Desde este miércoles, la Municipalidad de Rosario contará con una nueva herramienta en la lucha contra la discriminación –en todas sus formas– y a favor de la instalación de formas equitativas de convivencia. Será a través de la firma de un decreto que promulga una ordenanza impulsada por la asociación civil Vox y formaliza un convenio con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
La Municipalidad podrá recibir denuncias por casos de discriminación y darle curso a su tramitación y juzgamiento. Además, girará las actuaciones al Inadi para que emita un dictamen, aunque será el juez de Faltas quien tenga la última palabra. “El Estado debe estar al lado de la víctima de discriminación porque no alcanza sólo con la educación sino que debe acompañar con los instrumentos legales”, manifestó al respecto Rubén Chababo, titular de la Oficina de Derechos Humanos municipal, en diálogo con Rosario3.com.
Las denuncias serán recibidas telefónicamente a través de la línea gratuita de la Guardia Urbana Municipal o por escrito por ante el Tribunal Municipal de Faltas. Si el hecho denunciado está sucediendo en el momento, personal de la GUM intentará hacerlo cesar. En cambio, si el hecho denunciado ya ha sucedido, se tomará la denuncia y ésta será derivada al Tribunal Municipal de Faltas.
En los casos en que no hubiere denuncia, pero que un agente municipal con facultades de inspección (GUM, Dirección General de Control Urbano, Dirección General de Inspección de Industrias, Comercios y Servicios) presencie un acto presunto de discriminación, se labrará un acta de comprobación, la que luego será derivada al Tribunal Municipal de Faltas.
Una vez que la denuncia o el acta estén en el Tribunal Municipal de Faltas, el juez actuante citará al denunciante para que ratifique la denuncia y aporte pruebas. Luego, se cita a los imputados para que realicen su defensa y aporten las pruebas que entiendan pertinentes. También se citará a los testigos.
Previo al dictado de la sentencia, las actuaciones serán giradas al Inadi a fin de que se emita un dictamen en un plazo no mayor a los 30 días hábiles. Finalmente, el juez de Faltas, previa vista a la Fiscalía, dictará sentencia fundada, en el plazo de 10 días hábiles.
“Es el instrumento que faltaba, teníamos que saldar un vació en la normativa para poder instaurar este decreto que termina con el problema de intervenir en conflictos de una palabra contra otra”, reflexionó sobre la iniaciativa el subsecretario de Gobierno municipal, Fernando Asegurado.
Por su parte, Chababo celebró la puesta en marcha de esta iniciativa: “Tenemos que trabajar para interiorizar esta normativa. No es de un día para otro y la batalla contra la discriminación no termina nunca y es por eso que el Estado debe estar presente” y agregó: “Esta norma es un alerta a las personas que no toleran lo diferente, es una frontera que indica que no podrá ir más allá porque el Estado no lo va a permitir”, finalizó.
La Municipalidad podrá recibir denuncias por casos de discriminación y darle curso a su tramitación y juzgamiento. Además, girará las actuaciones al Inadi para que emita un dictamen, aunque será el juez de Faltas quien tenga la última palabra. “El Estado debe estar al lado de la víctima de discriminación porque no alcanza sólo con la educación sino que debe acompañar con los instrumentos legales”, manifestó al respecto Rubén Chababo, titular de la Oficina de Derechos Humanos municipal, en diálogo con Rosario3.com.
Las denuncias serán recibidas telefónicamente a través de la línea gratuita de la Guardia Urbana Municipal o por escrito por ante el Tribunal Municipal de Faltas. Si el hecho denunciado está sucediendo en el momento, personal de la GUM intentará hacerlo cesar. En cambio, si el hecho denunciado ya ha sucedido, se tomará la denuncia y ésta será derivada al Tribunal Municipal de Faltas.
En los casos en que no hubiere denuncia, pero que un agente municipal con facultades de inspección (GUM, Dirección General de Control Urbano, Dirección General de Inspección de Industrias, Comercios y Servicios) presencie un acto presunto de discriminación, se labrará un acta de comprobación, la que luego será derivada al Tribunal Municipal de Faltas.
Una vez que la denuncia o el acta estén en el Tribunal Municipal de Faltas, el juez actuante citará al denunciante para que ratifique la denuncia y aporte pruebas. Luego, se cita a los imputados para que realicen su defensa y aporten las pruebas que entiendan pertinentes. También se citará a los testigos.
Previo al dictado de la sentencia, las actuaciones serán giradas al Inadi a fin de que se emita un dictamen en un plazo no mayor a los 30 días hábiles. Finalmente, el juez de Faltas, previa vista a la Fiscalía, dictará sentencia fundada, en el plazo de 10 días hábiles.
“Es el instrumento que faltaba, teníamos que saldar un vació en la normativa para poder instaurar este decreto que termina con el problema de intervenir en conflictos de una palabra contra otra”, reflexionó sobre la iniaciativa el subsecretario de Gobierno municipal, Fernando Asegurado.
Por su parte, Chababo celebró la puesta en marcha de esta iniciativa: “Tenemos que trabajar para interiorizar esta normativa. No es de un día para otro y la batalla contra la discriminación no termina nunca y es por eso que el Estado debe estar presente” y agregó: “Esta norma es un alerta a las personas que no toleran lo diferente, es una frontera que indica que no podrá ir más allá porque el Estado no lo va a permitir”, finalizó.
