En los Tribunales provinciales se discuten las responsabilidades de la tragedia más grande de la historia de Rosario. En Balcarce y Pellegrini, todos coinciden en que la magnitud del hecho desembocó en la causa más compleja que alguna vez hayan trabajando. Bajo la carátula de “estrago culposo agravado”, recibieron cientos de testimonios y por estos días ya se acumularon 13 expedientes de 200 fojas cada uno. Es decir, unas 2.600 páginas. Hay 21 querellantes y once imputados por la explosión que arrojó 22 víctimas fatales, 70 damnificados con daños físicos y psíquicos y 300 con daños materiales.

Los imputados: el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño, los únicos que estuvieron detenidos. Otro gasista, José Allala, quien trabajó doce días antes del falta desenlace y admitió que manipuló la válvula. La misma suerte corren los tres integrantes de la administración del edficio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.

En tanto, Litoral Gas, una empresa que había sido sancionada 22 veces en los últimos cuatro años por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y que tiene otros tantos procesos abiertos, afronta un nuevo proceso administrativo con trece imputaciones. Hay cinco involucrados: los inspectores reclamistas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba y su jefe, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica de la firma, Viviana Leegstra.

La defensa de la distribuidora

Litoral Gas, que se expresó públicamente mediante una solicitada y a través de su vocero, dijo que toda la culpa es del gasista y el consorcio. “No encontramos responsabilidad en el hecho”, reiteró el gerente de Relaciones Institucionales, José María González.

En realidad, la empresa distribuidora abrió una fuerte batalla en todos los frentes. Pidió la nulidad de todas las declaraciones de sus empleados y funcionarios, aunque ya había logrado imponer un recurso: fue cuando la Sala IV de la Cámara de Apelaciones apartó a Javier Beltramone, el segundo juez de los tres que tuvo la causa.

Curto, el primero, se había declarado incompetente y Beltramone, que tomó las riendas, fue desplazado tras una presentación de los abogados de Litoral Gas. Consideraron que incurrió en prejuzgamiento cuando habló de responsabilidades y la Cámara dio lugar a la recusación, lo que generó malestar entre los familiares de las víctimas. En aquel momento, Radiópolis (Radio 2) emitió los audios. La causa siguió adelante en el juzgado de Instrucción Nº10, de Patricia Bilotta.

A pesar de su posición pública, la firma, a través de la aseguradora La Meridional, realizó una oferta a los damnificados y familiares de víctimas para acordar económicamente a cambio de que desistan de avanzar con la acción penal  y con los reclamos civiles posteriores. Les ofrecieron 1.200 dólares por metro cuadrado perdido y un "valor vida" en el caso de los fallecidos.

A poco de conocerse la iniciativa, a fines de noviembre, representantes de querellantes expresaron su rechazo. “La prioridad de algunos de mis representados no es la parte económica sino la responsabilidad penal. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, le dijo a Rosario3.com la abogada Alicia Bollati. A la par, no son pocos los damnificados materiales que ven con buenos ojos la propuesta.

A nivel político, el vicegobernador Jorge Henn, que impulsa la creación de una prestataria estatal del servicio de gas complementaria a Litoral Gas, disparó contra la empresa por la propuesta económica. "Es inescrupuloso querer transar con el dolor”, señaló.

Lo último y lo que viene

La causa se engrosa día a día. Este jueves se presentó en el Juzgado el informe final de las pericias sobre la válvula y el gabinete de gas que la firma GIE realizó en Mar del Plata junto a peritos de todas las partes. Las extensas conclusiones se encaminaban hacia un dictamen favorable para Litoral Gas en torno a la responsabilidad sobre la explosión. Del otro lado, al menos una de las partes indica que las instalaciones no estaban operables.

Sea como fuere, los resultados podrían no ser determinantes. Lo que se discute, en definitiva, son las acciones u omisiones, la rigurosidad de los controles previos, las inspecciones y las capacitaciones sobre los matriculados, como así también los cumplimientos de las normativas y de los protocolos de seguridad y rehabilitación del servicio. También, el tiempo que demoró Litoral Gas en cortar suministro después de la explosión y quién y cómo lo hizo, ya que según la normativa debe realizarlo por sus propios medios y una de las sospechas es que participó una cuadrilla de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

La investigación sigue además con dos nuevos testimonios: el de un empleado de Litoral Gas que envió un mail a la Municipalidad para romper la vereda frente al edificio con carácter urgente, un trabajo que nunca se hizo, y la única sobreviviente de las personas que estaban en la torre del medio, la estructura que colapsó por completo.

En el cierre de este 2013, el complejo entramado que se construye alrededor de la tragedia de Salta al 2100 aún va por una primera etapa. El delito que se les imputa a los once involucrados contempla una pena máxima de cinco años de prisión. Podrían afrontar esa pena si van a juicio y son declarados culpables. Para conocer si serán procesados y quiénes, habrá que esperar hasta febrero, cuando la jueza Patricia Bilotta resolverá una situación sobre el que nadie aventura nada: la magistrada jamás habló del tema públicamente.