R. R.

La tarde del viernes 25 de octubre, dos semanas después del ataque a balazos a la vivienda de Antonio Bonfatti, una persona llamó a la producción de El Tres para “avisar” que había un “allanamiento” en la comisaría 10ª. La voz anónima parecía manejar más información que un vecino cualquiera o un testigo casual: “Están buscando el arma con la que atentaron  contra la casa del gobernador. Hay personal de la TOE y también llegó en un Fiat blanco gente de la PSA”.

La TOE es la Tropa de Operaciones Especiales, que participó de aquel operativo. La PSA es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, una fuerza federal que el informante creyó ver, aunque habría confundido con personal del juzgado de María Luisa Pérez Vara, quien investiga el atentado en barrio Alberdi. La magistrada encabezó la requisa.

Fuentes de la investigación reconocieron a Rosario3.com que esos mismos llamados recibieron otros medios de la ciudad. “Fue la jueza a la comisaría y buscaron el arma pero en un primer momento no la encontraron. Se ve que pensaron que se iba a ir y entonces empezaron a hacer esos llamados para que no se les caiga la operación. En una segunda búsqueda que hizo la TOE encontraron el arma en un auto estacionado, pero no tenía relación con el ataque a la casa del gobernador”, confiaron.

Hasta que se supo que la pistola hallada el viernes 25 de octubre en la comisaría 10ª no había sido utilizada en la balacera del 11 de octubre contra del domicilio de Gallo y Darragueira, pasaron varias horas. En ese lapso, crecieron la incertidumbre y la versión de un desplazamiento del jefe Iván Cuñé. “No sabemos si vamos a seguir acá en un par de horas”, dijeron en medio de aquel momento a este medio desde la comisaría.

Más tarde, desde el Ministerio de Seguridad bancaron a los jefes y leyeron a la maniobra como un intento de desestabilizar a “un comisario que ha trabajado muy bien”. “Puede ser parte de la interna policial”, afirmaron. La misma hipótesis se utilizó para explicar la carta con mensaje narco dejada tras un doble ataque con bombas molotov en barrio Alberdi, siempre en jurisdicción de la 10ª.

La misiva que dio a conocer este medio acusaba a Cuñé de cobrar por proteger a bandas y daba direcciones de búnkeres (algunos de ellos comprobados y allanados) y nombres de los responsables directos y supuestos proveedores. La carta escrita en julio, antes del atentado, incluyó a quienes después sonaron como sospechosos del ataque a Bonfatti e incluso fueron detenidos, como el caso de “Ema Pimpi”, por Emanuel Sandoval. De nuevo, para Seguridad provincial, se buscó ensuciar a un comisario que había asumido en junio y realizado acciones contra esas bandas.

Semanas más tarde fueron otros los policías involucrados en la causa del atentado más grave en democracia. Uno de ellos, que tenía en su poder la pistola calibre 11.25 que se utilizó aquella noche (y también en un ataque contra un ex jefe de Drogas y un homicidio), es un suboficial que reportaba en la comisaría 10ª y había sido pasado a disponibilidad.

Atentados y anónimos parecían ir tener un denominador común. El ministro Raúl Lamberto reconoció que ganó fuerza la vinculación de la Policía y una eventual interna como el trasfondo del ataque al gobernador. Las hipótesis de bandas narcos, como autores intelectuales de la balacera, perdieron terreno.

Los anónimos y operaciones cruzadas no se limitan a la zona norte y el manejo de la 10ª. Los expedientes de las principales causas judiciales, Los Monos en el fuero provincial y Delfín Zacarías en el federal, se nutren de escuchas telefónicas que desnudan ese tipo de acciones.