El juego democrático hizo lo suyo. El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura una reforma de leyes vinculadas a la seguridad. Hubo debate, discusiones, negociaciones. Finalmente llegó el acuerdo. Se aprobó el mejor texto posible con el apoyo de más de dos tercios de la Cámara de Diputados (37 afirmativos) y el voto negativo de una parte de la oposición (11).
Ese final con números generosos que el gobierno de Maximiliano Pullaro festeja nada dice sobre las tensiones inéditas que sacudieron a Unidos, que por primera mostró incapacidad para administrar las diferencias entre radicales, socialistas y el PRO.
Nunca antes el interbloque oficialista había tenido que postergar el tratamiento parlamentario de una ley que hacía un mes tenía fecha fijada. Las cosas se complicaron más cuando las diferencias se llevaron a la esfera mediática. No tanto por la explicitación pública de esas diferencias, que no es difícil identificarlas en una coalición que integra una docena de partidos y que hizo de la diversidad su fortaleza, sino porque en el registro mediático la argumentación política y jurídica fue reemplazada por eslóganes, frases hechas, chicanas y pases de factura, algo que hasta ahora radicales y socialistas se habían ocupado de que no ocurriera. No en público por lo menos.
En Casa Gris reinaba la idea de que el socialismo no quería las reformas y que si no aceleraban a fondo la ley no saldría nunca. Es decir, el problema no estaba en la oposición o en la imposibilidad que conseguir mayorías especiales, sino dentro del propio oficialismo, que tiene mayoría propia en la cámara.
La convocatoria a representantes de la Corte (que se presentó con la totalidad de sus miembros), colegios de magistrados, abogados, el MPA, la Defensoría Penal, entre otros, fue visto desde el Ejecutivo como una movida orientada a empiojar el tratamiento de la ley.
Durante la visita de los ministros de Gobierno y de Justicia y Seguridad a la Legislatura se planteó el imperativo de aprobar el mensaje del Ejecutivo en todo su contenido, esgrimiendo condiciones de mayoría en la Cámara y porque eran instrumentos para un tema central de la gestión y por lo tanto importante para a competitividad electoral de Unidos. Lejos de bajar la espuma, los ánimos en el interbloque de Unidos se exacerbaron.
Eso explica que en la última semana, tras caerse el tratamiento previsto para el jueves 29, el Ejecutivo cambió sus voceros. Y con ellos la estrategia de presión sobre el socialismo. Pausó a Martín Rosúa, presidente de la comisión de Seguridad, y a José Corral, que además de ser los negociadores legislativos eran los encargados de explicar y defender los nuevos instrumentos que pedía Pullaro. También silenció a los alfiles radicales del Ejecutivo y activó a los PRO Cristian Cunha y Federico Angelini para que le mordieran los talones a los socialistas. “A pegar por debajo del cinturón”, protestó la diputada Lionella Catalini, una de las que trabajó intensamente del lado socialista para afinar la letra de la ley que finalmente se aprobó.
Las críticas radicales apuntan a Joaquín Blanco, presidente de la bancada socialista, a quien responsabilizaban de dilatar tiempos. “Ellos (por el socialismo) se quejaron de la andanada de críticas del gobierno, Pero eso fue ahora. Bastante antes Rosúa y Corral les llevaron propuestas con varias reformas al texto del Ejecutivo, porque todos sabíamos que había que redactar mejor lo referido a inteligencia, sacar el interrogatorio policial sin abogado defensor y lo de las zonas especiales de investigación, pero nunca se podían cerrar los acuerdos”, devuelve el reproche un dirigente radical para quien aquella propuesta era más benévola que la letra que finalmente salió.
El proyecto original lo diseñó el ministro Cococcioni pero lo avaló con entusiasmo el gobernador. De ahí que el radicalismo vivió la demora en su aprobación y la sumatoria de voces que erosionaban el proyecto como un desafío a la autoridad misma del gobernador y reaccionó con dureza.
“Cuando (los socialistas) buscan diferenciarse eligen el tema incorrecto, y ahí se metieron en un brete”, dice una voz radical que no se sintió cómodo con el rumbo que tomó el asunto y toma distancia de “las chicanas” que usaron Angelini y Cunha. Somos parte de la misma coalición, había que dar la discusión con argumentos, no con chicanas como la de las camperas de los Juegos Sudamericanos, o decir que no se podían hacer allanamientos porque no estaban las leyes.
Más allá de ser parte del gobierno e identificarse con sus políticas, la función legislativa del socialismo tiene como premisas preservar su identidad política e ideológica y ser el contrapeso de la UCR, el que morigera y traza límites, dentro de la coalición.
Este juego de equilibrios entre radicales y socialistas se vio en cada reforma estructural que encaró Pullaro. Así se aprobó el paquete de leyes de seguridad de 2024, la ley de emergencia previsional, la declaración de necesidad y la reforma constitucional, la renovación de la Corte, la ley orgánica de municipalidades y un Código Electoral con trescientos artículos. Y en todas esas oportunidades Unidos administró con éxito las disidencias internas, la asignación de roles, miradas ideológicas y necesidad de protagonismo de sus partes.
Esta vez la situación desbordó los dispositivos de contención. Y lo curioso es que ocurrió en el tratamiento de una ley relevante en términos simbólicos para el Ejecutivo, pero de un volumen político y complejidad infinitamente menor comparada con cualquiera de las mencionadas antes.
