Hay un laberinto del que no puede escapar el gobierno provincial si se trata de seguridad. Cuando la noticia no es la calle por los records de homicidios, pasa a ser el palacio por los enfrentamientos internos, la inestabilidad de permanencia en los cargos de funcionarios y jefes policiales y las sospechas de irregularidades en licitaciones o presunta inteligencia ilegal.
En pleno feriado se conoció la renuncia de Edgardo Glavinich, un funcionario de tercera línea del Ministerio de Seguridad. Había asumido en agosto pasado y respondía al ministro Rubén Rimoldi, al tiempo que absorbía la fricción diaria con el otro grupo fuerte dentro del ministerio, el de “los administrativos” que comanda Ana Morel, la secretaria más famosa que también desveló a los ex ministros Sain y Lagna, y que tiene el respaldo directo del gobernador.
El alejamiento del subsecretario gira en torno a los criterios técnicos en una compra de 5.500 chalecos antibala, la supuesta ventilación de internas fuera de las paredes del ministerio y las quejas porque la parte administrativa frena las necesidades de la gestión, entre otros motivos.
De todos modos, en un gobierno donde la regla es el cambio permanente de ministros y jefes policiales, las razones particulares son anecdóticas en relación a una forma de conducción política que, sin ser buena o mala de antemano, demostró ser ineficaz para atender las necesidades de la calle. Es como el planteo táctico de los técnicos de fútbol: puede tener lógica pero de poco sirve si no hay resultados.
Competencia
Las dificultades actuales conviven con el pasado reciente que no se va, como es la reciente imputación al ex ministro Sain y su equipo por infracción a la ley de inteligencia, entre otros delitos. El juez Patrizi de Santa Fe tiene que resolver la cuestión de competencia que plantearon las defensas en relación a ese delito. El pedido concreto es que la investigación pase a la Justicia federal por tratarse de una ley nacional. Por el contrario, la fiscalía y las defensas argumentan que al no haber intereses federales afectados la competencia es local. Un debate similar se dio ya en el marco de la megacausa de Los Monos, en el que las defensas objetaron que los fiscales provinciales investigasen el delito de lavado de activos. Jueces provinciales y federales dieron luz verde, más aún cuando está subordinado a la figura penal de una asociación ilícita y es parte del entramado de una serie de delitos, como en este caso. Es cierto que para todo hay dos bibliotecas, pero en este caso el juez Patrizi tendría que encontrar líneas argumentativas muy novedosas para sacarles la investigación a los fiscales santafesinos.
La candidatura y la lucha
La primera consecuencia de la condena contra Cristina Fernández fue su anuncio de que no será candidata a nada en 2023. Ambos hechos se encadenaron en un terremoto que tendrá más réplicas, muchas más.
El anuncio encontró al peronismo mal perfilado, porque estaba construyendo escenarios a partir del operativo clamor que la propia CFK dejó correr en los actos de la UOM y La Plata.
Con la condena como hecho concretado, Cristina clausura ese escenario y activa otro en el que ya no es candidata a nada. Lo único que queda en pie (porque no lo contradijo) es aquello de que en 2023 hará “todo lo que sea necesario hacer”. Es decir renuncia a la candidatura, no a la lucha.
La decisión no la tomó en el aire ni por calentura, sino sobre la base de jugadas alternativas que comenzó a construir hace más de un año, en plena pelea con el presidente. En medio de la ajenidad que siente por el gobierno, definió el repliegue táctico sobre provincia de Buenos Aires, plan que implicaba acumular la mayor cantidad de poder posible, tanto dentro del peronismo como hacia afuera, afianzar la estructura territorial y tomar el control del PJ bonaerense con Máximo Kirchner en alianza con los principales intendentes del conurbano.
Gracias a esa jugada anticipada, aun cuando la condena en primera instancia la debilita, Cristina tiene más poder que cualquier otra parte del peronismo. No hay posibilidades de construir una fórmula competitiva en 2023 que no tenga su marca.
Las opciones para el peronismo no son muy atractivas. Enfrenta la posibilidad concreta de perder las elecciones del año próximo, y a la vez tiene la necesidad de salvar el mayor poder posible en el Congreso. Lo ocurrido entre 2015 y 2018 cuando Macri era presidente demuestra lo vulnerable que son los gobernadores peronistas sin un bloque de poder numeroso y unificado en el Congreso que les permita negociar con el gobierno central. Cuando eso no existe los gobernadores no tienen otra salida que negociar en condiciones de inferioridad el puñado de votos propios a cambio de alguna obra pública o un recurso extra. A cambio hay que tirar las convicciones por la ventana: votar ministros de la Corte nombrados por decreto, dejar pasar decretos que anulan leyes, silencios cómplices, firmar pactos fiscales, entre otros. Es decir un problema es perder el gobierno, y como consecuencia pensar una estrategia que impida que el peronismo termine en una diáspora, atomizado en partes que juegan al sálvese quien pueda.
