Al menos en Argentina, el segundo semestre recién arranca el lunes, una vez que haya terminado el Mundial. Quien dice lunes puede decir martes o miércoles, si es que la selección conquista la cuarta estrella de la mano del rosarino más famoso, título que el capitán Lionel Messi le arrebató hace tiempo al comandante Ernesto Che Guevara.
Jugar una final de la Copa del Mundo es un plan “tope de gama” para un segundo semestre en el que todo lo que venga después tendrá indefectiblemente el sabor ruin de un final de fiesta, después de habernos abrazado sin importar con quién, movilizados por ese dulce sentimiento de Nación que se expresa en la epidermis, los lagrimales y la garganta.
Giovani Lo Celso —otro rosarino— extendiendo la tela de Malvinas en el campo de batalla deportivo, con Inglaterra rendida ante el fútbol, la guapeza y el talento de los jugadores argentinos, generó un tremendo revuelo afuera y concitó un consenso abrigador en el país.
Un “trapo” considerado “clandestino” por el aparato de seguridad de la FIFA, Estados Unidos y el gobierno argentino, que les hace un seguidismo ciego, armó un fenomenal lío. No el Lio que está en boca de todos y usa la 10 en la camiseta, sino lío con tilde. El lío que el papa Francisco —otro argentino— les aconsejaba a los jóvenes que hicieran.
Una frase escrita con aerosol, en la que lo literal y lo implícito, inescindibles como Soledad y Gran Malvina, multiplican sus sentidos. “Las Malvinas son argentinas”, en ese momento, en ese lugar, a la vista de un espectáculo sublime de alcance global y al cabo de una faena deportiva épica, funciona a la vez como desafío y proclama: un “acá nadie se rinde”, ni en el fútbol ni en el reclamo de soberanía. Da lo mismo si se va perdiendo a los 85 minutos o si los ocupantes no aceptan negociar la soberanía. La regla es pelearla hasta el final.
Hay otro dato relevante. Que los jugadores que plantaron ese desafío en un momento histórico de sus carreras hayan nacido después del conflicto de Malvinas demuestra que el traspaso generacional fue exitoso tanto en el fútbol —de la Selección del 86 a las de 2022 y 2026, de Maradona a Messi— como en la causa Malvinas.
La Selección de Messi acaba de reescribir su propia proeza, como en el 86 lo hizo Diego Maradona. Por suerte, el fútbol tiene un poder simbólico fenomenal, que hace que una bandera desplegada en el lugar y el momento adecuados sea tan potente como decenas de asambleas de la ONU a la hora de instalar la causa Malvinas. Sin embargo, el fútbol no deja de ser un juego. Hay cosas que no puede hacer. Los ingleses no devolvieron las islas en aquel momento y mucho menos las devolverán ahora.
No puede afirmarse que exista una vinculación directa entre un hecho y otro, pero, horas después de la bandera de Malvinas en Atlanta, el oficialismo en el Senado de la Nación tuvo que dar marcha atrás con su intención de votar la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”. Se trata de una iniciativa que reforma varias leyes a la vez, por lo menos cinco: la Ley de Manejo del Fuego, la Ley de Expropiaciones, el Código Civil y Comercial y la Ley de Tierras Rurales, entre otras.
Sobre ésta última, el proyecto del Gobierno deroga varias de sus partes y relaja el objetivo protectorio de la norma, que imponía límites al dominio extranjero sobre la propiedad o posesión de tierras rurales. Elimina el tope de 1.000 hectáreas para extranjeros en zonas núcleo y permite la extranjerización sin distinguir la ubicación de los terrenos, salvo que se considere que existe un riesgo para la defensa o la seguridad nacional. Acaba con la perspectiva soberana y protectora de los bienes ambientales, excepto que cuenten con alguna protección especial adicional.
Por esta ley y sus alcances, la vicepresidenta se trenzó en una áspera discusión con la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich. Victoria Villarruel le enrostró que el Gobierno pretende regalarles el país a los extranjeros y Bullrich le respondió que, si no está de acuerdo con las transformaciones oficiales, debería renunciar.
Lo concreto es que, después de batallar para sesionar sí o sí esta semana y del cruce con Villarruel, Bullrich tuvo que negociar un cuarto intermedio para retomar el debate dentro de 15 días. Evidentemente, los votos que la Casa Rosada creía tener no estaban a último momento. ¿Será que el trapo que extendió Lo Celso convenció a parte de los senadores de que había que esperar la evolución de este reverdecer de argentinidad que trajo la selección?
