El presidente del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), Alberto Múñoz, coincidió con el reclamo del Observatorio del Agua para que se investigue y fiscalice la supuesta venta de agua a buques por parte de las terminales portuarias de la zona.
Según la denuncia, realizada por dirigentes gremiales en medio del conflicto con las agroexportadoras y tomada por ese ente que depende de la UNR, las empresas comercializan el líquido a 8 dólares más Iva y en grandes cantidades.
La ley prohíbe la “exportación directa o indirecta” del agua potable aunque no está claro si la acción denunciada está enmarcada en esa actividad. Múñoz aclaró este jueves a Rosario3.com que si las multinacionales venden agua para consumo de los tripulantes de los navíos, no violan la normativa, pero sí lo hacen si realizan algún tipo de suministro a granel.
“No es la primera vez que se denuncia algo similar y creo que es necesario investigarlo. La verdad es que no sabemos si es una venta a granel o para consumo en navíos, que está permitido por la ley 11.220. El gobierno debería fiscalizar porque el agua puede ser un negocio y siempre hay más de un pícaro para aprovecharlo”, afirmó el titular del ente de control de la empresa estatal Aguas Santafesinas (Assa).
El gerente de relaciones institucionales de Assa, Guillermo Lanfranco, dijo más temprano al programa A diario (Radio 2) que la venta de agua potable es “razonable”. “Son clientes que están conectados a la red nuestra como cualquier otro usuario y de ahí en más lo que cada uno hace con el producto, ya nosotros no lo regulamos”, aseguró. Agregó que quienes consumen mucha cantidad, se les cobra más caro el metro cúbico.
Sin embargo, Múñoz presentó sus reparos a que se tome a ese bien esencial como una “mercancía”. “Nosotros nos oponemos a ese enfoque y pedimos que se tome al agua como un derecho humano”, señaló.
El miércoles, el abogado Aníbal Faccendini (integrante del Obsertario del Agua) pidió al Ministerio de Aguas que intervenga e investigue a las empresas cerealeras por la venta de agua potable o "cruda", es decir cargas del río Paraná.
La denuncia
El dirigente gremial de la CGT San Lorenzo, Edgardo Quiroga, aseguró que esa comercialización existe y consideró que "no se debería realizar porque es el agua de los santafesinos". Dijo que, si bien no estaba probado, la venta sería para “consumo, necesidades del barco y equilibración de bodegas de buque por líquidos".
Agregó que se habla de una tarifa de 8 dólares más IVA por tonelada de agua. Otras fuentes consultadas aseguraron que lo que se cobra no es el agua sino la carga de la misma. Incluso algunos barcos entregan ese bien a los buques oceánicos y cobran el flete.
El artículo 1 de la Ley Provincial Nro 13.036 prohíbe “la comercialización de agua dulce o potable a granel y sin tratamiento o proceso de ningún tipo del dominio originario de la provincia, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que implique directa o indirectamente su exportación”.
Desde Assa, Lanfranco dijo que la venta es legal (Radio 2)
