Todo indica que Ana Morel no será por mucho más tiempo la funcionaria que maneje los recursos económicos del Ministerio de Seguridad de la provincia. Hace unos días le habían comunicado que debía renunciar, pero horas después la ratificaron. Un desacierto, porque eso dio lugar a que el miércoles pasado concurriera a la citación de la Cámara de Diputados y protagonizara un bochorno.
¿Qué pasó en esa citación? No nos detengamos en los detalles. Lo concreto es que no aclaró la información que se le pedía y dio lugar para que la oposición pegara incluso en aspectos que eran fáciles de despejar. Lo que se vio fue a una funcionaria de rango menor plantarse frente una cámara legislativa y desafiar a sus integrantes, que en cambio de dar explicaciones sobre sus responsabilidades en el manejo de decenas de miles de millones, quiso enjuiciar una gestión anterior, para peor de males con datos erróneos, y defendiendo planillas de gastos donde 2+2 no son cuatro. Morel se volvió un meme que circula por los celulares: “Es un error, qué se le va a ser”, dijo suelta de cuerpo con respecto a la planilla que supuestamente explica el destino de cifras de nueve y diez dígitos.
Hay algo más serio aún. Si algo quedó claro es que la llave del Ministerio de Seguridad está en manos de esta contadora, cuyo foco está puesto en cómo las urgencias se adaptan a las cuestiones de técnica administrativa y no en una resolución política de las demandas de seguridad. Eso explica sus conflictos con el ex ministro Jorge Lagna, y con el actual, Rubén Rimoldi, que el miércoles quedó expuesto a un espectáculo en el que ningún ministro debería estar. Menos si es quien debe conducir las fuerzas de seguridad.
Los ministros del círculo chico del gobernador empujan una resolución que desactive la bomba. O se va el ministro o se va la secretaria de Logística. La relación humana y profesional entre ambos está rota, no hay diálogo directo ni jerarquías de mando que valga, como se vio en la Cámara cuando un fatigado presidente Pablo Farías le pidió al ministro que llame al orden a su subordinada, y éste hizo gestos de que no estaba en sus posibilidades, aunque lo intentó, sin resultado. En definitiva, el paso de Morel por la Legislatura –con tanto poder se sentía que ni aceptó un coucheo antes de ir a un ámbito extraño para ella y en el que la oposición hace y deshace a gusto– terminó lastimando al propio gobierno. Algo de eso expresaron los diputados peronistas. De modo directo y ácido Luis Rubeo, y de forma más diplomática Leandro Busatto, que durante la audiencia trató de hacerle ver a la funcionaria lo que estaba provocando. Una fuente del peronismo contó que más tarde, en su calidad de jefe de bancada, le envió un comentario de Whatsapp al propio gobernador que nunca tuvo devolución.
El presupuesto para Seguridad en 2023 ronda los 200 mil millones. Es una cartera delicada, que en tiempos de Marcelo Sain tuvo un antecedente de intento de compra direccionada que fue abortado a tiempo. Tiene lógica querer tener ojos y oídos adentro de ese ministerio, pero también la lógica indica que debería ser más sencillo reemplazar un cuadro técnico, por más eficiente y leal que sea, que conseguir un cuarto ministro de Seguridad. Por eso los diputados peronistas y los ministros perottistas esperan definiciones que por ahora el gobernador estira.
El intendente Javkin se sumó a la polémica. "Si yo tengo una persona que se encarga de las cuestiones logísticas, es para ayudar. No puede ser que la persona que está a cargo de invertir y gastar en estos temas se demore” y dijo que “hay que tratar mejor a Rosario", en relación a la subejecución del presupuesto provincial, que asocia a la falta de lo que llama “luces azules en las calles”. Perotti estará pensando por qué Javkin se mete con su gabinete con los problemas que tiene él, pero en el fondo el rosarino no hacía otra cosa que sumarse al coro de oficialistas y opositores que piensan (y los que pueden dicen) lo evidente. Un día antes del bochorno con la funcionaria de Seguridad en la Legislatura, hubo una convocatoria de la ministra de Gobierno y el fiscal de Estado con los jefes de bloque de diputados que transitó carriles muy diferentes, a pesar que el accidentado concurso de autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación y la Defensoría acumula varios cortocircuitos. Son cargos muy sensibles, y en especial en Santa Fe con su historia de violencia altamente lesiva, expansión de bandas, narcodelito y delitos económicos, pero también porque aterrizan cada vez más en el Poder Judicial asuntos que involucran a la política y políticos. En el encuentro los referentes de la oposición señalaron que no van a convalidar que esos concursos continúen como si nada tras la renuncia masiva de jurados y el apartamiento forzado del secretario de Justicia Gabriel Somaglia. Los bloques de la oposición propusieron sostener el concurso y las inscripciones ya hechas, pero sortear de nuevo