La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en sesión extraordinaria, tras avalar el Presupuesto Nacional 2026, la denominada Ley de Inocencia Fiscal, que propone un cambio significativo en las reglas de persecución y control de la evasión tributaria. La iniciativa fue aprobada con 130 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones, y ahora será remitida al Senado para su tratamiento final. 

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Economía y apoyado por sectores del oficialismo y aliados, busca reformar pilares del Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y normas conexas, con el objetivo declarado de “modificar la relación entre el Estado y los contribuyentes”.

El próximo paso será en el Senado definirá si introduce modificaciones o aprueba la ley tal como fue girada desde Diputados. De implementarse, este cambio marcaría un antes y un después en la política tributaria argentina, con un impacto directo en la dinámica fiscal del Estado y en las estrategias de cumplimiento de los contribuyentes.

Reducción de la persecución penal y presunción de inocencia

Uno de los pilares de la nueva ley es establecer formalmente el principio de inocencia fiscal, invirtiendo la lógica tradicional que operaba bajo la presunción de evasión hasta que se demostraba lo contrario. Con esto, se busca que ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) limite el uso del sistema penal frente a infracciones menores o casos sin evidencia clara de dolo. 

Además, la iniciativa reduce el plazo de prescripción de obligaciones tributarias de 5 a 3 años, acortando el período durante el cual ARCA puede iniciar acciones de fiscalización, sanción o denuncia penal, siempre que el contribuyente haya cumplido con la presentación y pago de sus obligaciones.

Elevación de umbrales para investigar evasión

Otro cambio de alto impacto es la actualización de los montos mínimos que configuran delitos de evasión fiscal:

* Para evasión simple: pasa de $1,5 millones a $100 millones.

* Para evasión agravada: de $15 millones a $1000 millones.

Estos umbrales mucho más altos reducen la cantidad de casos que pueden ser perseguidos penalmente, enfocando los recursos en situaciones de evasión realmente significativas. 

El nuevo rol de ARCA: controles más focalizados

Con la ley, el rol de ARCA en materia penal se verá más restringido. El organismo podrá iniciar acciones sólo en casos significativos, y también se introducen figuras que eximen de denuncia penal cuando el contribuyente justifica técnica o contablemente su comportamiento o presenta declaraciones antes de ser notificado de una fiscalización. 

Esto implica que ARCA deberá priorizar la recuperación de deuda y la regularización voluntaria, más que la persecución penal automática. Según sus defensores, la medida busca fomentar la formalización y el ingreso de fondos no declarados a la economía legal. 

Reacciones y efectos esperados

* Oficialismo: sostiene que la ley será un incentivo para que quienes tienen dólares no declarados (“dólares del colchón”) regularicen su situación sin miedo a sanciones penales retrospectivas. 

* Oposición: advierte que los cambios pueden reducir la capacidad de control fiscal, generar impunidad en casos de evasión importante y complicar el cumplimiento tributario equitativo.