Desde el anuncio de la vicepresidenta, todas las miradas interpelan a Sergio Massa, el otro fundador del Frente de Todos. Pero Massa está bailando con la más fea y saldrá de Economía, en el mejor de los casos, con resultados muy modestos.
De todo esto hablarán los gobernadores peronistas mañana en la sede del Consejo Federal de Inversiones, que se ha vuelto el ámbito donde los mandatarios provinciales discuten sus intereses. Y sus ambiciones, aunque los pocos que mostraron intenciones de jugar a nivel nacional ya metieron violín en bolsa. Privilegian conservar lo que tienen antes que una aventura en un contexto muy adverso para el peronismo.
El corrimiento de Cristina podría tener repercusiones también en la oposición. Hay quienes especulan que el peronismo se correrá al centro y que ese escenario quitará potencia a los sectores más duros de Juntos por el Cambio y de la derecha extrema que el último año ganaron terreno.
En realidad se trata de especulaciones que responden a un escenario muy prematuro. Cristina sigue en el centro de la escena y hasta aquí no se conocen las razones por las que decidió no ser candidata. ¿Todo se reduce a que sabe que no puede ganar y entonces se posiciona en otro rol? ¿O cree que el corrimiento es lo que se necesita para empezar a destrabar el enfrentamiento que cada día paraliza más la vida política del país en todos los ámbitos? No hubo ninguna renuncia a pesar de que transcurrieron 7 días desde que se conocieron los chats entre magistrados federales, el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, ex miembros de servicios de inteligencia y directivos del Grupo Clarin, en los que buscan encubrir, ante una revelación periodística, un viaje de placer que hicieron (y parece que hacen de forma repetida) a la estancia de Joe Lewis en lago Escondido, con todos los gastos pagos. El caso motivó una investigación por recepción dádivas por parte de jueces y fiscal en una fiscalía de Bariloche que los involucrados decían ya tener apalabrada para que la archive a corto plazo. Ahora no debería ser tan fácil. Los jueces Ercolini, Mahiques, Yadarola, Cayssials y el jefe de los fiscales porteños Mahiques hijo siguen en sus cargos, ni se molestaron siquiera en dar una comunicación pública. Uno de ellos denunció en la Justicia espionaje por la filtración del chat, pero explicaciones nada. Tampoco renunció Marcelo D’Alessandro, ni Horacio Rodríguez Larreta le pidió que dejara el cargo, no tanto por el viaje sino por las cosas que dice y promete en el chat. Hace mucho ruido el silencio de Juntos por el Cambio (incluidos los santafesinos), no solo por D’Alessandro, sino porque esos jueces son conocidos por ser cercanos al macrismo, cuestión que esas conversaciones vienen a corroborar. De hecho intervinieron en casos que favorecieron a dirigentes de JxC y privados que son parte del escándalo, como describió Cristina tras el fallo que la condenó. La gravedad del caso es que pone a un sector muy relevante de JxC en la misma línea o peor de lo que le cuestiona hace años al kirchnerismo. En ese sentido, es de destacar que el juez de la Corte de Rosario Daniel Erbetta haya sido el primero del país en cuestionar públicamente la conducta de sus pares que viajaron al sur, a los que en algún caso conoce personalmente. Es además un hecho de valentía en medio del silencio sepulcral de Juntos por el Cambio y de la Corte Suprema nacional, en especial de su presidente, el santafesino Horacio Rosatti, que por lo que se conoce no ordenó siquiera un sumario administrativo. A diferencia de la Corte nacional, la Junta Federal de Cortes Supremas de todo el país (JuFeJus) tomó posición en relación a “los hechos de público conocimiento” de forma clara y sin ambigüedades, reafirmando que “los principios éticos que deben guiar a la magistratura y la función judicial, particularmente aquellos tendientes a evitar conductas que pongan en crisis la confianza que la sociedad”. Recuerda que los magistrados “en todo momento deben mantener una conducta irreprochable porque el Poder Judicial es, y debe seguir siendo, el último refugio de los derechos, la libertad y los valores republicanos. No se puede ejercer la función judicial de tal manera que ponga en crisis el fundamento mismo del Poder Judicial”, dicen las cortes supremas de las provincias en comunicado unánime. A ese nivel es el escándalo. Sin embargo todos siguen en su cargos, los fiscales acusando, los jueces condenando y el ministro de Seguridad porteño acondicionando la celda que le tiene “preparada” al jefe policial al que jamás le perdonarán que se le haya filtrado información del viaje.Intocables y protegidos
También es chocante que tratándose de hechos a prima facie antiéticos y hasta ilegales los críticos del kirchnerismo más razonables aceptan como toda respuesta que el chat “es un montaje” y que fue “obtenido ilegalmente”. Todo lo que los involucrados hablan en ese chat ya se comprobó que ocurrió (el vuelo, el destino, la estadía, los pasajeros, la operación para arreglar papeles, el intento de usar periodistas como coartada), lo que permite separar las cosas e investigar como delito separado el hackeo del celular de D’Alessandro, de donde salió la primera información. Uno no hace olvidar el otro.
