructura física, el fideicomiso utilizado para financiarla y construirla, y la sociedad creada para gestionar y operar el activo.

Ese entramado comenzó a modificarse con diferentes decisiones regulatorias y societarias. En 2021, las acciones que correspondían al Estado nacional dentro del fideicomiso de la Central Termoeléctrica Timbúes fueron asignadas a Enarsa. Ese paquete representa actualmente el 68,83% de Termoeléctrica José de San Martín SA.

El dato es central para entender qué está en juego ahora: el Gobierno no está anunciando la venta física de una central aislada, sino la transferencia de la participación estatal mayoritaria en la sociedad que controla el activo.

El Estado tiene el 68,83%, pero no está solo

El capital restante está distribuido entre compañías privadas vinculadas al negocio eléctrico. Enarsa comparte la sociedad con algunas de las principales generadoras del país. Entre los accionistas aparecen Central Puerto, AES Argentina Generación, Enel Generación El Chocón y Pampa Energía, además de participaciones minoritarias.

La composición abre una de las grandes preguntas de la futura privatización. Los actuales socios privados podrían convertirse en candidatos naturales a analizar el paquete estatal, aunque por el momento no existen anuncios públicos que permitan anticipar quiénes competirán efectivamente.

También podrían aparecer nuevos jugadores interesados en ingresar al negocio de generación argentino. Ese será uno de los principales datos para seguir cuando el Gobierno publique las condiciones del proceso: si la competencia se produce entre los actuales accionistas, si aparece un generador que hoy está fuera de la sociedad o si ingresa capital extranjero.

Una usina estratégica para el corazón industrial de Santa Fe

La ubicación agrega valor al activo. La central está instalada en Timbúes, dentro del corredor industrial y portuario del Gran Rosario, una de las zonas de mayor concentración productiva, agroexportadora y energética del país.

Se trata de una central de ciclo combinado de gran escala. Las cifras de potencia presentan diferencias según la fuente y el criterio técnico utilizado: la reciente Resolución 203/2026 identifica 800 MW de potencia nominal instalada, mientras que información sectorial utilizada para describir la capacidad neta de las centrales José de San Martín y Manuel Belgrano las ubica en torno a 865 MW.

Durante 2024, la José de San Martín produjo 3.338 GWh y consumió alrededor de 540 millones de metros cúbicos de gas natural, de acuerdo con datos oficiales.

No se trata, por lo tanto, de una participación estatal testimonial sino del control de una instalación de generación de gran porte integrada al Sistema Argentino de Interconexión.

Un paquete que el mercado calcula en US$300 millones

El Gobierno prepara la venta simultánea de sus participaciones en dos compañías: Termoeléctrica José de San Martín, en Timbúes, y Termoeléctrica Manuel Belgrano, ubicada en Campana.

Enarsa posee el 68,83% de la primera y el 65,006% de la segunda. En ámbitos oficiales y empresarios se las considera operaciones de "ticket grande". Las estimaciones que circulan en el mercado ubican el valor del paquete estatal de cada sociedad alrededor de los US$300 millones.

Si esas valuaciones se confirmaran en los procesos competitivos, el Estado podría recaudar cerca de US$600 millones entre ambas operaciones.

La privatización de Timbúes es parte de una operación mucho mayor

La central santafesina tampoco aparece aislada. El Gobierno prepara una nueva etapa de privatizaciones con la expectativa de obtener más de US$1.000 millones antes de terminar 2026.

Además de las participaciones en José de San Martín y Manuel Belgrano, está en marcha la venta del 90% de AySA, por la que el Ejecutivo espera obtener alrededor de US$500 millones. También se prepara un segundo intento de privatización de Intercargo después de que la primera licitación, que establecía un precio base de US$45 millones, terminara sin ofertas.

La agenda energética continúa después con cuatro sistemas hidroeléctricos y, posteriormente, con los grandes gasoductos actualmente operados por Enarsa.

Entre ellos aparecen el Gasoducto Perito Moreno —originalmente denominado Néstor Kirchner—, la Reversión del Gasoducto Norte, Mercedes-Cardales, el Gasoducto del Noreste Argentino y Juana Azurduy.

Los cinco sistemas suman más de 3.100 kilómetros y el Gobierno analiza otorgar concesiones por 30 años mediante concursos nacionales e internacionales.

Privatizar Enarsa por partes

La estrategia muestra también cómo el Gobierno decidió ejecutar la privatización de Enarsa: desarmando y transfiriendo progresivamente sus distintos activos y participaciones.

El proceso ya tuvo operaciones importantes. El Estado vendió su participación en Citelec, controlante de Transener, por US$356 millones, mientras que las nuevas concesiones de cuatro grandes represas del Comahue generaron ingresos superiores a US$700 millones.

Ahora llega el turno de las termoeléctricas. El fundamento jurídico general está en la Ley Bases, que declaró a Enarsa sujeta a privatización. La normativa posterior avanzó en el diseño para transferir activos y participaciones al sector privado.

Dentro de la estructura de Enarsa, el Estado conserva precisamente el 68,83% de Termoeléctrica José de San Martín, porcentaje que ahora se prepara para poner en venta.

Dólares para pagar deuda

Hay además una razón financiera detrás de la aceleración. El Gobierno no sólo busca reducir la participación estatal en empresas y activos energéticos. Los ingresos provenientes de privatizaciones forman parte del programa financiero con el que Economía pretende enfrentar los próximos vencimientos de deuda.

Las necesidades financieras estimadas para 2027 rondan los US$24.900 millones, entre aproximadamente US$15.700 millones de capital y US$9.200 millones de intereses.

Dentro de las fuentes previstas aparecen US$4.200 millones provenientes de organismos internacionales, US$5.000 millones mediante colocaciones en el mercado doméstico y aproximadamente US$1.500 millones derivados de privatizaciones. Por eso Timbúes adquiere una dimensión que excede ampliamente a Santa Fe.