Ni vencedores ni vencidos
Si la película tuvo giros novedosos a lo largo de la trama, el final fue celebratorio. El Ejecutivo festeja que de los once instrumentos que pidió diez fueron aprobados. “No me importa cómo entra la pelota al arco, me importa que entró y estoy más cerca de tener todos esos instrumentos para mejorar la seguridad” fue la metáfora futbolera que eligió el ministro Cococcioni.
El socialismo también celebró, aunque algunos artículos hubiera preferido que quedaran en el camino. Celebró que la ley tuvo cambios y morigeraciones en casi toda su extensión para “hacerla más operativa” en el sentido de evitar nulidades y rechazos judiciales y alienarla con la Constitución del 25. El bloque también dio a entender que los cambios facilitaron el acompañamiento de Somos Vida, monobloques y parte del interbloque justicialista. “Cuando se es mayoría es cuando más consenso hay que buscar”, fue el mensaje del diputado Galassi, cuyos esfuerzos por componer fueron destacados tanto en su bloque como del lado radical.
Si bien cada uno muestra su mitad del vaso, algunas marcas quedaron. El socialismo reafirmó que los términos de la alianza no son de subordinación ni que la Legislatura es “la escribanía del Ejecutivo”, al decir de la oposición. A su vez el radicalismo hizo una demostración de carácter, mostró los dientes y “capacidad de daño”.
Lo que sigue es la restañación de los daños que Unidos se autoinfligió. El gobernador puso manos a la obra horas después de la media sanción a la ley. Comunicó la conformidad con el acuerdo alcanzado y agradeció personalmente a unos y otros el trabajo realizado. En las próximas semanas se verá a los referentes partidarios de los distintos partidos de Unidos participar a su lado de la inauguración de obras trascendentes como la avenida Jorge Newbery o la apertura de bulevar Segui, entre otras.
El interrogante existencial
Es imposible cerrar el análisis de lo ocurrido sin ubicar el contexto electoral que se avecina. A tres meses de la definición de alianzas electorales, el futuro de Unidos tal como se lo conoce hasta ahora depende de las conversaciones que Pullaro mantiene con La Libertad Avanza.
La voluntad de Pullaro de mantener el actual esquema societario entre la UCR, el PS y el PRO es evidente. Pero el gobernador también atiende un juego más amplio, en el que tiene que mirar lo que pasará a nivel nacional, la necesidad de tener piezas propias en el Congreso, qué hará la UCR, su convicción de que el peor escenario para él y para Santa Fe es que el peronismo vuelva a la Casa Rosada y, en lo inmediato, que Unidos retenga el gobierno provincial, Rosario y otras ciudades relevantes.
En ese tablero, entonces, el papel del mileísmo en el proceso electoral santafesino que se dará durante el primer semestre de 2027 tiene una enorme centralidad en los movimientos del gobernador como jefe político de una coalición que tiene que reelegir y seguir acumulando poder. El punto con los libertarios en Santa Fe es cómo evitar que como tercera fuerza succione parte del caudal electoral de Unidos y lo complique en la provincia y en Rosario.
Hay actores de Unidos que no creen que haya necesidad de hacer acuerdos con el mileísmo. El socialismo y el javkinismo entre ellos. Se apoyan en encuestas que muestran la devaluación de la marca libertaria y la ausencia de candidatos potentes, y por el otro lado sostienen que en términos objetivos la imagen de la gestión municipal está en mejores condiciones que en 2023 cuando Pablo Javkin consiguió la reelección de forma ajustada en el mano a mano contra Juan Monteverde.
¿La Libertad Avanza tendrá en Santa Fe candidaturas de baja intensidad o directamente no tendrá? Esta última posibilidad enciende las alarmas en el socialismo, que rechaza cualquier asociación con los libertarios. Hoy por hoy el apoderado de LLA, Marcos Peyrano, se mueve en redes sociales como si fuera a competir por la gobernación, aunque todos saben que serlo o no depende de la decisión de Karina Milei.
Pullaro, al igual que los demás gobernadores no peronistas, pretende que los libertarios no le compliquen los planes en su territorio. Del otro lado del mostrador, el gobierno nacional quiere que Pullaro y los demás gobernadores coadyuven a la reelección de Milei y que lo ayuden en el Congreso a cambiar la ley electoral para fortalecer las chances de un segundo mandato. Pullaro fue de los primeros en tomar posición: ya dijo que está a favor de la suspensión de las PASO y durante la presencia de Karina Milei en Rosario repitió ante la prensa que es un “dirigente provincial”. Una afirmación que se puede interpretar como una expresión de su voluntad de no ser obstáculo en 2027 en el plano nacional.
El gobierno nacional quiere algo más de las provincias. Le interesa conseguir triunfos electorales que hasta ahora nunca se le dieron. No le importa cómo. Podría ser por medio de candidatos propios; en alianza con radicales o PRO, caso Chubut, Entre Ríos, Chaco, Mendoza, Córdoba; o desistiendo de presentar candidatos para allanarle el camino a los frentes no peronistas. En este último caso, se cae de maduro, ese candidato al que le allanan el camino ya no sería solo el candidato de la alianza provincial, sino también de la Casa Rosada.
El socialismo viene avisando que si uno de los posibles finales de la película es la Casa Rosada sumándose al festejo de la reelección de Pullaro la noche del 13 de junio de 2027 no lo cuenten. De ahí que algunas voces del partido de la rosa hablan de la necesidad de prepararse para un escenario con candidaturas para todas las categorías por las dudas.
El 7 de febrero, día límite para inscribir alianzas electorales, quedarán desentrañados estos cabildeos. Y si Unidos seguirá siendo la alianza que gobierna hoy o emigra a otra composición y nombre.
