En las últimas semanas se intensificaron las críticas desde distintos sectores empresariales hacia la gestión de la Aduana y el esquema de comercio exterior argentino, ante lo que consideran un aumento preocupante de importaciones irregulares y debilidades en los controles aduaneros, que ponen en riesgo a la producción nacional y a la recaudación fiscal.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) emitió un comunicado alertando por el incremento del ingreso irregular de mercaderías al país, indicando que esta práctica genera impactos negativos en la comercialización, producción y empleo local, además de afectar las arcas públicas por pérdidas en cobro de derechos de importación, IVA e impuestos internos. Entre los productos mencionados figuran celulares, aires acondicionados, televisores y notebooks que, según la entidad, no cumplen con las regulaciones vigentes. 

Por su parte, la Unión Industrial Argentina (UIA) ha manifestado de manera reiterada —tanto en comunicados como en reclamos públicos al gobierno nacional— su preocupación por el fenómeno del contrabando y el ingreso de mercaderías que eluden controles. En sus declaraciones, la UIA describe a la Aduana como un “colador” ante la creciente oferta informal de productos electrónicos, textiles y calzados, principalmente provenientes de pasos fronterizos con escasa fiscalización. Esta situación, según la entidad industrial, está afectando la competencia leal, la producción local y la recaudación tributaria formal.

Varios factores que explican este escenario

* Una política de desregulación del comercio exterior que, tras eliminar ciertos mecanismos de control previo, trasladó responsabilidades al importador y redujo barreras burocráticas tradicionales. 

* Señalamientos de gremios y sindicatos vinculados a la Aduana, como SUPARA, que denuncian un “desmantelamiento” de los controles aduaneros, con recursos humanos y tecnológicos reducidos en momentos críticos para la fiscalización. 

* El creciente rol de plataformas de comercio electrónico y trayectos fronterizos informales que facilitan el ingreso de mercaderías sin la completa verificación de su legalidad o cumplimiento de normas sanitarias y de seguridad.

Desde el Estado, las autoridades han respondido que las modificaciones normativas —incluyendo la simplificación de requisitos técnicos y la aceptación de certificaciones internacionales para ciertos productos— buscan agilizar el comercio exterior y reducir costos logísticos y burocráticos para importadores legales. Estas medidas fueron promovidas en el contexto de compromisos comerciales y procedimientos con organismos internacionales como la OMC. 

Sin embargo, el equilibrio entre facilitación y control sigue siendo objeto de debate entre empresarios, organismos de contralor y las propias autoridades, que reconocen la necesidad de reforzar sistemas de fiscalización sin generar trabas regresivas al comercio legal. La discusión cobra especial relevancia en un contexto de alta competitividad global, presiones sobre la industria local y la necesidad de preservar la recaudación fiscal sin frenar la innovación y la apertura comercial.