Si bien en el gobierno provincial celebraron los resultados de la reunión que el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin tuvieron con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aún persiste cierta desconfianza. “Habrá que ver si ahora cumplen”, comentaban este martes funcionarios cercanos al mandatario santafesino sobre los tres compromisos principales de la Casa Rosada: el envío de más tropas federales, la designación de un comandante único que las coordine en el territorio y sea interlocutor del Ministerio de Seguridad provincial, y el envío al Congreso de un proyecto exclusivo para mejorar la estructura de la Justicia federal en Santa Fe. 

Lo cierto es que el discurso del 1º de Mayo en la Legislatura, donde plantó un fuerte reclamo para que la Nación no se desentienda de la problemática de la violencia en Rosario, y la reunión del lunes a la noche volvieron a conectar al gobernador con una agenda que coincide con las preocupaciones de la ciudadanía y que en los últimos tiempo parecía haber dejado a un costado. 

El cambio de actitud es una buena noticia, más allá del tiempo perdido y de que la idea de que no tiene un plan de seguridad propio y concreto pueda persistir. Fuentes cercanas al mandatario y provincial y a Javkin aseguran que el gobernador fue muy firme en el reclamo ante los dos Fernández. “La reunión fue dura, fuerte”, sostienen. 

La tensión se alimentó del cruce tuitero entre Javkin y Aníbal Fernández de la semana pasada, a partir del reclamo para que Nación cumpliera el compromiso de reforzar la presencia de fuerzas federales en Rosario. Justamente eso es lo que volvió a plantear Perotti y se convirtió en anuncio luego de la reunión, en la que se limaron asperezas.

De parte de la provincia había además un temor que el gobernador quería disipar con este cara a cara: la posibilidad de que su ex ministro de Seguridad y ahora asesor de la cartera nacional Marcelo Sain, que hoy suele disparar con munición gruesa contra la gestión de la que fue parte, operara en contra de una respuesta positiva al reclamo santafesino. “Era una sospecha, solo eso”, buscó minimizar una fuente de la administración Perotti. 

Receta conocida pero no tanto

Los acuerdos no generan, de por sí, expectativas importantes. Es que el anuncio de la llegada de fuerzas federales es casi un clásico, una situación que se repite, y no ha dado hasta aquí resultados que se noten demasiado: en general patrullan lejos de las zonas conflictivas, donde la pacificación parece una quimera. El número de efectivos que arribará en una primera etapa tampoco es significativo: 300 de los mil prometidos.

Sin embargo, los funcionarios locales creen que ahora hay diferencias clave, que pueden marcar un salto de calidad en el trabajo de los uniformados de fuerzas nacionales: el hecho de que tengan un comandante único –que se prometió será designado antes del viernes– y que se instalen en un destacamento fijo en la zona noroeste de Rosario, en un predio cedido por la Municipalidad que los espera desde marzo, según lo que se había convenido hace cinco meses.

“El comando unificado es muy importante; hoy no tenemos una coordinación real. Pero además estos gendarmes se van a quedar viviendo en Rosario; no van a estar de paso o se van a ir los fines de semana”, sostuvo una fuerte cercana a Javkin.

El ministro no empoderado

 

La idea de la provincia, explicaron fuentes del gobierno, es que los nuevos gendarmes trabajen en los barrios, que vayan “otra vez” a los lugares donde la violencia es el idioma dominante y no que se queden en bulevar Oroño. Que el nuevo comandante coordine con el Ministerio de Seguridad de la provincia. También la Municipalidad pretende participar de la diagramación de los operativos, es un rol que Javkin dice estar dispuesto a asumir.

Una pregunta que queda en el aire es si, para eso, Perotti no debería empoderar a su propio ministro de Seguridad. Jorge Lagna quedó afuera de la reunión en la Casa Rosada, luego de una semana compleja por la cantidad y la gravedad de los hechos registrados y en la que fue objeto de embates internos por parte de dirigentes de peso en el perottismo como el diputado nacional Roberto Mirabella.

Si la intención es mostrar convicción y firmeza, hay aquí una señal confusa, algo que además tampoco ayuda a fortalecer al ministro como superior político de la Policía provincial. La corrupción en la fuerza policial, la relación entre integrantes de esta y otras instituciones del Estado con las organizaciones delictivas, es parte fundamental del problema.

La pata judicial

 

El otro compromiso que trajeron Perotti y Javkin –que se quedó hasta este martes al mediodía en Buenos Aires para una reunión con el presidente de la Corte Suprema de la Nación, el santafesino Horacio Rosatti– es que el Ejecutivo nacional enviará al Congreso un proyecto exclusivo para robustecer con nuevos juzgados y fiscalías la estructura y capacidad operativa de la Justicia federal en la provincia.

No es una cuestión menor, pues es en este ámbito que se deben investigar y juzgar delitos como narcotráfico y lavado de activos, actividades fundamentales para las bandas criminales que operan en Rosario y la región.

La creación de nuevos juzgados federales en la provincia estaba incluida en un proyecto de reforma integral del Poder Judicial presentado por el gobierno nacional, pero que está trabado desde hace meses por la resistencia de la oposición.

Separar el tema de la Justicia federal en Santa Fe del resto de la reforma permitiría sacar la cuestión de la lógica de la grieta y plantear, al fin, que el problema de la violencia que atraviesa a Rosario excede lo local y debe ser tomado como un asunto de Estado, más allá de quién hoy sea gobierno y quién oposición.