el tribunal evaluador. La ministra de Gobierno y el fiscal de Estado escucharon y tomaron nota. El gobierno insiste en mantener los pocos que quedaron y sortear las vacantes. Por fuera de las autoridades superiores, entre mañana y el martes ingresará a la Legislatura el listado de propuestos por el gobernador para ocupar cargos de fiscales y fiscales adjuntos. Se avecina ahí una nueva controversia, porque esos nombres deberá elegirlos en base al orden de mérito del concurso que elaboró el Consejo de la Magistratura que preside Gabriel Somaglia y que generó molestias y planteos dentro y fuera del MPA. Fiscales de trayectoria, con experiencia, aparecieron muy atrás de jóvenes sin antecedentes ni experiencia. Se verá en las próximas horas qué tan fino están el gobernador y sus colaboradores para remediar con criterio político aquello que la evaluación técnica no reflejó. Hace 11 meses de los procedimientos en los que se secuestraron los elementos que dan soporte a la investigación que lleva la Fiscalía de Santa Fe. La lógica implícita pareciera ser que cuanto más tiempo pasa, más se podrá imputar. Por otro lado es un tiempo que alimenta especulaciones y versiones, por lo que están los que creen que es necesario poner claridad, imputar a quienes corresponda y ampliar más adelante si fuera necesario. En esta última línea se anotan querellantes y sospechosos, oficialismo y oposición. Más aún, algunos actores del caso accionan sin esperar la imputación. De eso se trata el escrito que presentó el diputado Maximiliano Pullaro a los fiscales el mes pasado en el que solicita que “se formalice la comunicación de derechos” al diputado Roberto Mirabella y al secretario de Justicia Gabriel Somaglia, porque entiende que en al menos dos audios que son parte de la investigación, “surgen indicios serios” acerca de la posible participación de ambos “en distintas actividades con apariencia delictiva, tales como el perfilamiento ilegal de personas, y el posterior encubrimiento de esta actividad mediante la obtención de autorizaciones judiciales posdatadas”. La presentación del abogado Pablo Cococcione adjunta publicaciones de “perfiles y sitios en redes sociales, creados y sostenidos específicamente para difundir noticias falsas o tergiversadas” sobre Pullaro. Adjunta inclusa los montos de inversión en redes, que llegan hasta los 100 mil pesos. Y señala a la Fiscalía que “esas publicaciones fueron reproducidas o citadas de manera prácticamente coetánea al audio de Marcelo Sain en el que invoca el mandato político de Mirabella para «armar lo de Druetta»", en referencia a vincular al ex comisario condenado en el marco de una causa de droga como su “mano derecha”. Para Pullaro, esa secuencia es una demostración de que lo que Sain dice en el audio se llevó a la práctica. Mirabella se defendió el viernes en El Tres en un reportaje que le hizo el periodista Sergio Roullier, criticó a Pullaro y dijo que jamás dio una orden de ese tipo. Si es así, Sain le mentía a su interlocutora sobre el origen del “mandato político” de armar la operación judicial en contra de Pullaro (¿otro "chiste" como el de la señora que paseaba el perro durante la cuarentena?). Ese es un terreno delicado que transita el diputado que quiere ser precandidato a gobernador: tiene que defenderse, pero Sain también. Así como Pullaro apura acciones en la Justicia provincial, Mirabella hace un tiempo jugó su carta para llevar la investigación a la Justicia federal. En primera instancia el cambio de competencia fue rechazado. Apelación mediante, llegó a la Cámara de Apelaciones de Rosario. El juez Aníbal Pineda (que también es evaluador en el concurso de autoridades superiores del MPA) se excusó y su flamante colega Silvina Andalaf Casiello (asumió el 26 de septiembre) aceptó esa decisión. Ahora el expediente le tocó a José Guillermo Toledo. Si bien no parece que la apuesta tenga sustento jurídico como para prosperar, sería un desconcierto que después de un año de investigación, con la conmoción que se generó en el ámbito político, empresario y periodístico ante el extenso listado de presuntos perfilados, el caso se lo termine llevando la Justicia federal sin que antes la fiscalía de Santa Fe delimite responsabilidades y acuse como resultado de las pruebas recogidas.
Javkin dijo eso molesto porque la noche anterior, en otro capítulo del taller a cielo abierto “pintemos la ciudad”, manos anónimas con mucho tiempo a disposición, desplegaron su talento pictórico a lo largo de toda la Rambla Catalunya con los colores de Rosario Central.Diálogo encausado
El tema requiere una salida legitimada por la oposición, de lo contrario el proceso va camino a la nada, con serias consecuencias institucionales, en especial para el MPA.
Espionaje y más
Se acercan momentos importantes para la investigación sobre presuntos perfilamientos ilegales, acopio de información y persecución política desde el Ministerio de Seguridad en los tiempos de Marcelo Sain.
