Tras el anuncio de aumento en las tarifas de luz (13% en abril y 9% en julio) y agua (15% en julio y 10% en octubre), la Red Argentina de Consumidores (RAC) expresó su opinión en contrario y solicitó, en cambio, que se mejore la calidad del servicio que reciben los usuarios.

“En relación con la Empresa Provincial de la Energía (EPE), es preciso remarcar que nunca se creó el prometido ente regulador y/o de control que supervise la calidad del servicio, medie y dirima controversias entre usuarios y la empresa, controle las inversiones mínimas obligatorias y defienda los intereses de los consumidores, entre otras funciones”, señala el comunicado firmado por el titular de la RAC, Christian Galindo.

“Además –explicó– se encuentra pendiente la implementación de audiencias públicas previas a cualquier modificación tarifaria en materia de servicios públicos, por falta de decisión política”.

A su vez, la ONG argumentó que “hasta la fecha, no se ha regulado un sistema de resarcimiento a los consumidores que satisfaga seriamente los daños y perjuicios derivados de la mala calidad en la prestación del servicio. Las compensaciones han sido de 25 ó 30 pesos, promedio, para usuarios con varias horas sin el suministro”.

Por otra parte, en referencia a Aguas Santafesinas (Assa), el dirigente destaca que “el año pasado hubo subas del servicio de hasta un 100%. El esfuerzo pedido al usuario ha sido importante pero los niveles de aportes de la Provincia bajaron sustancialmente ya que el presupuesto del año 2012 fue de 287 millones (los que no se ejecutaron en su totalidad) y en 2013, bajó a 107 millones".

“Es necesario discutir, en forma preliminar, sobre la calidad del servicio, las asimetrías existentes y un cronograma de obras que aseguren calidad y eficiencia en la prestación, en ambos casos”, precisó Galindo y en el caso puntual de Assa, señaló que "el Estado provincial debe generar las condiciones para propiciar un debate amplio sobre un nuevo marco regulatorio de los servicios sanitarios, derogando la Ley N° 11.220 pensada para un prestador privado, y salir de una vez por todas del modelo de prestación transitoria prorrogado sucesivamente sin justificación”.

En cuanto a la EPE, el dirigente opinó que “se debería asegurar el funcionamiento de un organismo de control y regulación con autarquía y autonomía funcional”.

"Se subejecutan los presupuestos"

Por su parte, la concejala radical María Eugenia Schmuck manifestó que “parece que el momento de discutir la calidad de los servicios no llega nunca”.

Para Schmuck, el aumento “es el mundo del revés". "Alguna vez hay que discutir la calidad del servicio antes de aumentar. Pasan los años, las administraciones y las promesas y no se ven mejoras sustanciales. En Rosario, en pleno siglo XXI, hay barrios que se abastecen de agua mediante cubas como en la Edad Media”, agregó.

Por otra parte, la concejal recordó que “se aumenta con el argumento de afrontar grandes inversiones, pero sin embargo se subejecutan los presupuestos destinados para ese objetivo. En 2012, de los 500 millones pesos, 400 destinados EPE y 100 a Assa, al mes de septiembre sólo se había invertido el 43 por ciento, unos 160 millones de pesos para EPE y unos 70 millones a Assa”.