La venta de los activos de SanCor Cooperativas Unidas Limitada volverá a avanzar luego de que la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela resolviera los recursos presentados contra el pliego de bases y condiciones.

En un fallo de 70 páginas, los jueces Pablo Lorenzetti, María José Álvarez Tremea y Duilio Maximiliano Hail rechazaron los pedidos de nulidad y resolvieron mantener el esquema general de la licitación, aunque con modificaciones destinadas a precisar las reglas y evitar nuevas demoras.

El proceso permanecía paralizado desde el 3 de julio. Para los camaristas, la demora tiene consecuencias concretas: el deterioro de los activos, el consumo de recursos de la quiebra y la postergación del cobro de créditos.

¿Qué cambia a partir del fallo?

Uno de los principales cambios establecidos por la Cámara es que los compradores podrán pagar en pesos, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día hábil anterior. Los valores base de los activos, sin embargo, permanecen fijados en dólares.

Además, antes de reanudar el cronograma deberá aprobarse una grilla objetiva para evaluar las ofertas. Allí deberán establecerse los pesos relativos de factores como el precio, la oferta integral, la continuidad laboral y los antecedentes de los oferentes.

También deberá precisarse qué debe incluir el plan de negocios y cómo se resolverán eventuales empates.

La licitación podrá ser por el conjunto o por lotes

La Cámara mantuvo otra de las características centrales del pliego: los interesados podrán realizar ofertas por la empresa completa o por lotes.

Pero incorporó una condición relevante para la adjudicación. El juez deberá comparar expresamente el valor de una oferta por el conjunto con la suma de las ofertas parciales y optar por la alternativa que resulte más conveniente para los acreedores.

El criterio busca evitar que la modalidad de venta determine de antemano cuál será la alternativa elegida.

Sunchales y las marcas: el punto más sensible

Uno de los aspectos más complejos del fallo está relacionado con la planta de Sunchales y las marcas “Mendicrim” y “Santa Brígida”, que figuran a nombre de fideicomisos en garantía constituidos en 2016.

La Cámara consideró que esos bienes no podían transferirse definitivamente al comprador antes de que exista una sentencia firme que determine su titularidad.

Sin embargo, tampoco ordenó retirarlos de la licitación.

La solución consiste en mantenerlos dentro del proceso de venta, informar expresamente la existencia de la controversia y establecer un mecanismo de resguardo del dinero correspondiente.

La parte del precio que se determine para esos bienes quedará depositada en una cuenta judicial a plazo fijo.

De esta manera, el comprador podrá recibir los bienes y utilizarlos para producir desde el primer día, pero la transferencia definitiva de la propiedad quedará supeditada a la resolución judicial sobre los fideicomisos.

Tasaciones: información gratuita y disponible para todos

Otro cambio importante alcanza a las valuaciones de las plantas.

La Cámara eliminó la consideración de que las tasaciones fueran “meramente orientativas” y ordenó que el ingeniero Pablo Bacchetta amplíe su informe para determinar el valor probable de venta de cada planta y del conjunto.

También deberá precisar el impacto que tuvo el incendio ocurrido el 7 de junio sobre la planta de Sunchales.

A su vez, los informes de valuación y sus papeles de trabajo deberán quedar disponibles en el expediente sin restricciones y sin costo para los distintos actores de la quiebra.

Según el fallo, cobrar por acceder a esa información podría constituir una barrera para potenciales oferentes y afectar la competencia.

Diez empresas ya habían comprado el pliego

La resolución también establece que las diez empresas que ya adquirieron el pliego conservarán esa condición y no deberán volver a pagar.

La Cámara ordenó que el juez de primera instancia retome la licitación sin necesidad de realizar un nuevo llamado desde cero y estableció que los nuevos plazos no podrán ser inferiores a los originales.

Además, las cuestiones que ya fueron resueltas quedarán cerradas para futuras impugnaciones.

Un mensaje para los síndicos

El fallo dedica un apartado específico a las diferencias entre los dos síndicos de la quiebra, Ignacio Martín Pacheco Huber y Juan Luis Tomat.

Los camaristas señalaron que ambos integran “un solo órgano de control” y no deben funcionar como partes enfrentadas.

Por eso, les ordenaron presentar dentro de los próximos diez días un protocolo de coordinación interna y canalizar sus diferencias mediante dictámenes conjuntos, dejando constancia de las eventuales disidencias.

También deberán evitar nuevas incidencias que no impliquen un perjuicio concreto para la quiebra.

Más de 900 trabajadores y más de 1.500 acreedores

La resolución vuelve a poner el foco en el impacto económico y social que tiene la quiebra de SanCor en Rafaela, Sunchales y la cuenca lechera.

El proceso involucra seis unidades industriales, marcas de alcance nacional, más de 1.500 acreedores y 914 trabajadores.

Para la Cámara, permitir ofertas por lotes no significa necesariamente resignar el objetivo de preservar el empleo. El criterio adoptado es que la competencia entre distintos oferentes puede ampliar las posibilidades de que las plantas continúen funcionando.

Por eso, los compradores deberán presentar un plan de empresa y serán evaluados también en función de los puestos de trabajo que se comprometan a mantener.

El objetivo: evitar otra paralización

El fallo no solo resuelve los recursos presentados contra el pliego. También establece una serie de pautas destinadas a impedir que el procedimiento vuelva a quedar detenido.

La Cámara busca así que la licitación continúe con reglas más precisas, información accesible para los interesados y mecanismos específicos para resolver las controversias que todavía existen sobre determinados activos.

En su síntesis en lenguaje claro, el tribunal resume el efecto de la resolución: para los trabajadores, la venta continúa; para los acreedores, se mantiene el proceso de distribución conforme al orden legal; y para los potenciales compradores, las reglas quedan más definidas.

La licitación de los activos de SanCor vuelve, de esta manera, al centro de la escena judicial y productiva de la región.