El sueño de la casa propia podría estar más cerca que nunca. Un plan hipotecario podría reducir hasta en un 25 por ciento el monto promedio que tienen las actuales cuotas de los créditos bancarios, de acuerdo a lo publicado por La Nación. De concretarse esta posibilidad, se abrirían las puertas al financiamiento bancario para muchos asalariados, que actualmente no pueden acceder a este tipo de planes, ya sea por sus ingresos por debajo de lo requerido o por no contar con el porcentaje que la casa bancaria exige en efectivo.
El Gobierno comenzará a analizar esta semana el plan, cuyo mecanismo - que no es otro que de una parte del financiamiento esté a cargo del Estado nacional- haría caer de $ 1650 a entre 1200 y 1300 el valor de la cuota por pagar por un préstamo a 20 años de plazo y, de ese modo, haría que el ingreso mínimo mensual exigido a la familia que se endeuda pase a ser de entre $ 4000 y $ 4300, contra los $ 5500 de la actualidad. Esto ampliaría el universo de potenciales beneficiarios a gran parte de la denominada clase media.
El ejemplo mencionado por el matutino, se refiere a un crédito tipo por el equivalente a 50.000 dólares ($ 157.000 al cambio de ayer) en el que el efecto ahorro sobre el monto de la cuota efectiva por pagar se logra en la medida en que el Estado acepte financiar hasta un 20% de la compra y recobrar ese dinero después que los bancos. Es decir, una vez que el deudor haya cancelado la primera hipoteca (la que tomó con la entidad financiera), dado que el esquema se basa en un sistema de doble hipoteca (la otra la firmará en favor de la repartición pública que subsidie).
Esta nueva alternativa que se analiza se sumaría al resto de las vigentes, que van desde la vivienda social (los programas a cargo del Fonavi) hasta el denominado Plan Inquilinos, que rompió con el monoconcepto de la relación cuota/ingresos al establecer que el monto del financiamiento en esas líneas debe vincularse con el alquiler que el interesado paga por la vivienda que ocupa. Este último logró modestos resultados hasta ahora y en pocos casos cumplió la premisa de convertirlo en propietario del inmueble en cuestión (la mayoría de las veces lo desplazó a otro ubicado en zonas más económicas o a unidades más pequeñas).
La propuesta actual vuelve a poner el foco sobre los que tienen ingresos formales, con la pretensión de que algunas de las dos millones de familias con problemas habitacionales en la Argentina encuentren una forma de solucionarlos. De allí que establezca una serie de criterios restrictivos destinados a focalizar la oferta: sólo financiaría la compra de viviendas de hasta 80 metros cuadrados cubiertos y siempre que el costo de la operación no supere el rango de los 900/1000 dólares por m2.
El estudio fue encargado por el Ministerio de Planificación a un equipo técnico encabezado por el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Miguel Angel Pesce, y del que forma parte también el número dos del Banco Ciudad, Ernesto Selzer, según se hizo público durante la última Exposición de Vivienda Social, realizada hace dos semanas en Buenos Aires.
El Gobierno comenzará a analizar esta semana el plan, cuyo mecanismo - que no es otro que de una parte del financiamiento esté a cargo del Estado nacional- haría caer de $ 1650 a entre 1200 y 1300 el valor de la cuota por pagar por un préstamo a 20 años de plazo y, de ese modo, haría que el ingreso mínimo mensual exigido a la familia que se endeuda pase a ser de entre $ 4000 y $ 4300, contra los $ 5500 de la actualidad. Esto ampliaría el universo de potenciales beneficiarios a gran parte de la denominada clase media.
El ejemplo mencionado por el matutino, se refiere a un crédito tipo por el equivalente a 50.000 dólares ($ 157.000 al cambio de ayer) en el que el efecto ahorro sobre el monto de la cuota efectiva por pagar se logra en la medida en que el Estado acepte financiar hasta un 20% de la compra y recobrar ese dinero después que los bancos. Es decir, una vez que el deudor haya cancelado la primera hipoteca (la que tomó con la entidad financiera), dado que el esquema se basa en un sistema de doble hipoteca (la otra la firmará en favor de la repartición pública que subsidie).
Esta nueva alternativa que se analiza se sumaría al resto de las vigentes, que van desde la vivienda social (los programas a cargo del Fonavi) hasta el denominado Plan Inquilinos, que rompió con el monoconcepto de la relación cuota/ingresos al establecer que el monto del financiamiento en esas líneas debe vincularse con el alquiler que el interesado paga por la vivienda que ocupa. Este último logró modestos resultados hasta ahora y en pocos casos cumplió la premisa de convertirlo en propietario del inmueble en cuestión (la mayoría de las veces lo desplazó a otro ubicado en zonas más económicas o a unidades más pequeñas).
La propuesta actual vuelve a poner el foco sobre los que tienen ingresos formales, con la pretensión de que algunas de las dos millones de familias con problemas habitacionales en la Argentina encuentren una forma de solucionarlos. De allí que establezca una serie de criterios restrictivos destinados a focalizar la oferta: sólo financiaría la compra de viviendas de hasta 80 metros cuadrados cubiertos y siempre que el costo de la operación no supere el rango de los 900/1000 dólares por m2.
El estudio fue encargado por el Ministerio de Planificación a un equipo técnico encabezado por el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Miguel Angel Pesce, y del que forma parte también el número dos del Banco Ciudad, Ernesto Selzer, según se hizo público durante la última Exposición de Vivienda Social, realizada hace dos semanas en Buenos Aires.