El segundo semestre viene con reformas electorales muy trascendentes, tanto a nivel nacional como en Santa Fe, y será el período decisivo para encaminar las candidaturas de 2027. Si 2027 es el año del “Mundial de la política”, por la cantidad de elecciones y la trascendencia de los cargos que se disputan, en este segundo semestre se juega la fase de clasificación.
El Gobierno nacional busca una reforma electoral a la medida de la reelección de Javier Milei. La primera carta que juega es la eliminación de las PASO. No lo va a conseguir, aunque sí es posible que, como en 2025, se suspendan o dejen de ser obligatorias.
Si la eliminación de las PASO tiene como propósito no declarado complicarle la carrera electoral a la oposición —y, de paso, a partidos dialoguistas como la UCR o el PRO, mejor si están debilitados y divididos—, la posibilidad de habilitar listas colectoras sería la herramienta para que el Gobierno capitalice la fragmentación y las desavenencias que dejaría la ausencia de primarias. Hoy por hoy, solo La Libertad Avanza puede prescindir de alguna instancia de internas, porque en su caso no hay competencia: las candidaturas se ordenan según el criterio de la Secretaría General de la Presidencia.
A la hora de votar, los radicales, el PRO y las fuerzas provinciales inclinarán la balanza. Si bien comparten con el oficialismo al peronismo como adversario, deben cuidarse de que la reforma electoral no termine siendo un tiro en el pie. Esas fuerzas políticas tienen la misma necesidad que el peronismo de disponer de herramientas electorales que permitan amortiguar las internas y evitar rupturas.
La reforma electoral debería estar votada, como máximo, en diciembre. Ese es el umbral de tiempo que necesitan las provincias para trazar sus propios cronogramas electorales.
Como Santa Fe se encamina a adelantar todo lo posible las elecciones provinciales de 2027, el debate en la Legislatura por la reforma política y electoral es inminente. De modo que en agosto, o como máximo en septiembre, estarán definidas las nuevas reglas de juego. En diciembre, o durante la primera quincena de enero a más tardar, el gobernador deberá oficializar el cronograma electoral; y entre febrero y marzo se inscribirán las listas.
Hablando del segundo semestre, la Casa Gris tendió la mesa para definir la política salarial hasta fin de año. Las remuneraciones del personal representan el 40% del gasto corriente del Estado provincial. El porcentaje asciende al 45% si se incluyen los subsidios destinados a los salarios del personal docente del sector privado, y al 62,5% si se suma el pago de jubilaciones y pensiones.
Según fuentes del Ministerio de Economía, hasta mediados de 2025 la regla era que, de cada 100 pesos que aumentaban los recursos que ingresaban a la caja de la provincia, el 50% iba a salarios y el otro 50% a otras políticas, como seguridad, salud, educación y obra pública. Esa ecuación ya no puede sostenerse, porque los ingresos del Estado se amesetaron. De cada 100 pesos, ahora el 75% va a salarios y el 25% al resto.
Este es el contexto que los negociadores del gobierno provincial explicaron durante la apertura de la mesa paritaria con los gremios. Transmitieron que, para no detener la obra pública, se recurrió al endeudamiento, un proceso que en estas columnas se relató detenidamente en varias oportunidades.
“La decisión fue buscar y usar financiamiento porque, en un escenario nacional que no arranca ni en la economía ni en el empleo, no nos parece justo decirles a los trabajadores que no podemos mantener su poder adquisitivo, ni decirle a la sociedad que no podemos hacer más obras. El endeudamiento nos permite atender ambos frentes”, detalló un ministro del gabinete.
La paritaria promete un escenario similar al que se registra desde que Unidos asumió: un nivel de diálogo aceptable entre el Gobierno, ATE y UPCN, y aumentos por decreto para los sectores docentes.
El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, reclamó “una propuesta que contemple la recuperación del poder adquisitivo perdido durante el primer semestre del año —estimado entre el 5% y el 7%—, la incorporación de una cláusula de actualización automática de los salarios y el inicio de un proceso de recuperación del 35% de salario perdido desde diciembre de 2023”.
El gremio puso la vara alta desde el comienzo en relación con el criterio de actualización por inflación que maneja el Gobierno. Con una brecha tan amplia, el resultado parece cantado de antemano y muy similar al de anteriores procesos paritarios: el Gobierno cerrando acuerdos con la mayoría de los gremios y disponiendo los aumentos por decreto para los sindicatos docentes. Uno consigue su objetivo al cerrar la paritaria; los otros se quedan con el discurso.
