Un caso en La Plata, el otro en Mendoza. Dos jóvenes discapacitadas mentales, embarazadas como producto de una violación, cuyas familias imploraron a la Justicia que diera luz verde para que se interrumpiera el embarazo tal como establece el Código Penal. En los dos casos, las madres de las chicas no temieron enfrentarse a las cámaras ni responder a las amenazas con tal de cumplir su objetivo. Que en el fondo era el mismo de cualquier madre: cuidar a su hija.

En Mendoza, Ana Gazzoli, la madre de la joven de 25 años discapacitada que tenía un embarazo producto de una violación y fue sometida a un aborto terapéutico, se había mostrado dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para lograr la realización de la intervención a su hija

"Si no se puede en Mendoza nos vendremos a otro lugar o buscaremos otra manera de hacer un aborto como sea. Para ello tengo apoyo de instituciones de todo tipo que se ofrecieron para ayudarme si la Justicia o los médicos se niegan a efectuar un aborto a mi hija", había dicho el martes la mujer.

"La última decisión es mía, soy la madre, tutora legal de ella, nadie la conoce como yo y no puedo echar 25 años por la borda por una causa como esta donde hay grupos antiabortistas que no entienden nada", dijo ese día ante las cámaras de un canal de televisión. A dos días de esas declaraciones, su objetivo quedó cumplido. Su hija fue sometida a un aborto terapéutico en un hospital público provincial en las últimas horas.

En realidad, la justicia de primera instancia de Mendoza había autorizado la realización de un aborto a la joven pero grupos antiabortistas presentaron un recurso de amparo que frenó la decisión del juez, mientras que los médicos del Hospital Militar no habían tomado una decisión al respecto. No fue una jornada fácil: estuvo signada por movilizaciones de grupos antiabortistas ante organismos gubernamentales, a los que se opusieron otros en el centro capitalino de ONG a favor de que se cumpla la medida judicial en resguardo de la discapacitada por tratarse de un caso muy particular y contemplada por el Códifo Penal. Las presiones culminaron con una amenaza de bomba en un hospital mendocino.

En La Plata, Vicenta, la mamá de la joven de 19 años discapacitada, a la que también le interrumpieron un embarazo producto de una violación, atravesó una disputa judicial similar. "Salió caminando. Todo duró apenas veinte minutos. Lógico, hay un dolor, que nos va a quedar, pero recuperamos la tranquilidad”, dijo Vicenta, según publicó Página 12.

La intervención se hizo el “sábado, con un médico matriculado y la chica está muy bien”, explicó el abogado de la familia, Marcelo Peña. Pero la noticia recién se conoció este jueves por la noche. “Tantas semanas de lucha y en un ratito, en veinte minutos, volvió a la normalidad. La verdad es que no pensamos que iba a ser así de sencillo”, dijo la madre de la joven.

La joven, que estaba embarazada de cinco meses, padece una discapacidad mental con un nivel intelectual similar al de un niño de ocho años. A mediados de julio, estuvo internada en el hospital San Martín, de La Plata, para someterse a un aborto, ya que el Código Penal autoriza a esa práctica en caso de violación a una "demente", pero una orden judicial impidió que los médicos interrumpieran el embarazo de la joven.

La medida restrictiva fue adoptada por la jueza de menores de La Plata, Inés Siro, que desautorizó el aborto, y esa decisión fue ratificada por la Cámara Civil de La Plata. Posteriormente, la Suprema Corte bonaerense autorizó el aborto, que no había podido realizarse los médicos consideraron que se trataba de un embarazo de cinco meses y debían realizar una inducción al parto y no un aborto.