La Justicia le ordenó al gobierno de Neuquén que no acepte la renuncia que habían presentado dos anestesistas que querían trabajar en una clínica privada, por considerar que esa decisión afectaría el derecho de acceso a la salud de las personas. Según esa resolución, es más importante el derecho de un paciente a recibir atención médica que el de los profesionales a decidir dónde trabajar.
El fallo de la Sala I de la Cámara Civil se da en medio del profundo deterioro de la atención quirúrgica que vive el sistema de salud de la provincia, en la cual hay 700 personas esperando ser intervenidas, según informa el portal argenpress.info.
El conflicto surgió cuando dos anestesistas del hospital Castro Barros, cabecera del sistema de salud pública, oficializaron sus intenciones de dejar sus puestos en el servicio, que está integrado por sólo cuatro especialistas, tras una serie de bajas abruptas registradas en los últimos tiempos.
Ante ese panorama, la Defensora del Niño y el Adolescente, Nara Osés, presentó un recurso de amparo ante la jueza de Familia María Vasvari, aunque obtuvo una respuesta que no la satisfizo, ya que, si bien la magistrada instaba al Ejecutivo a buscar reemplazantes, no frenaba las renuncias. Por eso, apeló ante la Cámara.
La nueva resolución de este órgano, además de congelar la decisión de los anestesistas, fija un plazo máximo de seis meses para que el gobierno provincial encuentre un reemplazo.
