El Gobierno nacional decidió reinstalar el uso del canal rojo para importaciones como herramienta de control dentro de un nuevo Protocolo de Vigilancia de Mercado, una medida que apunta a reforzar la fiscalización sobre productos importados y garantizar estándares de seguridad, calidad y transparencia comercial.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 56/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, que introduce un sistema de controles posteriores a la comercialización, aunque prevé inspecciones más estrictas cuando se detecten irregularidades reiteradas.

Un cambio de enfoque en los controles

Según la normativa, el esquema abandona los controles previos generalizados —criticados por generar demoras y costos— para pasar a un modelo de fiscalización “inteligente”, basado en análisis de riesgo y seguimiento posterior.

El nuevo sistema se apoya en tres pilares principales:

* Verificación documental: las empresas deberán demostrar que los productos cumplen reglamentos técnicos vigentes y mantener disponible toda la documentación respaldatoria.

* Control técnico y presencial: el Estado podrá inspeccionar fábricas, depósitos y puntos de venta, además de tomar muestras para ensayos en laboratorios especializados.

* Control fronterizo selectivo: ante incumplimientos o falta de respuesta del importador, la mercadería pasará al canal rojo, lo que implica controles físicos y documentales antes del ingreso al país.

El canal rojo es el nivel más exigente dentro del sistema aduanero argentino, donde la carga queda sujeta a verificación integral por parte de la Aduana antes de su liberación.

Quién paga las inspecciones

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es el financiamiento de los controles técnicos.

La resolución establece un mecanismo de incentivos:

* Si el producto cumple con la normativa, el Estado absorberá los costos de ensayos y logística.

* Si el producto no cumple, el importador deberá reintegrar los gastos y enfrentar multas o sanciones administrativas.

* El objetivo oficial es fomentar el cumplimiento normativo sin trasladar costos adicionales a operadores que actúan correctamente.

Cómo se decidirán los controles

Las fiscalizaciones no serán aleatorias. El Gobierno definió criterios de selección basados en:

* Riesgos para la salud o seguridad del consumidor.

* Historial de infracciones del importador.

*  Denuncias recibidas.

* Análisis de datos de comercio exterior y volumen importado.

La Subsecretaría de Comercio Exterior tendrá a cargo la vigilancia operativa, mientras que Defensa del Consumidor podrá instruir sumarios y aplicar sanciones.

Contexto: del desarme al regreso del canal rojo

La medida marca un giro parcial respecto a políticas recientes. En 2024 y 2025 el Gobierno había flexibilizado controles aduaneros y eliminado obligaciones vinculadas al canal rojo para reducir sobrecostos y agilizar importaciones.

Sin embargo, el fuerte crecimiento de las importaciones durante 2025 y los reclamos de sectores industriales impulsaron la búsqueda de un esquema intermedio: menos trabas generales, pero mayor control sobre operaciones consideradas riesgosas.

Impacto esperado

Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo sistema busca equilibrar apertura comercial con protección al consumidor y competencia leal, evitando productos que no cumplan estándares técnicos o de seguridad.

Para importadores y operadores de comercio exterior, el cambio implica mayor trazabilidad documental y la posibilidad de inspecciones posteriores, con el canal rojo funcionando como sanción operativa ante incumplimientos reiterados.